Dado que el 12 de octubre es el día de la resistencia y persistencia indígena, recordemos lo siguiente de mi gran amigo Baldomero Cáceres Santa María: “La costumbre del coqueo fue vista con malos ojos por los colonizadores. El considerado apóstol de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, reconoció que la practicaban "por salud y mantenimiento", pero registró que “daba grande asco verlos, a nosotros digo". La Iglesia Católica, mediante el Segundo Concilio Limense, intentó prohibirla en 1567, por estar íntimamente unida a la religiosidad andina, pero de inmediato un consultor político de esas épocas objetó: "querer que no haya coca es querer que no haya Perú" (Matienzo, 1567), pensando en la productividad del trabajo indígena que había asegurado el apogeo de Potosí. Fue así como se consagró una distancia entre runas y mistis.” (Coca y mundo andino)

La continuada estrategia fracasada de erradicación de cultivos coca excedentaria y acusaciones de mal uso de fondos internacionales en la agencia peruana encargada de ello que es la llamada Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA, precipitó la renuncia irrevocable de Fidel Pintado, jefe de ese organismo, mediante una carta pública rechazando las acusaciones del Ministro del Interior Luis Barranzuela, en mi opinión injustas y calumniosas. Ello podría arrastrar a su acusador, Barranzuela y podría provocar la primera baja del gabinete Mirtha Vázquez recientemente conformado.

Esto sucedió cuando le estaba dando los toques finales a este artículo, pero no altera las principales críticas y propuestas sobre cómo encarar un problema complejo como es la coca, el narcotráfico y el crimen organizado. 1) La erradicación de coca sin alternativas viables para los agricultores y sin distinguir coca legal de la ilegal, expande los cultivos a otras zonas, los dispersa y provoca daños ecológicos de magnitud sideral: el problema es la demanda, no la oferta. 2) Desde hace 40 años está política no ha funcionado y los datos están allí para demostrarlo: desde 1983 hasta el 2019 se ha erradicado 364 mil hectáreas por varios gobiernos y sigue habiendo entre 70 y 80 mil has al 2021. 3) El enfoque erradicador y penal-policial represivo no ha funcionado en ninguna parte del planeta y lo mismo sucede con otros delitos: lo reconoce la ONU, la UE y los estudiosos del tema, pero los EEUU no.

Lamentablemente y desde junio de este año, se reinició la política errada de erradicación de coca, sin darle alternativas a los cultivadores ya que el llamado desarrollo alternativo no ha sido hasta hora desarrollo alguno y tampoco alternativo. Desde hace muchos años mi posición al respecto es contraria a esta política que no sólo es errada, sino estúpida y los que la impulsan siguen adictos al fracaso, desde hace más de cuatro décadas, en las que priorizan impulsar un enfoque penal-represivo y policial-militar sobre las actividades ilícitas en general. Esto sucede con un gobierno de izquierda, que ha asumido compromisos con los agricultores de coca y busca “hacer buena letra” con ellos, defendiendo sus reivindicaciones que están embalsadas desde hace años.

El Profe y los cambios en su Gabinete de retazos y panakas

El Profesor Pedro Castillo Terrones, Presidente del Perú desde el 28 de julio del presenta año, ya ha cumplido 77 días en el gobierno, tratando de gobernar con el viento en contra, con una oposición mafiosa y vengativas que todos los días busca vacarlo, con un Gabinete de retazos de partidos políticos y políticos independientes, cado uno representando a por lo menos siete panakas como he señalado en otro escrito (ver: “De retazos, panakas y saharauis” )

Pero hace menos de una semana, el miércoles 6 de octubre, el Presidente cambió a siete de sus ministros, para incrementar la equidad añadiendo a tres mujeres – ahora son cinco, la Primera Ministra Mirtha Vásquez, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte, la de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Anahí Durand de Nuevo Perú, a las que se suman  la congresista de Perú Libre Betssy Chávez, una de las más críticas contra Cerrón y Bellido y la activista por los derechos humanos y memoria histórica Gisela Ortiz. Con una cajamarquina, abogada, luchadora social y defensora de los derechos territoriales de las comunidades contra la minería salvaje, Mirtha Vásquez reemplazó a Guido Bellido Ugarte, un dirigente duro de Perú Libre, nacido en Chumbivilcas en el Cusco, para “aerear” su gobierno de izquierda con caras nuevas y cumplir con el Plan Perú al Bicentenario sin Corrupción que lo llevó al triunfo en junio de este año, por muy estrecho margen (ver: “El Profe a dos meses: mirando el bosque” )

