La correlación mafiosa que maneja el congreso de la república viene desarrollando un plan de demolición de la -débil y precaria- democracia. Si bien el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo intentó ejecutar un golpe de Estado, el hecho concreto es que los que sostienen a Boluarte en el poder son los que finalmente casi la han destruido por completo.

Es en ese contexto que el asunto de la Junta Nacional de Justicia se convirtió en un tema crucial para esa correlación mafiosa. Es importante tener muy presente que la JNJ es el órgano constitucional encargado de la designación y destitución de jueces y fiscales en nuestro país. Tiene, pues, una tarea fundamental en nuestra democracia. La JNJ existe como consecuencia de una modificación constitucional aprobada el 2018 luego de la desactivación del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura luego de acreditarse que sus integrantes estaban comprometidos en graves actos de corrupción.

¿Pero por qué razón esta correlación mafiosa del congreso tiene la decisión de liquidar a la JNJ? 

El asunto en concreto. Se trata de garantizar -a como dé lugar- la presencia de Patricia Benavides a la cabeza del Ministerio Público. No cabe duda que Benavides ha jugado un papel fundamental en las investigaciones penales por casos de corrupción que se iniciaron contra el expresidente Pedro Castillo y en el pedido de prisión preventiva que ahora cumple en Barbadillo. Eso nadie lo debe negar. Pero la historia de Benavides en la Fiscalía de la Nación no solo está relacionada a Castillo, sino también a otras circunstancias muy complejas y legalmente inadmisibles.

Vamos a comentar solo una de ellas. La que es la más grave. Cuando Benavides postuló a fiscal suprema los miembros de la JNJ le preguntaron sobre qué habría en relación al caso de su hermana Emma Benavides que -en ese momento-ya se conocía estaba siendo procesada por casos graves de corrupción de funcionarios, en concreto por pedir coimas a narcotraficantes. La respuesta de Benavides fue tajante. Respondió que jamás tendría ningún tipo de injerencia. El hecho es que cuando fue elegida como fiscal de la nación, una de las primeras cosas que hizo fue sacar a la fiscal a cargo del caso de su hermana y colocar a un fiscal designado por ella, quien al poco tiempo archivó la investigación.

Aquí y en cualquier parte del mundo ese hecho sería, más que suficiente, para destituir a cualquier alto funcionario del sistema de justicia. En el Perú, la JNJ decidió abrir investigación contra Patricia Benavides y a partir de ese momento en el congreso se inició la campaña de demolición o liquidación de la Junta.

En el congreso se ha pretendido levantar cargos de supuestas faltas graves acusando a sus integrantes de una intromisión indebida en las funciones del sistema de justicia. Pero, además, el congreso inventó un procedimiento sumario -que de hecho no existe- contra los integrantes de la JNJ. Establecieron un plazo sumario de 14 días, que ellos mismos incumplieron. Citaron a los integrantes a rendir cuentas ante el congreso, sin que aquellos sepan con certeza cuál es el procedimiento al cual estaban siendo sometidos, pero, además, citaron al presidente del Poder Judicial y a varios jueces supremos y las intenciones -y también mediocridad- de los congresistas quedaron absolutamente evidentes. No existía ninguna falta grave ni nada. Solo se trataba de un linchamiento político.

El hecho es que esa maniobra les salió -como se dice- por la pata de los caballos y a los pocos días tuvieron que admitir que no existían faltas graves. 

Pero como la legalidad importa un comino en el congreso la semana que pasó la Comisión de Justicia -controlada por esa mafia congresal- decidió volver al único objetivo que tiene sobre la JNJ: liquidarla y destituirla. Sin tener un dictamen y menos razones legales o evidencia alguna, aprobaron la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia porque -supuestamente-han incurrido en la comisión de faltas graves. Increíblemente, la Comisión aprobó semejante dictamen “con cargo a redacción”. 

No me cabe ninguna duda que se trata de un golpe, no solo a la JNJ y con ello a la independencia del sistema de justicia, principio elemental que aquella debe proteger, sino también un golpe extremadamente grave a los más elementales fundamentos de un régimen democrático, el cual en el Perú se está extinguiendo. El siguiente paso será el asalto al sistema de justicia.