La actuación del magistrado que liberó a 29 miembros de una banda criminal en el norte del país ha merecido el rechazo general. El  propio presidente Pedro Pablo Kuczynski debió anunciar la separación del juez provisional hecho por el Poder Judicial. ¿Qué está fallando en el sistema de justicia que permite la existencia de magistrados con tal grado de carencia  de idoneidad y cuyas erróneas decisiones protegen a los personajes que cometen ilícitos y actos de corrupción?.

En realidad son diversos factores, pero uno de los principales radica en el proceso de selección misma de los magistrados. En este caso habría que tomar en cuenta que hay magistrados titulares y suplentes y que ambos tienen una forma distinta de selección y nombramiento.

Los titulares dependen al cien por ciento del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y, lamentablemente, la conducta del actual pleno del  CNM no brinda las garantías para operar adecuadamente  un sistema  de selección de magistrados, jueces o fiscales.

En el caso de los magistrados no titulares, supernumerarios, la responsabilidad recae en la Corte Superior o el Ministerio Publico  a la que está vinculado el  juez o fiscal.  Cada  institución hace  un concurso interno de selección donde es designado de manera provisional, concurso en que  no se tiene todas las garantías por lo que está latente el peligro que accedan al cargo personas de dudosa reputación o sin  las capacidades suficientes para el ejercicio de tan delicada responsabilidad.

La presencia de jueces que emiten fallos jalados de los cabellos muestra que no tenemos la garantía para una buena selección de magistrados. La jurista de IDL, Cruz Silva Del Carpio, sostiene que una de las reformas tiene que ser mejorar los canales de selección de los magistrados.

Tenemos como primer problema que quien nombra es el pleno actual del  CNM integrado por personajes cuestionados que no dan las garantías y un segundo caso es la discrecionalidad de la elección que reside en la decisión de cada corte, donde no siempre hay la transparencia necesaria, pese a que los presidentes de la corte son los que eligen a los magistrados suplentes. “En ambos casos hay serias deficiencias”, comentó Cruz Silva.

Que la situación mejore va depender mucho de quiénes estén al frente de las instituciones y en este punto debe ser parte de la reforma el cambio de la composición del actual pleno del CNM en que al menos cuatro de sus siete miembros han sido severamente cuestionados y no ofrecen  las garantías para elegir a las autoridades con rigurosidad y estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.

Con la intención de mostrar una real voluntad de luchar contra situaciones como las descritas, enfatizando la lucha contra la corrupción, el gobierno acaba de anunciar la puesta en marcha del Acuerdo Nacional por la Justicia.  La abogada Cruz Silva del Carpio considera que este Acuerdo tiene serias deficiencias de origen, lo que genera preocupación por lo que vaya a significar como propuesta viable de la reforma de justicia.

Sostuvo que el texto del Acuerdo proviene de planteamientos de algunas autoridades del sistema de justicia que debieran responder por inconductas funcionales y que a la fecha no lo hacen, pero no dudan de aparecer como inspiradores del acuerdo. Uno de ellos es el propio presidente del pleno del  CNM, señor Guido Águila, quien tiene serios cuestionamientos aún pendientes de aclaración.

Otro punto que genera preocupación es que el Acuerdo solo esté integrado por instituciones del sistema de justicia. La población no participa de este propósito y los representantes institucionales de la sociedad civil no han sido invitados a pesar que son los que impulsaron las reformas, los que transmiten y alertan  a las autoridades del sistema sobre las situaciones no percibidas por el Estado y el sistema de justicia.

Silva Del Carpio advierte que entre las propuestas del Acuerdo no encuentra una clara voluntad política para combatir los casos de corrupción ni el qué hacer disciplinario ante los posibles casos de corrupción que se vayan a dar entre los propios magistrados.

El Acuerdo Nacional por la Justicia está conformado por los máximos representantes del Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público y Academia de la Magistratura, que se reunieron para sellar un documento con el que buscan fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar sus servicios a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción.

Sin una real voluntad de auto fiscalización y sin que se haya investigado los actos cuestionables de quienes pretenden hacer la reforma difícilmente se va a lograr una efectiva lucha contra la corrupción, comenzando por las autoridades que participan en el Acuerdo cuya  idoneidad debiera ser irreprochable,  atributo que por ejemplo el actual representante del CNM tendría que asegurar.

Las propuestas deben apuntar a la lucha contra la corrupción. La reforma no es solo crear más juzgados, como lo anunció el presidente del Poder Judicial. “Estamos frente a una nueva oportunidad para que se hagan cosas importantes. Preocupa lo que pasa en el CNM. Si es que no hay un cambio, el Acuerdo presentado por el presidente Kuczynski será más de lo mismo. Esperamos equivocarnos”, enfatizó Cruz Silva.