La crisis política que nos acompaña desde hace varios años y que hemos visto agravada desde el primer día del gobierno del presidente Castillo nos está colocando en un escenario muy similar a un país sin salida. Por un lado, tenemos un gobierno sin rumbo, incapaz de articular acciones elementales de gobierno y que desde muy temprano enfrenta investigaciones por corrupción y que ha dilapidado el respaldo ciudadano con el que llegó al poder y por el otro una oposición congresal que desde el inicio definió una estrategia de liquidación del presidente Castillo y que forzó dos procesos de vacancia con los resultados que todos conocemos. En un muy corto tiempo el gobierno y la oposición si algo han demostrado es que no saben qué hacer con el país. 

Y como si esto no fuera suficiente el Ejecutivo ha lanzado la propuesta de la Asamblea Constituyente como el fin de todos los males. Más allá del debate y la controversia que anima una propuesta de esta naturaleza lo cierto es que no pasará el filtro del Congreso. Por lo tanto, ahora resulta indispensable mirar con serenidad la profundidad y gravedad de la crisis política para encontrar una salida constitucional que evite un descalabro institucional o salidas radicales que terminen destruyendo lo poco que avanzamos desde el proceso de transición democrática que instaló el presidente Valentín Paniagua. 

Si por un lado tenemos a un presidente que jamás estuvo a la altura histórica del cargo que le encargó la nación y que ahora solo da muestras de ser el disminuido delegado de alguien que nadie eligió y, por el otro, tenemos un congreso que, después de los procesos de vacancia, se quedó sin agenda política y sin rumbo la tarea democrática de encontrar esa alternativa es francamente compleja. Es allí que el lema callejero “que se vayan todos” solamente podría encontrar una figura constitucional en el adelanto de elecciones generales. 

Esta figura no es extraña a nuestra realidad política. De hecho, el año 2000, luego del triunfo electoral fraudulento de Alberto Fujimori, existió un acuerdo en el congreso de la república de ese entonces de materializar la propuesta de adelanto de elecciones y así fue. Posteriormente, el año 2018 Martín Vizcarra también lanzó esa propuesta en el seno del propio congreso, pero allí nadie aceptó y, tiempo después Vizcarra fue vacado del cargo. 

Ciertamente el adelanto de las elecciones generales es una figura excepcional, pero perfectamente legal y constitucional. Y, según las encuestas es una alternativa con amplio respaldo ciudadano. Para ello es el congreso el que tiene la palabra. De hecho, hace pocos días congresistas de Perú Libre presentaron un proyecto de ley con tal fin. Pero la aventura política duró pocos días porque el vocero de la bancada, Waldemar Cerrón, decidió retirar dicho proyecto. Ahora sabemos que la congresista Susel Paredes ha retomado ese mismo proyecto y está a la búsqueda del respaldo de otras bancadas. 

Pero si bien el camino de las formas legislativas es corto, la posibilidad de que el congreso apruebe una norma de esa naturaleza tiene más relación con las posibilidades de un acuerdo político entre el conjunto de actores políticos. Eso simplemente no existe. Si algo viene caracterizando la política peruana es la existencia de una abierta confrontación. Casi no existen puntos de confluencia sobre asuntos fundamentales de la nación. Si se han dado acuerdos estos han sido para destruir el avance de algunas reformas, pero eso nos dice que los grupos políticos están respondiendo a estrategias de clientelaje político que responden a intereses económicos que están instalados en el congreso y que muy difícilmente dejarán ese espacio para reconstruir la democracia.

La posibilidad de un acuerdo político supone dejar de lado o abandonar esa dinámica de actuación del congreso y de los congresistas, ya que en términos concretos significa que el presidente y el congreso recortan su mandato a solo dos años de gestión, luego de los cuales se deben desarrollar elecciones generales para elegir un nuevo presidente y nuevos congresistas. Todos tiene que renunciar a mucho, pero hasta ahora muy pocos han expresado que están dispuestos a esa renuncia. 

La propuesta de la asamblea constituyente, que para todo efecto debemos de considerar como un distractivo político, fruto de una situación de desesperación política del presidente Castillo y de Perú Libre y la posición de los congresistas de las principales bancadas parlamentarias que señala que solo debe irse el presidente, pero no ellos, nos demuestra que en este momento ese acuerdo político está muy distante. Con ello la permanencia y, posiblemente, el empeoramiento de la crisis política es lo único que tememos asegurado por un tiempo indefinido. 

¿Cuál es el rol de la sociedad civil en este contexto? Es un rol decisivo y determinante. Si miramos la experiencia de hace más de 20 años nos ratificamos en esa consideración. En aquel momento el conjunto de la sociedad civil fue parte de un esfuerzo nacional para salvar la democracia. Y así fue. Un problema adicional -tengo la impresión- es que ese esfuerzo nacional no existe en este momento. 
  
Ahora bien, aun cuando estos son los problemas para arribar a una alternativa como el adelanto de las elecciones, esa es la salida constitucional a la crisis, pero también es cierto que debemos estar plenamente conscientes que un nuevo proceso electoral general será una salida pasajera a nuestra crisis institucional.