Llegamos finalmente al cinco de octubre, fecha de las elecciones locales y municipales, con una sociedad exhausta no de propuestas electorales sino de denuncias de corrupción contra cientos de candidatos a diversos niveles de gobierno municipal y regional. El espectáculo de la campaña nos ha mostrado una aguda corrupción de la clase política pero también el envilecimiento de la cultura ciudadana, en muchos de cuyos sectores parece prevalecer aquello de “roba pero hace obra”.

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, está en su hora más difícil por los diversos cuestionamientos a su labor en el Ministerio Público, una de las entidades claves del sistema de justicia del país. La preocupación por su nombramiento surgió a partir de su cercanía con su antecesor, el ex fiscal José Peláez Bardales, de quien se decía era “su” candidato. En ese entonces, Peláez Bardales estaba en el escrutinio público porque sus actuaciones habrían favorecido al entorno de César Álvarez.

Últimamente los medios de comunicación han denunciado múltiples episodios de lobby privado en diversas esferas de la administración pública. Se ha llegado al escándalo mayúsculo, en el caso de los “cornejoleaks” y la llamada “ley Coca-cola”, de revelarse cómo estudios y consultoras privadas redactan proyectos de ley que luego el Poder Ejecutivo presenta al Congreso.

Elecciones regionales, entre radicalismo y escándalos de corrupción