Una reciente publicación de Maria C. Villegas Otero, indica que lo que es sabido en el Perú respecto a la política de control natal (nótese que no hablo de planificación familiar), fue un invento y señala que, en Perú, solo hubo políticas que no estuvieron acordes con el sistema sanitario e implementadas por ineptos profesionales de salud, que se dedicaron a esterilizar mujeres. Así pretende ignorar la autora uno de los eventos más emblemáticos de la política sanitaria, conducido por el Dr. Nagahata, -más poderoso que sus ministros- al convertir el llamado “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”, en la instancia más importante del Ministerio de Salud, tanto en términos presupuestales como de recursos humanos; y cuyo resultado se monitoreaba en el número de mujeres ligadas y hombres (en mucho menor proporción) vasectomizados.

Sobre la solidez académica del libro, no añadiré nada a lo señalado por Juan Pablo Murillo, salubrista, epidemiólogo y profesor de la Facultad de Medicina de San Marcos, cuando menciona que “..Uno podría esperar de un trabajo académico, y sobre todo, de alguien que viene del mundo académico anglosajón, una escrupulosa construcción de su objeto de estudio, más aún de un tema donde existe numerosas evidencias y trabajo investigativo y nos plantee una crítica alternativa a partir de un estudio de caso…”, extrañando así la voz de los actores, incluyendo a las víctimas, que otros estudios si lo hacen, mencionando aportes claves de expertos documentados como Marcos Cueto1 con "La vocación por volver a empezar: las políticas de población en el Perú” y Raúl Necochea con "La Historia de la Planificación Familiar en el Perú” (IEP 2016).

Sin embargo, hay datos que no puedo omitir y que podrían ser útiles para alertar la consistencia de esta investigación. Como dice la autora, el Programa de Planificación Familiar de Fujimori, se inicia en 1991, al declararlo “Año de la Planificación Familiar”. Tres años antes de la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD 1994), la misma que rompió con el paradigma del control natal como una condición para el desarrollo, alineando dos conceptos paradigmáticos en la nueva visión de la planificación familiar: Que las decisiones reproductivas corresponde a las personas (particularmente mujeres) y que los derechos reproductivos son derechos humanos, por ende, irrevocables y exigibles. Entonces, en términos de temporalidad, no es posible asociar el Programa de Fujimori, con la CIPD 94, tan preciada por el movimiento de derechos reproductivos, de la cual soy parte. Desde mi punto de vista, lo que ocurrió es que Fujimori se aprovechó del lenguaje de la CIPD, y de la discriminación de las mujeres más pobres, de no disponer de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), como una opción válida para las que no quieren tener más hijos y que no fue admitida en la primera Ley de Población, aprobada en 1985. 

Un segundo hecho -y que hace más dudosa “su verdad”- es afirmar que la implementación de las AQVs incluía regulaciones. La autora obvia el detalle que las regulaciones no solo eran laxas y genéricas con relación a las especificaciones técnicas, sino, que no garantizaban la elección ni el consentimiento informado. Las especificaciones fueron introducidas algunos años después, ante el tremendo escándalo por la vulneración de derechos y fue justamente en el espacio de la “Mesa Tripartita”, donde participaba también la sociedad civil, que se incorporaron medidas correctivas como el “tiempo para la reflexión” o la calificación de los servicios de salud para realizar estas prácticas.

Finalmente, algo que la autora no señala, es que el Estado Peruano fue uno de los cinco países a nivel mundial donde se evidenció la violación de la Enmienda Tiahrt, establecida en el marco del acuerdo entre USAID y el Ministerio de Salud, al demostrarse que la oferta forzosa de la AQV venía con incentivos (ropa, trabajo, alimentos, etc.). Así mismo se detectaron amenazas de denegar beneficios, incluidos ciertos servicios de salud y/o pérdida de apoyo alimentario, si se negaban a aceptar dicho método. 

Por ende, no se puede disfrazar la defensa de la planificación familiar, con la vulneración de derechos humanos de las mujeres que hubo en torno a las ligaduras forzadas, pues ya bastante tenemos con la injusticia que ha afectado a miles de mujeres, para que ahora nos quieran hacer creer que se trata de una mentira.

1 Marcos Cueto, Presidente de la División de Historia de la Ciencia y la Tecnología de la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, con sede en París.