Las historias sobre la falta de oxígeno son todas ellas dolorosas y parecen inagotables. Las largas filas de personas angustiadas portando balones verdes cubren las portadas y desbordan las pantallas televisivas; un verdadero drama humano que nos ha acompañado durante toda la Pandemia. 

El oxigeno es un medicamento esencial para la vida y, por tanto, un derecho fundamental que debiera ser garantizado por el Estado. 

Sin embargo, conseguir este bien escaso, significa no solo un verdadero vía crucis, sino que tiene un impacto catastrófico en la economía familiar. La urgencia con que se necesita este producto, sumado a su desabastecimiento, hace que los costos se disparen por los cielos y las familias, en su desesperación, gasten sus pocos ahorros, mal barateen sus pertenencias, endeuden su presente y su futuro e, incluso, se vean obligados a postergar o cancelar sus proyectos de vida. 

Este solo evento, conseguir el oxígeno, ha desplazado nuevamente a miles de familias de regreso a la pobreza o ha hundido a otras tantas en la miseria absoluta, una situación de la cual, probablemente, no saldrán en generaciones. 

El Estado ha sido incapaz, así, de impedir el alto impacto que la pandemia ha tenido en la salud de las y los peruanos; así como, de brindarles protección financiera. Dos de las funciones básicas de todo sistema de salud moderno que se precie de tal.  

Según Leith Greenslade, quien dirige una red global de instituciones orientadas a mejorar la respuesta a las necesidades que las enfermedades respiratorias imponen, Every Breath Counts, la crisis del oxígeno no solo se presenta en Perú, sino también en varios países del África subsahariana, Asia y América Latina. Crisis similares a la peruana han estallado recientemente en México y Brasil, así como en India y Nigeria.  

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de lanzar un Grupo de Respuesta Global para atender la emergencia mundial de falta de oxígeno, cuyo déficit se calcula cercano a 1,1 millones de cilindros, afectando a medio millón de personas en 25 países, la mayoría de ellos de ingresos medianos y bajos situados en África. Pero también hay países que funcionan mejor y pueden garantizar oxígeno a su población. 

En una medida ya desesperada, el presidente Sagasti ha tenido que recurrir a la solidaridad de los vecinos. Oxígeno donado desde Chile cubrirá parte de las necesidades de nuestros pacientes. Esta se suma a esfuerzos similares, pero más modestos, de algunas empresas locales, así como la movilización caritativa de la iglesia católica e iniciativas privadas. 

Los esfuerzos, sin embargo, no podrán cubrir totalmente las necesidades de una segunda ola de contagios que ha desbordado los servicios de salud y de la inagotable demanda que viene desde los propios hogares, lugares convertidos en precarias salas de hospitalización COVID-19. El déficit actual se calcula en más de cien toneladas métricas día. Una compra internacional de este medicamento – también a Chile – estará llegando esta semana y se trata de 6 toneladas métricas diarias. Aún lejos, pero en la dirección correcta.  

Que el sistema de salud pública tenga sus propias plantas operando ha pasado de ser un sueño para convertirse en una verdadera pesadilla. Con la finalidad de acelerar los procesos de instalación de plantas medicinales, el gobierno, a finales del año pasado, lanzó el Proyecto “Oxigena 47”, vía el cual encargó a la Universidad Nacional de Ingeniería la construcción y puesta en marcha de un importante lote de 47 plantas de oxígeno; sin embargo, y luego de varias idas y venidas, el grueso de estas recién entrarán en operaciones dentro de uno o dos meses; para miles, demasiado tarde. 

Pero ¿cómo es que llegamos a esta situación? Se trata, indudablemente, de una falla masiva, sistémica.  

Nos remontamos al 2010. Las regulaciones aprobadas en aquel año (justamente por el Dr. Oscar Ugarte, en aquel tiempo Ministro de Salud de Alan García), establecieron que el oxigeno medicinal, para ser considerado como tal, debía ser de una pureza no menor al 99%, contradiciendo las recomendaciones de la OMS que lo establecían en no menos de 93%. Esta sola medida restringió el mercado de proveedores de oxígeno medicinal y le otorgó una posición de dominio a una sola compañía (el cual, además, ha integrado producción y distribución de oxígeno) concentrando cerca del 70% del mercado. 

Por otro lado, dado el archipiélago de subsistemas de salud que caracteriza a nuestro fragmentado “sistema”, carecemos de una unidad central que agregue toda la demanda, negocie los precios y condiciones y, finalmente, firme los contratos y haga seguimiento de estos. La realidad es que nuestro “sistema” está dividido en decenas de unidades compradoras dispersas, fragmentadas y atomizadas dando como resultado que todos los hospitales compren de forma separada, con diferentes estrategias y precios; lo mismo sucede con los 25 gobiernos regionales e institutos de salud.

