Contrario a los pronósticos, la vacunación en el Perú no se ha detenido. El cambio de gobierno no ha afectado su marcha y, muy por el contrario, ha avanzado ampliando edades e, incluso, dando un giro positivo a la vacunación, pasando de una actividad en que se esperaba a las personas a ser vacunadas, especialmente los fines de semana, a una más proactiva en donde es la vacuna la que va al encuentro de la gente; así, mercados, paraderos, lugares de culto y ahora, casa por casa, se convierten en lugares de vacunación.

Esto no hubiese sido posible sin el buen criterio del Ministro de Salud Hernando Cevallos de primero, mantener el equipo responsable de esta compleja operación; segundo, utilizar las capacidades, competencias y experiencia acumulada de las enfermeras, columna vertebral del proceso; y, tercero, de garantizar y ampliar la dotación de insumos para vacunar con, por lo menos dos dosis, a 25 millones de peruanos mayores de 18 años, en una primera instancia e ir ampliando el rango de edades para mayores de 12 e iniciar la inoculación de una tercera dosis a poblaciones más vulnerables o en alto riesgo por exposición, empezando por el personal sanitario. 

De todos estos elementos, el acceso a las vacunas ha sido y continúa siendo un terreno complicado de transitar, especialmente para los países que somos totalmente dependientes de su disponibilidad en el mercado, toda vez que ni somos los creadores de esta tecnología, ni tampoco tenemos las capacidades industriales para producirla localmente. Solo somos compradores y con una posición débil en el mercado dada nuestra clasificación de país de ingresos medios y de que nuestros volúmenes de compra son modestos si lo comparamos con otros países con más población o más ricos. 

Y ese es el gran problema, que el acceso a las vacunas, cuya eficacia para salvar vidas está más que demostrada, está mediado por “la mano invisible del mercado”. 

Las vacunas, por naturaleza, son bienes privados. Cumplen, al menos, con dos de los requisitos indispensables para ser considerados como tales. En primer lugar, se pueden dividir en unidades, la cuales se denominan “dosis”, por tanto, se pueden vender en número de dosis. En segundo lugar, esta dosis puede ser utilizada únicamente por una persona. Esto la diferencia de un bien público como, por ejemplo, el aire que respiramos, el cual no se puede dividir en unidades y el uso del aire por parte de una persona, no impide que otras también puedan disfrutarlo. 

Sin embargo, la vacuna tiene una característica que la diferencia de otros bienes privados, la externalidad. Esto significa que aquella persona que se vacuna, al mismo tiempo que se protege, también protege a otros al romper la cadena de contagios. Por esta externalidad (en este caso positiva), los estados convierten este bien privado en un bien público. Tenemos que garantizar que todos se vacunen para protegerse del contagio y la posibilidad de morir y, al mismo tiempo, impedir que el virus siga circulando, la famosa “inmunidad de rebaño”, el cual en el COVID se calcula sea igual o mayor al 75 por ciento de población vacunada. 

Dada las características de la pandemia, para garantizar su control necesitamos que, así como en una aldea o un distrito 75 de cada 100 tienen que esta vacunados, en la aldea global en que todos vivimos requerimos alcanzar ese nivel mínimo. 75 de cada 100 habitantes del planeta. Para lograrlo requerimos 11,000 millones de dosis (de las cuales el Perú requiere unas 80 millones, equivalentes a 0,007% del total)

Lamentablemente, esta meta está lejos de ser alcanzada. De hecho, ha sido postergada en algunos países hasta el 2023. ¿La razón? “la mano invisible del mercado”. Este bien privado es tratado en este mercado como tal. Se vende a quien pueda pagarlo y quienes no, esperan o ven el producto detrás de las vitrinas. En la fila de los compradores, los primeros en comprar han sido, como en todo mercado, aquellos con la información y los fondos necesarios para iniciar las negociaciones temprano y garantizarse volúmenes más que suficientes para satisfacer sus necesidades sanitarias y políticas. 

Qué pasó, y sigue pasando, con los países con menos acceso a la información o simplemente pobres. El mercado responde: no tiene acceso al producto; por tanto, quedan condenados a ganar la tan ansiada inmunidad de rebaño a un precio altísimo, si se mide en número de muertes evitables y sistemas de salud y economías nacionales y familiares devastadas. Miles de millones arrojados a la miseria. Todo esto a pesar de los incansables llamados del director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Ashanom Ghebreyesus. 

Hoy, mientras los países más ricos ya inician la inoculación de su tercera dosis (y han acaparado un excedente de 1,200 millones de dosis), solo el 5% de toda la población de África ha recibido la primera dosis y en el caso de América Latina solo el 35% se encuentra completamente protegida con dos. En el caso del Perú, con un inicio tórpido, ha sabido navegar estas aguas internacionales con éxito y ya se acerca a proteger a la mitad de su población. 

La situación global, sin embargo, no es solo una “bancarrota moral”, sino un fracaso de las políticas públicas globales, esas decisiones que las autoridades estatales, envestidas de poder, deciden hacer o no hacer y que afectan positiva o negativamente nuestras vidas como ciudadanas y ciudadanos. En este caso, el poder de las autoridades estatales de alcance global muestra sus límites frente al embate de fuerzas más poderosas cuya única racionalidad es la del lucro, muy por encima del bien común. 

Frente a esta dramática situación la OMS apeló entonces a la solidaridad y la caridad, juntamente con la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), organización global público-privada que moviliza fondos públicos y de organizaciones filantrópica creó el mecanismo COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) con la finalidad de garantizar que los países pobres pudiesen tener acceso a las vacunas, ya sea recibiendo los excedentes de otros países (solidaridad) o comprados vía un fondo común organizado con fondos de varios estados y de donantes (caridad). 

La iniciativa lamentablemente no logró sus objetivos. Según el diario El País “solo el 5% de las vacunas administradas en el mundo han sido adquiridas y distribuidas por este mecanismo”, esto es, según la agencia EFE, 280 millones de dosis a 141 países, de los cuales 45 millones han sido destinados a América Latina (lo que incluye al Perú, el cual fue el segundo en incorporarse a este mecanismo después de México). 

En resumen, en medio de una devastadora pandemia que ya cobra casi 5 millones de fallecidos (y según la revista The Economist, es el triple), el acceso a una tecnología que marca la diferencia entre la vida y la muerte, un bien público global como lo es la vacuna contra la COVID19 no ha podido ser garantizado para toda la humanidad, ni por los gobiernos, ni por las estructuras supranacionales. 

La filantropía, por un lado, una vez más muestra sus límites y la solidaridad, por el otro, no logra pasar del discurso. El mundo enfrenta así su futuro post pandémico, un proceso excesivamente largo y doloroso marcado por la primacía de los balances financieros y el pulso de las bolsas de valores.