En Perú estamos viviendo una crisis de largo plazo que no va a concluir pronto. Lamentablemente, vamos a seguir viviendo una suerte de pantano político”.

Con esas palabras, el analista peruano Víctor Caballero sintetiza el terremoto político que sacudió a su país esta semana y que parece ser, más bien, una réplica de la aguda crisis institucional que atraviesa Perú desde hace años.

En momentos en que la desaprobación de la gestión del presidente peruano, Pedro Castillo, se situó en el 71 por ciento en agosto, cuatro puntos menos que en junio pasado, según la encuesta de la empresa CPI, al mandatario lo salpicaron una serie de nuevos escándalos que tocaron, incluso, a su círculo familiar más cercano.

Castillo sumó esta semana una sexta investigación que le abrió la Fiscalía por presunta corrupción, mientras que la detención de su cuñada Yenifer Paredes elevó a cinco el número de familiares que están bajo la lupa de las autoridades.

De ahí que los peruanos se cuestionen qué tanto podrá seguir aguantando Castillo en el cargo, no solo por las investigaciones de la justicia en su contra, sino por la puja que libra desde hace 12 meses contra un Congreso, donde la oposición tiene mayoría y que le pidió renunciar tras ser señalado por la justicia de dirigir presuntamente una organización criminal.

Frente a la crisis política que atraviesa el mandatario y las denuncias de presunta corrupción presentadas en su contra, el 67 por ciento de los peruanos –según la encuesta de la CPI– considera que el presidente no logrará terminar su mandato en 2026, contra el 24 por ciento que dice que sí lo logrará.

Hace poco más de un año, Castillo –un maestro rural al que nadie daba por ganador– asumió la presidencia, y arrastra consigo la crisis de inestabilidad en la que se sumió Perú a partir de 2018, cuando la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) –salpicado en el escándalo de Odebrecht– marcó un periodo de convulsión política.

Desde entonces, el país vio desfilar incluso a tres presidentes en menos de un mes por cuenta de la obstrucción parlamentaria que puede destituir a un mandatario por “incapacidad moral” y que ha sido respondida, por ejemplo, en 2020, con el cierre del Congreso.

“Aunque la inestabilidad política viene desde el periodo presidencial de PPK, la situación se complica porque Castillo no ha logrado estabilizar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo (que insiste en sacarlo del cargo) y porque su Partido busca maneras de imponer una agenda cuando no tiene suficientes votos. Y a esto se suman las investigaciones de la Fiscalía contra el presidente”, explica Caballero.

Si bien Castillo se salvó a finales de marzo de ser destituido por el Congreso (el segundo proceso de este tipo en su contra), al cierre de un juicio político que tenía como eje central los cuestionamientos sobre su deficiente gestión (en 12 meses ha nombrado 59 ministros), ahora se suman las seis investigaciones de la Fiscalía en su contra.

De hecho, a finales de la semana pasada, Castillo cambió a otros seis ministros, luego de que su primer ministro, Aníbal Torres, renunció sorpresivamente. El presidente no aceptó la dimisión y como un intento de volver a impulsar su gobierno rebarajó las carteras de Relaciones Exteriores, Economía, Vivienda y Construcción, Trabajo, Transportes y Cultura.

Pero a juicio del profesor de la Universidad del Pacífico, Andrés Calderón, la inestabilidad socava la confianza de los inversionistas y dificulta la gobernabilidad: “Es la pérdida de confianza de la inversión privada que está en tramos pesimistas hace varios meses. Eso afecta evidentemente el empleo, la reducción de la pobreza. Mientras tanto, el Gobierno está más ocupado en su supervivencia y eso conlleva a problemas en la gestión e inversión pública”

El Banco Central tuvo que aumentar este viernes las tasas de referencia a su nivel más alto de 2009 para tratar de enfriar la inflación, que ronda en cifras del 8,74 por ciento. Y aunque la cifra viene moderándose, en abril pasado el Gobierno tuvo que sortear una serie de manifestaciones que bloquearon algunas vías principales por culpa del alza en los precios del combustible.

