Han pasado 45 días desde la confirmación inicial y la alerta regional por sarampión en Puno. hasta la publicación, anoche, del Decreto Supremo N°008-2026-SA, que declara la emergencia sanitaria por brote de sarampión con transmisión local confirmada y riesgo de diseminación hacia otras regiones del país. Puno ya registra oficialmente 275 casos confirmados.

Recién ahora, el gobierno de José María Balcázar, que lleva 88 días al frente de la Presidencia de la República, y el ministro Juan Carlos Velasco, con más de dos meses al frente del Ministerio de Salud del Perú —y con experiencia previa en cargos de alta responsabilidad sanitaria nacional, incluyendo Susalud y el INS—, han decidido activar una emergencia sanitaria frente a uno de los virus más contagiosos del mundo.

No estamos hablando de una amenaza menor. Según la Organización Mundial de la Salud - OMS, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen: una persona infectada puede generar hasta 18 casos secundarios en población susceptible. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos - CDC recuerda, además, que hasta 9 de cada 10 contactos cercanos no protegidos pueden infectarse.

Demoraron 45 días para declarar la emergencia frente a un virus que no espera.

Y demoraron esos 45 días para emitir un decreto supremo que resulta insuficiente en tres dimensiones: técnica, territorial y financiera.

Primero: insuficiente desde lo técnico-asistencial.

El decreto se concentra en vigilancia, control del brote, vacunación y respuesta epidemiológica. Todo eso es necesario, por supuesto. Pero no explicita con la misma fuerza la preparación de los servicios para atender a los enfermos: aislamiento, hospitalización, oxígeno, cuidados intermedios, cuidados intensivos, manejo de complicaciones y disponibilidad efectiva de recursos clínicos.

El sarampión no es solo un problema de vigilancia y vacunación. También es un problema de servicios de salud.

Según el CDC, aproximadamente 1 de cada 5 personas no vacunadas con sarampión puede requerir hospitalización, y cerca de 1 de cada 1.000 niños puede desarrollar encefalitis, una complicación grave que exige atención compleja. Estas cifras pueden empeorar cuando hay baja cobertura de vacunación, desnutrición, deficiencia de vitamina A o acceso limitado a servicios de salud. Y esas condiciones, lamentablemente, no son ajenas al Perú.

Segundo: insuficiente desde el punto de vista territorial.

Todos esperamos que el brote pueda quedar confinado allí donde empezó. Pero una política sanitaria responsable no se diseña sobre la base del deseo, sino sobre la base del riesgo.

Según la OPS, el riesgo regional por sarampión en las Américas es muy alto, especialmente en países con bajas coberturas de vacunación. Y el Perú tiene razones para preocuparse: la propia alerta regional de Puno recordaba que las coberturas nacionales estaban por debajo del umbral de seguridad recomendado, lejos del 95% necesario para sostener protección poblacional.

Entonces, ¿por qué actuar como si el riesgo estuviera limitado solo a los territorios declarados en emergencia?

¿Acaso el resto del país no tiene bolsones de población no vacunada, cadenas de frío que reforzar, brigadas que movilizar, laboratorios que fortalecer y servicios que preparar?

La experiencia regional debería bastar para no subestimar el escenario. Según reportes de la OPS, las Américas enfrentan un brote multipaís que ya acumulaba más de 18 mil casos confirmados y 15 muertes hasta la semana epidemiológica 16 de 2026.

En México, la afectación llegó a todas las 32 entidades federativas. En Bolivia, el sarampión alcanzó 8 de sus 9 departamentos. 

Si nos miramos en el espejo de México y Bolivia, países con desafíos territoriales, sociales y sanitarios comparables a los nuestros, no se entiende por qué limitar la respuesta y no declarar una emergencia de alcance nacional.

Tercero: insuficiente desde lo financiero.

Se les exige a los territorios comprendidos en la norma realizar acciones extraordinarias, pero sin presupuesto extraordinario. La implementación se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados. 

Es decir: se pide una respuesta excepcional con recursos ordinarios. 

Es el viejo truco de la frazada corta: o se abrigan los pies o se abriga la cabeza.

En salud pública, eso no es prudencia fiscal. Es irresponsabilidad sanitaria.

Lo que correspondía era aprobar un plan de contingencia nacional, técnicamente completo, territorialmente amplio y financieramente garantizado. No una norma que ordena más acciones sin asegurar plenamente los recursos para ejecutarlas.

El sarampión no negocia con la lentitud burocrática ni con los cálculos políticos. Frente a una enfermedad capaz de propagarse con enorme velocidad, cada día cuenta.

Y aquí ya se perdieron 45.

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* Ex- ministro de Salud del Perú y Asesor Internacional en Políticas y Sistemas de Salud