Aunque para algunos es parte de una estadística, ella tenía un nombre, 14 hijos y apenas 36 años de vida. Sólo en Piura, a la N° 24, entre enero y agosto del presente año, le antecedieron otras 23 mujeres que murieron por complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio y todo hace suponer que, de seguir así, superaremos los 41 casos registrados en el 2015.

Todos sabemos que la muerte materna es prevenible y hay tres pilares básicos para su reducción; a) el acceso amplio y garantizado a métodos anticonceptivos de elección, b) la atención oportuna y calificada del parto y c) la atención a las emergencias obstétricas, incluyendo el aborto legal y seguro. Ninguna de estas son medidas espectaculares o inaccesibles, por lo que debería ser parte sustantiva de la rendición de cuentas que involucra a todos los niveles de atención del Sector Salud, tanto público como privado. Por el contrario, la ausencia de dichas medidas es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres.

De hecho, ni para la N° 24, ni para las otras 624 mujeres que han muerto entre el 2015 y la fecha, estas medidas que parecerían obvias funcionaron. Más aún, queda claro que la mujer N° 24, con trece embarazos previos (el último gemelar), nunca tuvo oportunidad ni medios para controlar su propia fecundidad.

En el Perú, cada semana mueren alrededor de 8 mujeres por causas maternas; 4 de esas muertes se producen por complicaciones directas del embarazo que no fueron atendidas de manera oportuna; 3, por complicaciones indirectas, incluyendo enfermedades de fondo y el suicidio; y una por violencias y accidentes de tránsito; es decir, más del 90% de las muertes estuvieron relacionadas a un sistema de salud que no funcionó ni para prevenir, ni para controlar los daños.

El “caso 24”, así como el de las adolescentes que se embarazan siendo muy jóvenes y muchas veces sin quererlo, muestra que medidas de prevención de tan bajo costo como la anticoncepción, no estuvieron en sus manos. Asimismo, da cuenta del confort que a muchos ministros les ha producido tener en el closet a la planificación familiar y no enfrentar el estigma que sectores ultra conservadores impusieron a las políticas de población, a sabiendas del impacto que esta omisión tenía para las mujeres más pobres.

Sin embargo, además de esta ausencia preventiva de gran valor, no se puede perder de vista la inoperancia del sistema sanitario; pues, rescatando el recorrido de la “N° 24”, ella antes de llegar al Hospital de Sullana, hizo un viaje de seis horas desde su alejada comunidad, y aunque previamente pasó por el Centro de Salud de Sapillica (Ayabaca), no se tomaron las medidas frente a una posibilidad de hemorragia y fue después de la cesárea que se le hizo que su cansado útero ya no pudo resistir, produciéndose lo que se conoce como una “hemoperitoneo post cesárea” (Sangrado interno), que al viudo tradujeron como “paro cardiaco”; es decir, lo suficiente como para que no ande buscando responsabilidad alguna.

De hecho, la “N° 24”, no podrá contar su historia, ni sus sueños. Sus recién nacidos tampoco tendrán memoria de ella, y sus pequeños hijos enfrentarán retos difíciles que ojalá puedan superar. Pero eso no debería hacernos indiferentes y dejar de lado medidas urgentes que tanto el Ministerio de Salud y las Direcciones Regionales de Salud hace tiempo debieron tomar: consejería, orientación y acceso a métodos anticonceptivos, sin ningún tipo de discriminación ni restricciones; control del embarazo; acceso al aborto seguro; parto y puerperio con estándares de calidad, así como referencias que no signifiquen “llega como puedas”. Esperamos que este nuevo gobierno también tenga un compromiso claro sobre este tema y sea la esperanza para que estas estadísticas nefastas dejen de existir.