No obstante, los cambios ministeriales, y a que el nuevo titular de la cartera de Economía trata de calmar a los inversionistas diciendo que hay que restituir la confianza, aún hay serios retos para que el Ejecutivo cumpla con sus promesas y con la ejecución de los presupuestos ministeriales.

“El Gobierno ha demostrado una incompetencia en la gestión pública. Además, ha terminado desconsolando al movimiento popular porque no ha cumplido con sus promesas. El presidente tiene 500 actas firmadas con movimientos sociales que no ha logrado sacar adelante por su incapacidad de gestión”, explica Caballero, quien enfatiza, por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda solo ha ejecutado el 30 por ciento de su presupuesto contemplado para todo 2022.

Por su parte, Claudia Navas, analista sénior de Control Risks, dice que “Castillo ha llegado a esta situación en gran parte debido a su inexperiencia en materia política y en gestión pública. También le ha faltado olfato para rodearse bien. Esto ha afectado al país en la falta de una clara dirección política, el deterioro de la calidad de vida y ha minado la confianza de los inversionistas”.

Y mientras tanto el cerco judicial sobre el presidente se estrechó aún más desde el pasado martes, cuando agentes allanaron de manera inédita el Palacio de Gobierno en busca de Paredes, a quien la Fiscalía acusa de formar una red de corrupción y lavado de activos. Sin embargo, ese día las autoridades no encontraron a la cuñada de Castillo, a quien él mismo crio como a una hija.

Al día siguiente, incluso, las autoridades acudieron hasta la casa del presidente en la región de Cajamarca para dar con el paradero de la mujer, pero tampoco tuvieron éxito. Horas después, ese mismo miércoles, la misma Paredes se entregó a las autoridades.

El presidente califica las investigaciones como un intento de desestabilizar su gobierno, y acusó a la Fiscalía de realizar un “show mediático” para hacer creer que su familia está en actos de corrupción. “Ya pasó más de un año y no hay pruebas, solo supuestos”, agregó.

Para el mandatario, todo forma parte de una “operación golpista”, orquestada presuntamente por grupos opositores que trataron de arrebatarle el poder.

En contraste, la Fiscalía, que es autónoma e impulsa la megainvestigación del caso Odebrecht que salpicó a otros cuatro presidentes peruanos, considera que hay suficientes indicios para investigar a Castillo.

En ese sentido, el analista Caballero coincide en que la Fiscalía ha actuado de manera autónoma, al mencionar que la principal opositora, Keiko Fujimori, también tiene una causa abierta con la justicia por lavado de activos. Así las cosas, Castillo ha gastado este último año su capital político en sortear las acusaciones judiciales y los intentos de destitución por parte del Congreso.

Un futuro incierto

Sobre qué va a pasar con el presidente y el país, en el plano legal, la justicia no puede llevar a Castillo a tribunales, por lo menos hasta que se mantenga en el cargo, pues tiene inmunidad.

“Del lado de la oposición diría que hay mucha torpeza, porque hay vocación de muchos sectores desde el día uno en tratar de terminar rápidamente el mandato de Castillo. Empezaron por no reconocer el resultado de las elecciones y hay una falta de liderazgo sensato. Se mezclan las voces que pueden verse como malos perdedores y perseguidores de manera irreflexiva”, afirma Caballero.

Eso, de hecho, es uno de los puntos que suele darle oxígeno al mandatario. Incluso, el primer ministro Torres convocó esta semana a movilizaciones para cerrar el Congreso y generar una suerte de lucha para lograr un respaldo popular del Gobierno. Algo por lo que también se pidió investigar al Ejecutivo por incitar a la insurrección.

Lo que sí está claro es que la actual crisis tiene todos los ingredientes para seguir agravándose. Por un lado, el Congreso seguirá en la puja por asfixiar a Castillo, mientras que el Ejecutivo, lejos de concentrarse en gobernar, se concentra en eludir las investigaciones.

“Eventualmente, la cuerda se va a romper y creo que todo apunta a que el desenlace terminará con algún debilitamiento institucional. La crisis de confianza viene cocinándose lentamente”, sentencia Calderón.

Publicado en El Tiempo