En ese artículo, mirando el vaso medio lleno, he destacado los siete aspectos positivos que ha realizado el Gobierno del Profe y he señalado que: “También está claro que, con esta frazada de retazos y articulación de panakas, se han cometido errores y no pocas designaciones erráticas. Pese a ello, considero que estamos marchando hacia la cuarta restructuración del Estado y la sociedad peruana en 50 años, que la derecha no desea” (ver: Perú: El profe Castillo y la grita opositora), pero si una buena parte de la población nacional. Tan es así, que es la principal conclusión de las últimas encuestas de IPSOS y el IEP, correspondiente a septiembre. Contra todo pronóstico de limeños urbanos y analistas nacionales y extranjeros, la de IPSOS arroja que en el mundo rural el 52% aprueba la gestión del Presidente Castillo, 57% en el Sur y en Lima sólo el 29% (ver: Estudio de opinión El Comercio - Ipsos). Similar resultado dice la encuesta del IEP: 55% en lo rural, 58% en el sur y 25% en Lima (ver: IEP Informe de Opinión – septiembre 2021).  

Ofertismo y criminalización con adicción al fracaso

Desde los noventas, pero especialmente del 2005 en adelante, gracias a políticas erráticas y contraproducentes de carácter “ofertista”, de “seguridad nacional” y de “criminalización”, el Perú se ha mantenido como uno de los principales centros de producción de coca-cocaína y delitos conexos. Del 2005 al 2021, los resultados de la medición de los cultivos de coca y su erradicación como política central, ha tenido magros resultados:

• Han aumentado o se han mantenido los cultivos de producción de coca y sus derivados para fines ilícitos que se pretendía reducir;
• Se han trasladado los cultivos hacia otras cuencas hidrográficas (“efecto globo”), dispersado en las mismas cuencas (“efecto mercurio”) y fronterizado hacia los extremos del territorio con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador (“efecto membrana”);
• Se ha producido articulación y sinergias cada vez mayor con otros delitos como tala ilegal, minería informal-ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de tierras, comercio ilegal de flora y fauna, sicariato, lavado de activos y dinero, etc.;
• Han tenido y tienen impactos importantes, muchas veces desastrosos, sobre la sociedad, los recursos naturales, la economía y la cultura de los pueblos indígenas y no indígenas en las zonas de producción y con repercusiones a nivel nacional;
• Han fracasado los esfuerzos, las políticas y las estrategias del llamado “desarrollo alternativo”, que no resultan siendo uno ni lo otro;
• Han constituido una traba fundamental para el impulso del uso tradicional e industrial benéfico de la hoja de coca como recurso natural, valor de uso y símbolo de identidad de los pueblos andino-amazónicos, así como para la Empresa Nacional de la Coca ENACO, como ente público acopiador y comercializador legal de la coca y derivados lícitos; y,
• En 2020 y 2021 los impactos de la pandemia del COVID 19 sobre los cultivos de coca destinados al tráfico ilícito de drogas, así como otros delitos asociados, se han disparado, acentuando los fracasos de una política basada en la oferta, la seguridad nacional y la criminalización de su producción y usos.

La estrategia erradicadora ha sido impulsada por los diversos gobiernos a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA y la cooperación internacional: la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas ONDCP, la Unión Europea UE y la Cooperación Técnica Alemana GIZ.

Los magros resultados obtenidos, justifican la necesidad de revisar el “instrumento” básico utilizado, es decir la erradicación de cultivos, la criminalización de los que cultivan coca, la satanización de los que consumen tradicionalmente la hoja de coca y su industrialización benéfica y el llamado “desarrollo alternativo” que ha sido en general un fracaso, con relación a otras políticas de mejor calidad, en base a evidencias y experiencias, realizadas con justicia y sustentación científica. Existe suficiente experiencia nacional e internaciona1, basada en evidencias y criterios socioculturales, ambientales, económico-productivos, institucionales y de seguridad ciudadana, que pueden servir de base para diseñar políticas públicas alternativas, justas y eficaces sobre la hoja de coca, las drogas, sus usos y los tráficos con fines ilícitos.