El MINSA, como autoridad que debiera ejercer la gobernanza, carece de un sistema de información logística que le permita tener, en tiempo real, datos nacionales sobre su abastecimiento y la existencia de reservas; incluso, adolece de la falta de aplicativos o herramientas que les permita monitorizarlo, o sistemas de alerta temprana sobre amenazas de desabastecimiento. Un prototipo fue desarrollado durante la primera ola con éxitos intermedios. 

Finalmente, falta gestión especializada en todos los niveles de gobierno del fragmentado sistema de salud peruano, tanto en el nivel central como en el local. Muchos parecen desconocer que la gestión del oxígeno requiere de conocimientos y técnicas sofisticadas. A esto se suman las debilidades propias de la administración pública: falta de personal calificado, malos salarios (cuando no, tardíos), alta rotación en los cargos públicos y, cuando no, corrupción.

Como es natural, ante la debilidad de la demanda, la oferta aprovechó su posición de dominio para imponer sus condiciones.  

Durante la pandemia y ante la crisis aguda, cuyo primer escenario fue Loreto, el estado respondió de manera reactiva y poco estructurada. En plena emergencia se tuvo que levantar información nacional sobre las capacidades existentes (número de plantas, tanques, redes, balones, personal, etc.), estado de mantenimiento, así como los patrones de consumo y montos de inversión en este rubro. La respuesta fue lenta e incompleta. De hecho, la mejor información sobre estos ítems los tenía (y tiene) el proveedor. 

En plena emergencia y con la intención de paliar la situación, en junio del año pasado se aprueba el DU 066-2020, vía el cual se establece en 93% el nuevo nivel de pureza exigido para el oxigeno medicinal -con lo que se habilita el ingreso de nuevos actores al mercado- y, se asignan cerca de 100 millones de soles para comprar los insumos y equipos necesarios para enfrentar la creciente demanda en todo el país. Se movilizaron a las fuerzas armadas, quienes montaron “puentes aéreos de oxígeno” con la finalidad de abastecer a los hospitales regionales, cuyos sucesivos Gobiernos incumplieron con financiar el montaje o mantenimiento de sus propias plantas por varios años; situación similar a laboratorios, hospitales y centros de salud. Con ese mismo dinero se financia el proyecto “Oxigena 47” cuyos resultados ya conocemos. 

Paralelamente y con el mismo objetivo, parroquias, empresas privadas, municipios y otras organizaciones locales, e iniciativas como “Respira Perú” se movilizaban para adquirir plantas o balones. 

Sin embargo, la recepción de las donaciones también probó ser “cuesta arriba”. Hay que recordar que el oxigeno es un medicamento y las plantas de oxigeno medicinal son considerados equipos médicos. El Estado tiene que garantizar que las donaciones, todas ellas bien intencionadas, sean, también, seguras para el paciente. El famoso “rechazo” a la donación de una planta de oxígeno por parte de la empresa Southern es un ejemplo de ello. Esta donación tuvo que ser observada porque el oxígeno producido por esta planta no era apto para consumo humano. Superado el problema, en menos de un mes el equipo ya se encontraba operando en Arequipa. Desafortunadamente, ejemplos como estos sobran, la oferta de donaciones superó la capacidad del estado para procesarlas, generando un justificado reclamo por parte de la Defensoría, los medios de comunicación y de la propia población que acusó al Estado de “indolente y burocrático”

Es este Estado, hijo de la constitución del 93, con casi 40 años de abandono y ahora negado, rechazado y vilipendiado por sus creadores, el que, además de no poder cumplir adecuadamente sus tareas básicas, tampoco puede, paradójicamente, canalizar la ayuda que tanto necesita para proveer un servicio vital. 

Sin un estado garante de nuestros derechos, quedamos pues a merced del mercado salvaje, el cual, constitucionalmente, solo puede ser intervenido por “la mano invisible”. 

Ojo, ese Estado que en otros países liberales es el gran árbitro de la sociedad y que tiene como fin supremo la defensa de sus ciudadanos, no existe como tal en nuestro país. Nuestro Estado está prohibido, por su propia carta magna, a intervenir o regular, por ejemplo, en el acaparamiento, la especulación o regular los precios, ni siquiera de medicamentos considerados vitales.  

Relegado a un rol subsidiario por su propia ley de leyes, financiado con miserias, fragmentado hasta la pesadilla, debilitado en su gobierno y gestión, burocratizado y perforado por la corrupción, el Estado peruano deja desprotegida a su ciudadanía, tanto en su salud como en su economía y la crisis del oxígeno es una prueba tangible de ello. 

En estas elecciones algunos candidatos cargan los discursos contra el estado burocrático y claman por una participación mayor del sector privado. ¿Más? Equivocan el diagnóstico, por tanto, la salida. Necesitamos recomponer y fortalecer el Estado y dotarle del financiamiento y de las capacidades y competencias para ejercer su rol. Cambiar la Constitución del 93, unificar el sistema público de salud, revisar y cambiar los términos y condiciones de la descentralización, modernizar la gestión y luchar contra la corrupción son los puntos que debiera tener esa nueva agenda. 

El oxígeno como un derecho para todos, solo lo puede garantizar un estado fuerte.