El nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti, es un hombre de centro, con buena formación y amplia trayectoria internacional. De formas cordiales, busca los acuerdos y evita la confrontación. No obstante, como mostró en el discurso pronunciado en el Congreso tras asumir el cargo, es claro y preciso en sus objetivos. A los 76 años encabezará un gobierno que en menos de cinco meses será responsable de los comicios donde se escogerá a quien a fines de julio presida el país, en ocasión de las celebraciones de los 200 años de la independencia de Perú.

Al elegirlo, el Congreso enmendó en cierta medida la arbitrariedad de destituir a Martín Vizcarra como presidente de la república, el 9 de noviembre, para reemplazarlo por el presidente del Congreso, Manuel Merino, un personaje de segunda o tercera línea que no estaba a la altura de la responsabilidad. Todo indica que detrás de la vacancia –rechazada por una abrumadora mayoría de encuestados– y el reemplazo se hallaba un grupo de presión de extrema derecha, la Coordinadora Republicana que, integrado por altos jefes militares en situación de retiro y algunos civiles que tuvieron figuración pública en otros tiempos, ha desarrollado campañas de presión desde un anticomunismo agresivo. Tras ese grupo se alinearon decenas de congresistas que representan intereses de grupo y ambiciones personales. El sector empresarial aportó tres ministros al nuevo gabinete e inmediatamente después del golpe de mano, los nuevos ministros iniciaron una serie de cambios en materia educativa y de medio ambiente que revelaron una agenda reaccionaria.

Pero la intentona duró solo cinco días, al ser contestada por manifestaciones masivas que se desplegaron cada noche en todo el país, con muchos jóvenes convocados mediante las redes sociales, sin participación de organización política alguna, pero con tácticas aprendidas de movilizaciones similares en Chile y otros países; entre ellas, la descentralización de las marchas fue clave para debilitar la represión. El gobierno de Merino respondió con la fuerza policial y ocasionó dos muertos y decenas de heridos. La Fiscalía de la Nación inició una investigación sobre la responsabilidad del expresidente, los exministros y los jefes policiales en estas acciones, y la cadena de mando ya ha sido establecida.

La extrema derecha, que cuenta con diversos medios de comunicación, lanzó una campaña de desprestigio de las protestas, atribuyéndolas a grupos subversivos. A este recurso se le conoce en el país como “terruqueo”, un peruanismo creado para la acción de desprestigiar a un adversario mediante su estigmatización como cómplice de una subversión que, en rigor, ha sido liquidada. El terruqueo no funcionó y las protestas crecieron hasta que Merino renunció el 15 de noviembre. Convocado el Congreso, eligió a Sagasti dos días después. Asumió la presidencia del Congreso Mirtha Vásquez, 45 años, una abogada de derechos humanos que fue defensora de Máxima Acuña, la campesina internacionalmente reconocida por la exitosa defensa de su tierra frente a la prepotencia de una gran empresa minera.

Los analistas coinciden en que el talante del nuevo presidente puede apaciguar los enconos, enfrentar las urgencias creadas por la pandemia y la crisis económica, y dar la estabilidad que el país necesita para la campaña electoral. Al acto de toma de posesión del cargo en el Congreso fueron invitadas las familias de los dos jóvenes fallecidos y Sagasti, en nombre del Estado, pidió perdón a ellas y a los heridos, a quienes había visitado el día anterior.

El nuevo gabinete ministerial está integrado por profesionales reconocidos, una buena parte de los cuales tienen experiencia en el sector público. La mayoría no registran antecedentes partidarios. Para el cargo de primer ministro ha sido designada Violeta Bermúdez, abogada con una trayectoria profesional vinculada a las demandas y reivindicaciones de la mujer.

En los ocho meses que durará su mandato, el nuevo presidente y su equipo tienen una ardua tarea para la cual su aparición en el escenario ha concitado mucha expectativa; quizá demasiada. Porque su tarea no será facilitada por la oposición empecinada de la extrema derecha, disconforme con cualquier gobierno que no sea el suyo, según un estilo que ahora se despliega en varios países. Tampoco está asegurado el apoyo de los sectores contestatarios que levantan el reclamo de una asamblea constituyente para escribir un nuevo texto constitucional, paso que se presenta como un acto de refundación nacional, sin tomar en cuenta que este tipo de cambios normativos –una docena de constituciones ha tenido Perú– no producen mayor impacto en una realidad aquejada por muchos problemas serios.

Veinte años atrás, con Alberto Fujimori huido del país con rumbo a Japón, el Congreso rechazó su renuncia enviada mediante un fax y vacó el cargo por incapacidad moral. En su reemplazo Valentín Paniagua –un político de centro, moderado y conciliador– asumió la presidencia del gobierno. Con un país en convalecencia luego de diez años de dictadura, cinco meses después se llevaron a cabo las elecciones en las que triunfó Alejandro Toledo. El trabajo hecho por Paniagua y el equipo designado por él ha sido unánimemente reconocido. Si Sagasti logra realizar su tarea a cabalidad, probablemente merecerá una gratitud semejante.

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