En 1912, el transatlántico “Titanic” partió en su viaje inaugural de Plymouth, Inglaterra, con destino a la ciudad de Nueva York. Ocho días después, el inhundible barco choca contra un iceberg en la oscuridad del Atlántico y se va al fondo llevándose a miles de personas, pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Lo mismo viene pasando con la “Guerra contra las Drogas”.
 
En ese mismo año, se inicia el sistema internacional de control de drogas que al cabo de cien años, ha mostrado su fracaso en los dos aspectos para los que fue creado: asegurar la provisión de sustancias con fines médicos y científicos, y evitar el narcotráfico. Hoy, este negocio ilegal fluye pujante a nivel global, con ingresos cercanos al medio billón de dólares anuales y es la fuente de conflictos internos, crisis políticas, sanitarias, humanitarias y carcelarias. El Perú, es fiel reflejo de esta catástrofe de mentiras y fracasos.

 
En los últimos años, se han producido una serie de acontecimientos provenientes de América Latina que permiten suponer la posibilidad de cambios concretos que nos lleven a políticas internacionales de regulación de drogas basados en el respeto de los DD.HH, la evidencia científica y la reducción de daños.
 
Primero, tuvimos la ruptura del denominado Consenso de Viena provocada por el Uruguay que reclamaba el 2008 en Viena, el respeto a los DD.HH en el cumplimiento de las políticas antidroga. Luego fuimos testigos de la experiencia de Bolivia en relación al retiro y retorno a la Convención Única de 1961, como consecuencia de su nueva Constitución que protegía el uso tradicional de la coca. A ello debemos agregar la importante experiencia de pragmatismo europeo que permitió desde los años 60, a miles de ciudadanos usuarios problemáticos de drogas ilícitas, vivir razonablemente con su problema, de la mano de la atención del Estado. Otro ejemplo importante de cambio, al que denomino el “Macondo latinoamericano”, está compuesto por diversas experiencias de reformas: los terribles efectos de las guerras antidroga en Colombia y luego en México, las profundas diferencias que hay entre EE.UU y el resto de países al sur del Río Grande en materia de drogas (oferta/demanda), decisiones de Cortes Supremas en Argentina, Colombia y posiblemente Brasil, sobre despenalización de usuarios. Las Asambleas Constituyentes en Bolivia y Ecuador que ayudaron en la despenalización y el reconocimiento de la hoja de coca.
    
También tenemos las experiencias de indultos y excarcelaciones en Ecuador y Bolivia (y más recientemente de 6,000 presos en EE.UU), la implosión en 23 estados de EE.UU, a partir de las políticas de regulación de los usos médicos del cannabis. Finalmente, tenemos el impacto de una fuerte ofensiva política, académica, mediática a favor de distintas formas de reforma a nivel legislativo, judicial, político o administrativo. Todas estas son claras experiencias que muestran una posición latinoamericana hacia el cambio.
 
En abril del 2016, se realiza el UNGASS (Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las Drogas) en Nueva York, que tiene el objetivo de evaluar las posibilidades de reforma de las políticas de drogas en el mundo y ello incluye la revisión de las tres Convenciones Internacionales de 1961, 1971 y 1988, que tal como ocurrió con las tres chimeneas del “Titanic”, se vienen abajo por su inoperancia, efectos colaterales y resultados no queridos.
 
Los tres escenarios posibles y previsibles de lo que ocurra en Viena son:
 
Escenario A: se mantiene el sistema internacional de control, pero se aceptan niveles muy modestos de cambios en el ámbito doméstico de los Estados.
Escenario B: Se acepta un progresivo proceso de reforma en los países y se emprende una modificación de los tratados internacionales
Escenario C: Se decide desmantelar el actual sistema compuesto por la ONU, la OMS, la Comisión de Estupefacientes, la JIFE y UNODC y aparecen modelos nacionales diversos.
 
Ahora bien, no es una ruta fácil. Porque la carpeta droga en los escenarios internacionales está en manos del sector diplomático que poco conoce en la materia. Luego, los países que en la región debieran tener posiciones más progresistas, son los más duros (Cuba, Venezuela, Nicaragua). Finalmente, debemos contar con las secuelas de la delincuencia e inseguridad en América Latina que asustan a los gobiernos poco convencidos con el cambio, como es el caso peruano.
 
Sin embargo, todo parece indicar que los doce países de UNASUR se han puesto preliminarmente de acuerdo en cuatro posiciones que a nosotros nos parecen básicas e indispensables para permitir los cambios requeridos en materia de Salud, Justicia, Policía, Desarrollo Rural y Relaciones Internacionales. Estas son: (i) respeto a la soberanía y no injerencia, (ii) respeto a los DD.HH en la aplicación de políticas de droga, (iii) fortalecer la lucha contra el crimen organizado, y, (iv) políticas basadas en la evidencia científica (y no en el miedo).