Estadísticas del MIMPV, reportan que entre enero del 2016 y junio del 2018, ocurrieron 315 feminicidios y 668 tentativas de feminicidio. En el 91% de los casos, tenían como responsable a sus parejas o exparejas. Es decir, cerca de mil mujeres murieron o puestas al borde de la muerte y que hoy sobreviven con pesadillas, cicatrices o graves discapacidades.

Datos de RENIEC, indican que cada año, al menos 1500 niñas menores de 15 años son madres. La gran mayoría tienen embarazos no deseados y buena parte, corresponden a violaciones sexuales. Estas niñas tienen 4 veces más riesgo de morir, que sus pares adultas y sufren muchísimas complicaciones, que en muchos casos, las acompañaran de por vida. 

El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, registró para el año 2017 más de 25,000 denuncias por violaciones sexuales. Si se aplicara los estimados internacionales que señalan que solo el 5% de casos son denunciados, habrían al menos 500 mil casos de violación por año, cuyas víctimas son principalmente mujeres (90%), y más del 70% menores de edad.

Ninguna de estas cifras es casual, ni responden solo a la pobreza, ni mucho menos a la historia de cada una, sino de la diferenciación genérica  socialmente extendida y que ha normalizado que ser hombre no solo implica haber nacido con un pene, sino, con un conjunto de prácticas, comportamientos esperados, roles y atributos, que por lo general se presentan opuestos o complementarios .

En tal sentido, no se refiere solo a la relación entre los hombres y las mujeres, sino al sistema estructural que asegura que en todos los niveles e instituciones, las mujeres tengan menos derechos, lo cual no solo se expresa en la victimización, en la que es sometida, sino también en la impunidad, alta tolerancia institucional, en la demanda de exigencia y de sacrificios extremos que no es planteado a sus pares en las mismas circunstancias.

Sin embargo, siendo esto una situación por demás injusta, los derechos humanos de las mujeres no es lo único que está en riesgo. Para quienes les corresponde tomar decisiones en el marco de la política y justifican su inacción en la economía o en su propio prejuicio, están en la obligación de saber que invertir en la igualdad de género, no solo es rentable en perspectiva, sino, potenciará el gasto actual. Un estudio del IEP y CIES (2010), encontró que la pérdida económica en promedio, atribuida a la violencia doméstica en contra de la mujer, correspondía a dos sueldos mínimos vitales. Otro estudio del (2016), señaló que las empresas habrían perdido al menos al menos 6 mil millones de dólares al año, a causa de la violencia.

Así mismo, un reciente estudio en el Salvador (UNFPA), un país con menos ingresos que el Perú, señala que el impacto de la prevención en embarazo que fue estimado en base al retorno fiscal proyectado en 40 años de vida laboral de las mujeres, fue de $ 5,7 dólares por cada dólar invertido. Otros datos en el mismo estudio señalan por ejemplo que los hijos de madres adolescentes tienen 2,2 veces más de vivir en la cárcel que los hijos de madres que tuvieron cuando eran adultas. 

Es por ello que la lucha contra la desigualdad y el machismo, no es algo que solo compete a las mujeres, aunque las consecuencias redunden en nosotras, sino a todos/as aquellos que aspiramos un país distinto y con algo de justicia social.`