El 24 de agosto de 2023, la Contraloría General de la República compartió los resultados del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022[1]. En este estudio, se evaluaron un total de 2,815 entidades públicas. Alarmantemente, se encontró que 198 de estas entidades presentaban niveles de corrupción alto o muy alto.

De estas 198 entidades problemáticas, 42 pertenecen al sector salud, lo que equivale a 1 de cada 5 de ellas (Anexo N° 1). Entre estas entidades se encuentran los pliegos Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y Seguro Integral de Salud (SIS). También incluyen algunos de los 25 Gobiernos Regionales. Para dar una perspectiva, el MINSA ocupó el puesto 12 en la lista general y el segundo lugar en la lista específica de instituciones de salud.

El listado también revela que no todos los pliegos del sector salud están igualmente afectados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) no están en el grupo considerado de alta o muy alta corrupción sino muy abajo en la lista general.

Es importante señalar que el presupuesto público asignado para la función de salud es el segundo más grande del sector público después del sector educación y es de 30,500 millones de soles. De esta suma, el MINSA es responsable de administrar directamente 10 mil millones, mientras que los Gobiernos Regionales manejan 14,500 millones.

Un reporte publicado en el diario El Comercio [2] reveló que solo en el año 2022, la Contraloría emitió 443 informes sobre posibles irregularidades en las direcciones regionales de salud. Además, casi 400 funcionarios fueron señalados como presuntos responsables por estas acciones según la Contraloría.

En el contexto de un sistema de salud precario como el peruano, la conducta inapropiada y la corrupción amplifican la incapacidad para brindar una atención efectiva y de calidad, a la vez que profundizan las desigualdades. Esto genera desconfianza y descontento entre la población, mientras que también desmotiva a los profesionales de la salud. En última instancia, la corrupción se convierte en un obstáculo significativo para la realización del derecho a la salud y el avance en la cobertura universal de la salud.

La inadecuada conducta funcional y la corrupción adoptan diversas formas. El informe de la Contraloría General de la República se enfoca en acciones que reducen los recursos destinados a la atención del paciente, ya sea debido a una gestión administrativa ineficiente o a corrupción flagrante.

Sin embargo, también hay formas más sutiles de malgastar los recursos. Por ejemplo, cuando los pacientes no reciben el tratamiento adecuado debido a pruebas y servicios duplicados e innecesarios, experimentan eventos adversos que podrían haberse evitado o reciben atención de baja calidad, ya sea por ser ineficaz o inapropiada.

Además, los beneficios que podrían obtenerse con menos recursos se ven disminuidos, entre otros, por la alta cantidad de insumos descartados (como medicinas vencidas), el uso de insumos sobrevalorados (usar medicinas comerciales en lugar de genéricos, por ejemplo) o la utilización inapropiada de recursos costosos, como hospitalizaciones en lugar de atención ambulatoria. Todo esto contribuye a agotar los recursos destinados a la atención de los pacientes.

Mientras esto ocurre, la presidenta y el Colegio Médico se ocupa en  discutir sobre lo menos relevante; "...los médicos malogran los equipos" acusa una a lo que el colegiado responde con un comunicado insuficiente, reactivo y tardío argumentando "falta presupuesto para mantenimiento"; ambos, sin embargo, obvian mencionar al elefante en la sala: la megacorrupción. La autoridad sanitaria, por su parte, se mueve sin orientación y sin abordar la problemática real.

El problema de enorme dimensión y cualquier programa de gobierno sectorial, con o sin finalidad de transformarlo, debe incorporar medidas urgentes y efectivas para prevenir y controlar el efecto corrosivo del dispendio y la corrupción en el sector salud.
Anexo N° 1.

* Víctor Zamora Mesía, Exministro de Salud del Perú y Asesor Internacional en Políticas y Sistemas de Salud

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[1] Índice de Corrupción e Inconducta Funcional https://bit.ly/3YN0mx5
[2] Corrupción en el sector salud: Casi la mitad de los directores y gerentes regionales de salud tiene cuestionamientos https://bit.ly/3LmmWXZ