Cuando es evidente que maduran las condiciones para una salida autoritaria a la crisis política, empieza a surgir una posibilidad de amplia confluencia social y política de base democrática que podría detener el autoritarismo en curso. La dupla Congreso – Ejecutivo, cada uno con su sesgo y estilo, han avanzado bastante en la intromisión – manejo de instituciones afectando uno de los pilares de la democracia como es el equilibrio de poderes, pese a tener una desaprobación de más de 90% de peruanos; esta ofensiva --desde la izquierda y derecha radicales y conservadoras— busca el control de los entes ejes del Estado que permita dos propósitos: trabar las investigaciones fiscales de sus líderes (Keyko Fujimori y Vladimir Cerrón) que eviten su destino carcelario, y; organizar el próximo proceso electoral a su modo conociendo su desprestigio en la población. La confluencia social y política en ciernes asume que la democracia no debería albergar prácticas en donde la ética es una condición de supervivencia de verdaderos asaltantes del Estado y asume también, por ello, que la condición ciudadana sólo es posible dentro de los parámetros de la democracia genuina y republicana.

La democracia tiene dos dimensiones: como régimen político y como forma de vida social; la primera es la formalidad de las normas y los procedimientos; la segunda se refiere a la construcción de ciudadanía y al ejercicio de las libertades en todos los ámbitos de la vida social, política y económica. La formalidad del régimen político configura en gran medida la democracia como forma de vida social, incluso la podría condicionar. Cuando la vida social se quiere liberar de la presión de la formalidad de normas y procedimientos se presentan los movimientos sociales. Hasta el presente, tanto el Congreso como el Ejecutivo como expresiones de la formalidad política se han conducido en su ruta hacia el autoritarismo (dictadura para algunos) sin preocuparse tanto por los vientos de la democracia como forma de vida social; por eso, los 59 crímenes de las balas militares y policiales son cualquier cosa para sus pretensiones.

Mientras las movilizaciones post 7 de diciembre, por su agenda y convocatoria, estuvieron focalizadas en un sector social y geográfico, la actual confluencia social y política que se está organizando levanta la bandera de la recuperación de los valores democráticos y de la vida democrática. Es, a mi juicio, la cuestión democrática la deuda más compleja en el proceso político peruano que no es asumida de modo enfático, responsable, propositivo y estratégico por la clase política; es, a su vez, el factor decisivo en la crisis del sistema de partidos y en la conducta de sus dirigencias.

Es vital como el aire nuevo, que la confluencia social y política contra los asaltantes de la democracia se empiece a nutrir de nuevos actores políticos apostando por la transformación de la actual democracia “de algunos” por una democracia de todos los ciudadanos y las ciudadanas; es decir, superar la actual democracia mutilada de su esencia liberadora, concentrada en normas y procedimientos, para organizar una democracia donde los ciudadanos y las ciudadanas tengan la oportunidad de construir el desarrollo como fuente de equilibrio y de erradicación de las brechas económicas, sociales, étnicas culturales, generacionales y de género. Una democracia donde los pobres encuentren la realización de sus demandas y expectativas y participen en la construcción de un presente y futuro de bienestar.

En ese gran desafío, será transcendente que la coalición social y política en curso encuentre su propia representación política para llegar a los niveles de gobierno y realizar las profundas reformas que la actual crisis del régimen político lo viene exigiendo.