La política sobre coca, drogas y qué hacer desde Devida – la agencia gubernamental que se encarga de estos temas -, es de primera importancia para el nuevo Gobierno del presidente Pedro Castillo y por lo tanto para el Gabinete que preside el primer ministro Guido Bellido, que se presentará en el Congreso el jueves 26 de agosto para “solicitar la confianza”. Esta importancia se debe a por lo menos 5 razones1.

Primero, según la encuesta sobre la hoja de coca realizada en el 2019 por el INEI y Devida2, casi 6 millones de personas entre 12 y 65 años son consumidores tradicionales de hoja de coca, otros 3 millones consumen productos industriales derivados de esta planta y no menos de 1.5 millones de personas cultivan y comercializan esta planta que la consideran sagrada, en por lo menos 19 cuencas cocaleras.

Segundo, los errores de las políticas a implementar por el nuevo Gobierno, en caso no se corrijan las anteriores, colaborarían con la inseguridad en las zonas de selva alta en las que puede rebrotar el terrorismo – más de lo que ya está en el VRAEM -, la violencia social, la delincuencia y el sicariato.

Tercero, la continuación de las actividades de cultivo y producción de coca para fines ilícitos y la obtención de sus derivados, sin límites racionales, provoca serios problemas a la ecología y el medio ambiente de la región andino-amazónica.

Cuarto, la producción, tráfico y consumo de drogas alimenta el sistema de corrupción que se desarrolló durante el régimen mafioso fujimontesinista de 1990 al 20003, continuó con todos los gobiernos del 2001 al 2020 y, lamentablemente, aún continúa en el 2021, configurándose una economía, sociedad, cultura y estado “canalla” (ver el libro de Loretta Napolione Economía canalla: La nueva realidad del capitalismo; Paidos, 2008) o sociedad FID, Formal, Informal y Deliciencial, descrita en varios estudios de Francisco Durand. 

Quinto, se trata de un tema gravitante de las relaciones del Perú con los Estados Unidos, con el sistema interamericano, con las Naciones Unidas y, por lo tanto, es parte de la política exterior a ser desarrollada en los próximos años por el actual gobierno y puede ser un tema importante en las relaciones de cooperación, inversiones y equilibrios estratégicos con Europa, Canadá, Rusia y China con nuestro país.

El gobierno popular todavía no ha tenido tiempo para designar al nuevo Presidente Ejecutivo de Devida y el vigente Fidel Pintado Pasapera, sigue impulsando acciones como si no hubiera necesidad de cambio alguno. Pero más allá de ello, deseo seguir colaborando sobre estos temas, que supongo es uno de los que ocuparán un espacio importante en la presentación del Gabinete ante el Congreso de la Republica mañana jueves, por lo que me permito sugerir 10 medidas que creo que deberían impulsarse:

1) Recibir de las actuales autoridades de Devida, los informes relativos a la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, las acciones realizadas por la institución en el periodo 2016-2021, incluyendo los proyectos en curso, con la información de presupuesto de ingresos, gastos y devengados, deudas pendientes, personal por categorías, equipos y mobiliarios, cada informe debidamente suscrito y recibido por la Contraloría General de la República.

2) Revisar la Política Nacional de Drogas al 2030 a fin de adecuarla a los lineamientos del nuevo gobierno y las necesidades de la población afectada y/o beneficiada con la mencionada política, poniendo por delante el enfoque integral, de seguridad humana y socio-económico-ambiental.

3) Preparar las condiciones metodológicas, instrumentales y de personal para iniciar el empadronamiento de los productores de hoja de coca y productos asociados, en las 19 cuencas cocaleras identificadas, en estrecha coordinación con la unidad de empadronamiento del MIDAGRI, así como la ENACO, el INEI y la Confederación de Cocaleros CONPACCP.

4) Elaborar, discutir y sustentar dos cuerpos de ley diferenciados, uno sobre la hoja de coca y los sujetos que la cultivan, comercializan y consumen, y otro sobre la estrategia contra el TID y delitos conexos como tala de bosques, minería ilegal, contrabando, trata de personas, tráfico de precursores químicos, armas y tierras, etc.

5) Proceder a reorganizar Devida, adecuando su institucionalidad a las necesidades de los actores sociales - agricultores, bosquesinos, pueblos indígenas y pobladores urbanos, bajo los lineamientos del Gobierno Central y de la Política Exterior, construyendo estrategias propias con apoyo de la cooperación internacional, sin someterse a las políticas de los países o agencias que los proporcionan.

6) Modificar la composición del directorio de Devida, integrando a cuatro representantes de la sociedad civil: por los cultivadores de coca, por los acullicadores, por los industrializadores y por los consumidores de drogas o instituciones de rehabilitación de drogas. El nuevo nombre debería ser Agencia Peruana de Promoción de la Coca y Lucha integral contra las drogas y delitos conexos APECOCAD, o algo así.

7) Revisar la estrategia de control de oferta de drogas y de reducción de la extensión de cultivos de coca, poniendo por delante el desarrollo rural integral sostenible y sustentable, con respeto a los cultivos de coca para su consumo tradicional e industrial benéfico, superando la adicción al fracaso que han tenido hasta ahora los proyectos del llamado desarrollo alternativo.

8) Elaborar e impulsar en el menor plazo posible, el Instituto Binacional Perú/Bolivia de Investigaciones Científicas y Antropológicas sobre la Hoja de Coca y sus derivados industriales benéficos, tal como se acordó en el punto 19 de la Declaración Presidencial de Ilo de 1994.

9) Impulsar y financiar, bajo la dirección del MIDAGRI, los proyectos de desarrollo rural integral sostenible y sustentable con participación de los involucrados, consulta previa, orientación a los mercados locales y regionales, diversificación de actividades económico-productivas con sostenibilidad ambiental, en el marco institucional de los actuales Proyectos Especiales, principalmente de las regiones fronterizas, darle prioridad y corregir al Plan VRAEM y proceder al cumplimiento de los acuerdos de la Mesa Técnica del Cusco-La Convención, sobre la reestructuración de la ENACO.

10) Promover la reorganización de la policía nacional antidrogas buscando adecuarla a la nueva estrategia que pone por delante las labores de inteligencia operativa, junto con la fiscalía, con la colaboración de las rondas campesinas y los CADs, para ubicar y detener a los cabecillas de las bandas criminales.

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* Economista licenciado en la Universidad del Pacífico, director secretario del Foro Peruano de Relaciones Internacionales FOPRI, investigador del Centro de Investigación sobre Drogas y Derechos Humanos CIDDH, ex viceministro del MINAM (2011) y ex asesor parlamentario (2016-2019)
1 Ver mi artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/213032?utm_source=email&utm_campaign...
2 Ver: Informe sobre la demanda de hoja de coca para fines tradicionales e industriales; Lima, noviembre 2020:  
3 Ver “Montesinos, EEUU y las drogas” en: https://www.alainet.org/es/articulo/213032?language=en.