Por una salida pacífica a la crisis

Los más de 200 mil muertos producidos por la pandemia (la mayor cifra en el mundo por millón de habitantes) y el festín de corrupción de las autoridades del estado en medio del dolor y sufrimiento de millones de peruanos, durante la pandemia, es la flagrante y obscena demostración del fracaso del estado criollo que se funda en 1821.

El asesinato más de 50 peruanos para intentar detener la crisis que el gobierno de Dina Boluarte y el congreso han provocado al vacar a Pedro Castillo, convertido en espiral de violencia represiva y homicida, pretende ampliarse mediante la declaración del Estado de emergencia a partir del 15 de enero. No es otra cosa que otorgar licencia e impunidad a la represión en mayor escala que quieren implementar.

Pretensiones vanas pues el pueblo ha dicho basta al abuso, la corrupción y el golpismo. Ninguna campaña de terruqueo y represión lo hará retroceder. Por el contrario, se abren las puertas al incremento de la violencia y la ilegitimidad del gobierno, que puede provocar la rebelión justificada.
Sin patria ni sentido de nación los grupos dominantes desconocen el resultado electoral de abril de 2021 y promueven la salida golpista desde antes de que PL y Pedro Castillo ingresen a palacio de gobierno.

La masiva, enérgica y digna reacción de las regiones contra el desprecio de la voluntad popular, exigiendo respeto al ejercicio democrático de abril de 2021, ha evidenciado la enorme fuerza, valentía y espíritu de lucha de nuestro pueblo.Así como la ausencia de proyecto político alternativo y de un mínimo de organización y orientación política centralizada.

El abrumador rechazo de la población contra el congreso y Dina Boluarte (88% según últimas encuestas) que sigue en lucha indeclinable por una salida democrática, deteniendo mayor derramamiento de sangre del pueblo, debe ser encarado con la mayor urgencia.

Dar vida a una instancia que permita coordinar las diversas y múltiples acciones de luchas, recoger las demandas y unificarlas en una plataforma, y tener representación para ser interlocutores con el poder existente.

Eso significa la presencia de lideres sociales regionales, gobernadores, fuerzas políticas, gremiales, de la iglesia, de las familias de los asesinados, entre otros.
Que teniendo como coordinador un ente de esta naturaleza se busque una transición pacífica y democrática de la actual crisis, lo que implica:

1.Renuncia de Dina Boluarte y disolución del congreso
2.Nueva mesa directiva del congreso elegida por consenso antes de disolución del congreso
3.El nuevo presidente de la directiva asumiría la presidencia transitoria del país
4.Elecciones y referéndum constitucional en 6 meses plazo
5. Reformas indispensables: sentenciados por corrupción, narcotráfico, violación y terrorismo no podrán postular, no a la reelección congresal, renovación por tercios.
6. Todos los bienes de los sentenciados por corrupción serán embargados por el estado.
7.Investigación y sanción expeditiva de los responsables de las acciones criminales en las protestas.
Que se vayan todos. Dina Boluarte y el actual congreso, causantes de la actual crisis y muerte de decenas de peruanos inocentes no pueden continuar. Que las organizaciones políticas, gremiales y gobiernos regionales y provinciales asuman la formación de la Asamblea Nacional por la Democracia al más breve plazo.