Tras once meses de trabajo, fue aprobado el informe final a cargo de la comisión del Congreso que investiga la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales. Dicho documento consta de un diagnóstico de la situación actual del narcotráfico en el país y su repercusión en la cultura política, además de 19 conclusiones y 30 recomendaciones. Asimismo, contiene 27 proyectos de ley para combatir el tráfico ilícito de drogas (TID) y la narcopolítica que deberán ser aprobados por el pleno en los próximos meses.

El informe enfatiza la restricción de los indultos en caso de narcotráfico. Es decir, el presidente no podrá conceder indultos a acusados por TID agravado. La presidenta de la comisión, la congresista Rosa Mavila León, precisó que solo en caso de salud podría concederse esa gracia, por razones humanitarias. La rigidez de la norma responde a que en los últimos años, especialmente durante el gobierno aprista, se ha concedido una gran cantidad de gracias presidenciales.

Asimismo, entre las disposiciones que contempla el informe se encuentra la vacancia inmediata a autoridades que tengan procesos abiertos por lavado de activos o que hayan sido encontradas infraganti. Si bien esto podría vulnerar la presunción de inocencia, la situación que atraviesa el país requiere de medidas legales drásticas. Ahora que estamos a puertas de iniciar la campaña electoral con miras al 2016, se espera la aprobación final de este documento que permitirá combatir de manera más efectiva el narcotráfico.
    
Más medidas legislativas contra la narcopolítica
 
El narcotráfico ha conseguido formar organizaciones y financiar la política peruana. El objetivo de este ya no solo radica en expandir su ilícito negocio o lavar el dinero que de él obtiene. Ahora, con su ingreso a la política también quiere asegurar la impunidad. Este es un fenómeno económico global, tiene oferta y demanda y el Perú se encuentra en medio de todo. El centralismo y el fallido proceso de descentralización, ha facilitado su ingreso a gobiernos locales y regionales, lo que en el informe se ha denominado la “paz narca”, es decir el control de los territorios.
 
Vivimos en una simbiosis entre los intereses del narcotráfico y la debilidad de las instituciones políticas. Frente a esta situación, el informe de la Comisión contra la Narcopolítica ha identificado ocho mecanismos como trabaja el narcotráfico. Entre ellos, el que más destaca es su presencia y participación en procesos electorales para asegurar sus intereses de producción, traslado y exportación de droga o lavado de activos. Ello determina la fragilidad de actores y de nuestra cultura política en distintos niveles, locales, regionales y nacionales.
 
Otras medidas legales que son abordadas en el informe son el seguimiento patrimonial a los candidatos y autoridades elegidas, así como a las agrupaciones políticas. Para eso, además, se ha considerado la creación de la ventanilla única, para saber quiénes son las personas o instituciones que aportan a las campañas. Por otro lado, se requiere un mayor control de puertos, no solo centrándose en el Callao. El control sobre la producción y comercialización de insumos químicos, utilizados posteriormente para la elaboración de la droga, es también un tema de interés.
 
En otra parte del informe se destaca el fortalecimiento de instituciones destinadas a la supervisión y monitoreo, como la Unidad de Investigación Financiera (UIF) o DEVIDA. Además del control sobre la adquisición de terrenos destinados al lavado de activos. Según el documento, se debe establecer un límite en la concesión de tierras para impedir la acumulación de predios a través de concesiones mineras o de espacios agrícolas. Finalmente, destaca el control de las fronteras, sobre todo con Brasil y Bolivia; así como la reglamentación de la Ley de Derribo de Avionetas. Se necesita con suma urgencia un protocolo claro para poder realizar la labor de interdicción aérea.
 
Este ha sido el tercer intento de una comisión del Congreso por frenar la penetración del narcotráfico en la política. Este informe será sometido a votación en el pleno del Congreso durante la primera semana de diciembre, antes de que culmine la legislatura. Hasta este viernes se espera la adecuación del texto según las observaciones dadas durante su exposición. El documento será remitido, además, al Ministerio Público por ser de suma utilidad. Esperemos que con su aprobación se pueda disminuir el impacto del narcotráfico en la sociedad, especialmente, en las instituciones públicas a todo nivel, desde la policía hasta el propio Congreso, de lo contrario continuaremos en camino a convertirnos en un narcoestado.