Ha pasado medio año desde la promulgación de la nueva Ley Universitaria (Ley N°30220). En el actual escenario, la tarea de construir una Universidad peruana de calidad sigue siendo un desafío que no está libre de alertas que ponen en peligro este objetivo. Desde Otra Mirada hemos insistido en la necesidad de una reforma universitaria que puede tener en esta Ley una herramienta para avanzar. Veamos de qué alertas se tratan y qué alternativas tenemos por delante.

La noticia de que el Segundo Juzgado Civil de Ica declaró la inaplicabilidad de la Ley Universitaria en la región y, en consecuencia, la activación de la Asamblea Nacional de Rectores, fue el primer campanazo sobre los problemas que deberá enfrentar la Superintendencia de Educación Superior Universitaria para reordenar el sistema. Fue la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica la que impuso esta demanda contra el Ministerio de Educación y el Congreso, uno de los centros universitarios de mayor precariedad institucional. Con esta decisión, los jueces aíslan a dicho centro de estudio del conjunto universitario y golpean la naciente superintendencia que requiere del mayor apoyo político para sostenerse. ¿Puede replicarse este caso en otras regiones? ¿Qué hace el ministro Saavedra para prevenir casos similares?

El abandono de la universidad pública requiere de un relanzamiento académico y democrático. El caso antes descrito así lo señala. Sin embargo, el Ministro de Educación insiste en el perfil tecnocrático para encaminar al sistema universitario. De otra manera no se explica el nombramiento de Lorena Masías Quiroga, una economista especialista en pensiones y finanzas, como la flamante Superintendente de Educación Superior. En opinión del profesor Zenón de Paz, ex Director de la Escuela de Filosofía de la UNMSM, dado el deterioro académico y la precaria situación institucional por la que atraviesa la universidad pública, se requiere de profesionales que comprendan dicha problemática y que propongan políticas de Estado para enfrentarla. ¿O acaso se espera que el superintendente se dedique solo a llevar las cuentas de la universidad?

Si bien la desactivación de la ANR, convertida en el crisol de todos los dolores de cabeza del sistema universitario, fue el mayor logro simbólico de la nueva Ley Universitaria pues se dejó sin piso a las mafias que habían controlado por la fuerza y el dinero decenas de universidades públicas y privadas, se requiere un liderazgo para que los rezagos de las mafias no torpedeen lo ya avanzado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que todavía no se haya realizado la Asamblea Estatutaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos dispuesta para agosto del 2014? ¿Quién dice esta boca es mía?

Ya tenemos ciertos avances: De las 32 universidades públicas institucionalizadas, 29 han conformado el Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo y más de la mitad de las universidades (17) tienen Asambleas Estatutarias constituidas. Por ello, nuevamente afirmamos la necesidad de un liderazgo político para enfrentar la problemática universitaria. Luchar contra el desgobierno y enfrentar las denuncias de corrupción alcanzadas por los respectivos sindicatos de docentes y grupos de estudiantes debe ser la consigna. Esperemos que las autoridades elegidas estén a la altura de lo que la Universidad peruana reclama hace décadas.