Todos coincidimos en que necesitamos un Estado Peruano moderno y eficiente. Para ello, es necesario contar con un cuerpo de trabajadores públicos elegidos por mérito, según sus conocimientos y habilidades. Sin embargo, en nuestro país ocurre todo lo contrario, ya que por encima del mérito se ha impuesto la “argolla” o el “favor” político, es decir, un sistema de clientelismo donde los más cercanos al partido de gobierno resultan los favorecidos.

El 20 de julio pasado, James Anaya, relator de la ONU sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, presentó su informe sobre los pueblos indígenas de la amazonía peruana y los sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio de este año. En este informe, Anaya mostró su preocupación porque el gobierno insiste en realizar “imputaciones penales” a los dirigentes indígenas, lo que pone en serio peligro el diálogo con las comunidades amazónicas.

Uno de los proyectos de saneamiento que Lima y Callao necesitan con urgencia es la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Taboada, pues en la actualidad, los colectores de la ciudad vierten sus desechos, sin ningún tratamiento, directamente al mar. Sin embargo, el actual gobierno mostró un total desmanejo de este importantísimo proyecto y ha firmado el contrato de concesión respectivo, el pasado martes 4 de agosto, con una empresa cuestionada sin saldar el debate que había al respecto.

En la búsqueda de caminos para concretar su afán de permanecer como la suprema autoridad de la política peruana, Alan García ensaya, en el último discurso de Fiestas Patrias, el papel de caudillo plebiscitario. La relación directa entre el líder y el pueblo, en la que el primero propone y los demás aplauden y eventualmente votan para ratificar la voluntad del salvador.  Es el intercambio de favores por apoyos y quizás votos que se denomina clientelismo. Hasta ahora García lo había hecho a través de la maquinaria estatal.