En un mundo real, la cartera de drogas es muy importante en la relación bilateral del Perú con EE. UU, pero no hemos sabido sacar provecho de ella. No ha determinado otras agendas temáticas fundamentales para nuestro país, como son la de comercio exterior, o la de seguridad. En el primer caso, se premia a medianos y grandes unidades de producción, antes que el pequeño productor. En el segundo caso, nos entregan material obsoleto. Una visión proactiva de la Cancillería peruana, debiera partir por una cuestión de realidad pura: el mercado norteamericano de usuarios de cocaína es de 6.5 millones de usuarios1 y ello determina el comportamiento ilegal en el resto de la cadena ilegal; los precios de la materia prima en chacra, la estructura de las organizaciones criminales internacionales o la logística para la exportación de la cocaína.

Perú debe definir su Política Exterior en materia de Control de Drogas, libre de toda condición, presión o influencia, y eso pasa necesariamente por el sector diplomático. Ha llegado tal grado de dependencia se presenta a nivel fiscal, judicial y por supuesto policial, es decir el conjunto del sistema criminal peruano.

En el campo castrense, las relaciones son menos dependientes en la forma, pero siempre denotando una evidente presión unidireccional. Es el caso de las autorizaciones para ingreso de personal militar norteamericano: se definen con periodicidad anual en la Comisión de Defensa del Congreso, no a conveniencia nuestra. Los mandatarios del Perú que llegaron con un discurso de izquierda democrática, ninguno respetó sus compromisos electorales con la población y eso se notó en el campo de la lucha contra las drogas, el desarrollo alternativo y la situación de la hoja de coca.

El argumento central que sustenta la obligación de los países desarrollados de cooperar es porque sus mercados de consumo de cocaína son los principales a nivel global. La cooperación económica, financiera y/o comercial debe ponerse a disposición de lo que el Perú determine. En ningún caso un cooperante. En ningún caso un cooperante puede poner condiciones de a quien le da la ayuda o bajo que mecanismo, precisamente porque es su obligación responder a la necesidad de reducir la oferta ilegal de la materia prima. La cooperación de USAID al Perú, debe armonizarse a las cuentas, calendarios, objetivos metas del programa presupuestal de PIRDAIS, la Política Nacional de Control de Drogas que aprueba el Estado peruano. No pueden andar de forma independiente, sin reciprocidad y equilibrio. Lo mismo ocurre con la cooperación a privados como es el caso de Cedro, IDEI, Capital Humano y otros que han construido un discurso sobre Narcotráfico ideal según el MEF distribuye escasos recursos en 3 programas presupuestales y la cooperación no se adecua a ninguno de ellos. Tema de fertilizantes.

Del mismo modo debe ocurrir en material policial y militar. En la práctica, es EE. UU el que propone lo que quiere y puede dar y no funciona al revés: ocurre con el Laboratorio biológico NAMRU-6 que funciona hace 30 años en el Hospital de la Marina del Callao. Algo similar con las operaciones UNITAS, Cóndor, y otros similares, que obedecen a la necesidad de sentar presencia geopolítica en una región en disputa con China. Por su parte, la DEA en el Perú opera de diversas formas, de manera abierta y formal, pero también a través de los mecanismos policiales no siempre transparentes, como es el caso de la interceptación telefónica mediante el uso de “Constellation”. Se debe reanudar la interdicción aérea letal y debe ocurrir un verdadero equilibrio entre la erradicación e interdicción de la criminalidad organizada. Esta el tema del uso de los helicópteros Huey de la época de la guerra en Vietnam, para la erradicación de coca, cuando lo que necesitamos son helicópteros de última generación para llegar a lo mas alejado de la selva. La erradicación de cultivos es uno de los instrumentos de la política, no es el principal siquiera, en la medida que el tema es de naturaleza sanitaria y de pobreza y exclusión social.

En el campo de la actividad policial-fiscal-judicial, sería conveniente dejar de lado los estándares previos que permiten que la Policía detenga a todas las personas con posesión de drogas, incluyendo las que alegan es para consumo personal.

Detenciones Policiales por delitos de TID2

En el caso del Ministerio Público tenemos que la mayor carga procesal se ubica a nivel de las fiscalías provinciales (89.18% del total de carga). En el caso de delitos de TID son los segundos en jerarquía luego de los delitos de peligro común. Del número de delitos registrados en fiscalías provinciales y Mixtas, tenemos: 

Delitos de TID registrados en fiscalías provinciales Penales y Mixtas3

En el tema carcelario4, tenemos que la población recluida por delitos de tráfico de drogas asciende a 15, 706 internos respecto de un total de 89,464 internos, constituyendo el 17.5% del total de reclusos en el país.

Personas privadas de libertad por TID (junio 2022)

Como se puede observar, la situación del sistema penal peruano responsable de abordar esta problemática, es muy difícil: descomunal sobre carga y falta de recursos, rampante corrupción, falta de eficiencia para escoger allí donde mayor daño se hace al crimen, y un lógico hacinamiento de comisarías, tribunales y penales. Aunque el escenario político es aun muy impredecible, la reciente declaración del Departamento de Estado sobre situación de impunidad del Gobierno de Dina Boluarte, luego de las manifestaciones y los mas de 60 muertos5 demuestra el rol de “veedor” que ejerce Washington en la región, ninguna Cancillería latinoamericana dice nada sobre el impacto de los asesinatos producidos por armas de fuego en ese país.

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1 World Drug Report, UNOC 2022 https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html
2 Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2012-2018
3 Boletín Estadístico del Ministerio Público, Número 3, año 2019
4 Informe Estadístico del INPE, junio 2022
5 “Significant human rights issues include credible reports of: unlawful or arbitrary killings; restrictions on free expresión and media, including the existence of criminal libel lawas and violencia or threasts of violence against journalistis; serious gobernment corruption; and lack of investigation of and accountability for gender-base violence” http://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practi...