Nuevamente el gobierno ha aprobado una ley que lejos de atacar directamente al narcotráfico y potenciar la labor operativa de la policía perjudica al agricultor que no tiene otra forma de subsistir que a través del sembrío de coca. Se trata del Decreto Legislativo 1241, aprobado en el marco de las facultades especiales conferidas al Ejecutivo en materia de seguridad. Con esta medida legal se promueve abiertamente la erradicación forzosa de campos de cultivo de coca que no se encuentren empadronadas, acción que estará a cargo de las fuerzas policiales. Si bien es necesario frenar la producción desmedida de ese cultivo, no se ha considerado el fuerte rechazo que viene teniendo dicha medida legal.

 
La dura represión a las protestas encabezadas por  las comunidades cocaleras este año ha cobrado la vida de un agricultor en Constitución (Pasco). Y eso es apenas el inicio. Con la aprobación de esta ley se avecina una serie de reclamos, que desencadenará más conflictos sociales. Estamos ante una legislación que no es efectiva, que no apunta al fortalecimiento de las instituciones implicadas en la lucha contra el narcotráfico sino que, por el contrario, criminaliza a un sector de la población que en los últimos años ha sido abandonado a su suerte.
    
Legislación deficiente
Algunas de las acciones que ha promovido este gobierno para frenar el narcotráfico son la tipificación y drástica penalización al delito del sicariato, la promulgación de la ley de geolocalización para ubicar a teléfonos celulares que son utilizados para extorsiones, el pago de recompensas, entre otros. Todo esto bajo el argumento de dotar de mejores herramientas a la policía, lo que es pertinente. No obstante, el DL 1241 es muy genérico, expande el campo de acción y no potencia la labor de interdicción e inteligencia de la policía. Se trata de una legislación que mal aplicada podría constituir el detonante de algún conflicto social en la selva.
 
El mencionado Decreto Legislativo señala que queda prohibido el cultivo de hoja de coca en áreas no empadronadas. Sin embargo, el padrón donde se encuentran registrados los agricultores que tienen permitida la siembra de hoja de coca data de 1978 y contempla solo a los pobladores del valle de La Convención, en el Cusco. Actualmente, el Estado no permite un nuevo empadronamiento. Es decir, fuera de dicha región el cultivo de hoja de coca es ilegal. Entonces, se dispondría la erradicación forzosa de los demás cultivos y la pena que deberían afrontar los agricultores en caso de resiembra sería de entre 3 y 8 años de prisión efectiva, además de la expropiación de sus terrenos a favor del Estado.
 
Estamos hablando de que más de 300 000 campesinos dedicados al cultivo de la coca en 16 cuencas de la Selva Alta serían afectados con esta medida. En nuestro país, el narcotráfico opera de forma impune, ha logrado ingresar con todo su aparato  de producción y distribución de droga a todo el territorio nacional y por leyes como esta, la represión recae únicamente en los eslabones más débiles de la cadena. Los grandes capos del narcotráfico suelen eludir la justicia y disfrutan de su libertad y de los millones de dólares que les deja este ilícito negocio.
 
En lugar de eso, el gobierno debería impulsar leyes que ataquen directamente los puntos críticos del tráfico ilícito de drogas. Por ejemplo, debería realizar un mejor control en los puertos así como un correcto registro de la fabricación de insumos químicos y la inspección de las rutas nacionales por donde transita la droga. Asimismo, se debe ofrecer otras alternativas a los agricultores, que les permita desarrollar condiciones de vida apropiadas y puedan reemplazar sus cultivos. Pero este reemplazo debe realizarse de manera efectiva. Hasta el momento los intentos por cambiar la hoja de coca por otros cultivos solo han tenido un éxito muy parcial. Se les promete un mejor futuro con la siembra de cacao y palma aceitera, y se les pide paciencia. Pero una espera de hasta cuatro años resulta imposible para quienes ven en el trabajo de la tierra la única forma de subsistir.
 
El gobierno debería intervenir y dialogar directamente con la población y conocer realmente sus necesidades y cuáles son las motivaciones que los lleva a sembrar coca, en lugar de criminalizar sus reclamos, ya que como método disuasivo no ha funcionado. Una acción oportuna frente a un tema tan delicado es lo mínimo que se espera. Ahora que esta ley ha sido aprobada por el Ejecutivo, el Congreso debería revisarla y ante su ineficacia, por qué no, derogarla. Queda en sus manos evitar más derramamiento de sangre.