Hay demasiada información sobre el coronavirus. Lo real es que ya somos uno de los países a los que, al parecer, se nos puede escapar de las manos. Todo dependerá de que las medidas para mitigar su expansión, sean implementadas ahora y no mañana. Cada minuto cuenta.

A estas horas del día, ya es de conocimiento, la declaración del estado de emergencia a nivel nacional, así como un periodo quincenal de cuarentena obligatorio. Se cerraron las fronteras y estarán suspendidos algunos derechos civiles como el derecho a la libre circulación y reuniones sociales. Solo se podrá salir de casa para poder adquirir alimentos, medicinas o si se trabaja en algunos de los rubros considerados servicios esenciales: atención médica, bancos, alimentos, transporte, teleoperadores o personal de cuidado a niños y ancianos.

En términos sanitarios las medidas preventivas que tomó el Ejecutivo –previas al 15 de marzo- fueron las adecuadas pero insuficientes. En términos económicos y sociales se percibe que las acciones y decisiones no responden a los principales sectores vulnerables de la sociedad. Un problema de esta envergadura, altera las formas de relación social y económicas elementales en el país, las cuales requieren acciones integrales e intersectoriales, mas no de acciones segmentadas y desarrolladas por separado.  

Me quiero centrar en lo siguiente: el Perú tiene una singularidad en el mundo con relación a su Población Económicamente Activa. El 72% de ella, es informal. Eso quiere decir que no hay empleadores responsables en otorgar un contrato de trabajo, CTS, seguro o vacaciones. Dentro del mundo de la informalidad, hay cifras en negro: los auto-empleados, los sub empleados, los tercerizados, los trabajadores por aplicativos, los que viven al día a día. Si abrimos el radar, están los desempleados, los ninis, los encerrados en un conteiner o los confinados en algún sótano de Gamarra. Si seguimos abriendo el abanico nos encontraremos con los mendigos, los que viven en la calle, los ancianos que solo comen si pueden llegar a un comedor popular o si les regalan algo. 

No es para alarmarnos más de lo que ya podemos estar, simplemente que por fin están en el centro del debate y de posibles acciones, los trabajadores informales, los desempleados y la precariedad laboral. Tuvieron que pasar casi 30 años para que un virus los haga reales. ¿Cómo hacemos para que toda esa población no se termine consumiendo, en la desigualdad, en esta circunstancia de pandemia? ¿Qué va a pasar con la mayoría de trabajadores de este país?

Ante un escenario que amerita revivir lazos de solidaridad y compromiso social, resulta insultante las declaraciones de la Ministra de Trabajo en querer reemplazar el descanso médico por el período vacacional, si es que un trabajador resulte sospechoso de tener el virus. Días posteriores corrigió el error, pero el mensaje fue dado y una medida así no solo es errada sino, arbitraria y hasta discriminadora, pues no se dice nada de dos de los grupos más grandes de empleo en el país: el autoempleo y los asalariados temporales. 

Se ha anunciado el trabajo remoto (teletrabajo) ¿Qué impacto tendría esto en los más necesitados donde la informalidad es la norma? A junio del 2019, se cuenta con 1.734 trabajadores usan la modalidad del teletrabajo, según cifras del MTPE. He aquí un detalle, es muy difícil que las empresas que no tienen prácticas de teletrabajo puedan implantarlo de urgencia. De hecho, las compañías que han empezado a usar este modelo ante la actual situación de alerta es porque ya tenían políticas de teletrabajo más o menos implantadas y simplemente lo que han hecho es ejecutarlas y ampliarlas. Implantarlo en una empresa o entidad estatal que no lo ha tenido nunca es muy difícil porque requiere políticas, tecnología y una calidad directiva que no se improvisan en quince días. 

Por el lado de los trabajadores, la medida debe ser acordada entre trabajador y empresa, el teletrabajo no puede imponerlo la empresa. El trabajador tiene derecho a decidir ya que este cambio implica modificaciones en el régimen contractual, pues supone que una parte de la actividad laboral se realice sin vigilancia empresarial y esto no se puede imponer. Que esta situación nos permita mirar el factor tecnología como un aliado para repartir el trabajo en manos de todos y así no excluir a nadie del mercado laboral. 

Finalmente, comparto algunas medidas que pueden complementar lo ya dado y que pueden ayudar a responder algunas interrogantes:

• El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) cerró el 2019 con 5,472 millones de dólares. Esto significa que tenemos ahorros para poder afrontar algunos subsidios urgentes como abastecimiento de agua (allí donde los pobres compran todos los días), alimentos para los desempleados, auto-empleados, indigentes, mendigos, sin techo.
• Los sistemas de delivery representaron un factor importante para China y ahora para Estados Unidos. Las plataformas digitales y Apps deben otorgar gratuitamente insumos a los miles de transportistas (mascarillas, gel antibacterial y la modificación “sin contacto” en las entregas), así como un seguro de salud y accidente, (asumido entre ambas partes)1, contar con un registro de los repartidores y el otorgamiento de un vínculo laboral escrito o digital, fiscalizado por el Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo.
• Durante los años 80 y 90, las organizaciones sociales de base (comedores populares, vaso de leche, casas refugio) sirvieron de “colchón” para la crisis. Ahora que se ha anunciado la transferencia de 40 millones de soles al Midis para atender proteger a adultos mayores y personas con discapacidad, muchos de los programas focalizados, dejará de lado a personas que bien pueden atender estas organizaciones que aún quedan. Los municipios deben cumplir con la entrega a tiempo de los recursos pertinentes. 
• El BCR debe bajar las tasas de interés, donde pymes se verán beneficiadas.
• Para que puedan pagar la licencia con goce de haber de sus trabajadores el gobierno puede inyectar dinero en las empresas formales. De esa manera, podrán afrontar el período de cuarentena, a pesar de la caída de ventas e ingresos.
• Garantizar el acceso a luz, internet y telecomunicaciones, así como instar a las compañías a no cortar el servicio aun cuando no hayan pagado sus recibos debido a la cuarentena o por haber tenido problemas de salud, en los últimos 30 días.
• Promover el autocuidado y educación financiera que permita optimizar el uso de los recursos económicos en el hogar. El ahorro es clave.
• Sancionar penalmente a las empresas privadas que transgredan los derechos del consumidor, adopten actitudes usureras o hagan mal uso de los datos (direcciones, correos, número de teléfonos) de los clientes.
• Sancionar penalmente a los servidores públicos que pongan en peligro la vida de alguna persona en situación de vulnerabilidad. 
• Multar con el 5% de una UIT a quienes trasgredan el estado de emergencia y la cuarentena. Ello permitirá contar con liquidez que puede emplearse a nivel municipal.
• Muchas mujeres y familias, tendrán que convivir con agresores o posibles agresores, importante mantener los canales de atención oportuna en comisarías, así como a través de la Línea 100.
• Miles de jóvenes estudian y trabajan, merecen prórrogas en sus pagos mensuales y matriculas sin aumento de tarifas. 
• Todo despido emitido durante la cuarentena debe considerarse ilegal, los trabajadores no tienen por qué asumir esa responsabilidad afectando su derecho al trabajo. Sunafil debe fiscalizar.

Después de esta etapa, la pelea de fondo será quién pagará la factura de la recesión económica que se viene. Los grandes sectores empresariales, que usualmente piden que Estado no se meta, exigirán rescates financieros, exoneraciones, condiciones extraordinarias, y prerrogativas. Esos son los detalles que habrá que mirar con atención más aún cuando, los seguros privados se “lavan las manos” frente al coronavirus, y hayan decido que, por ser un asunto de salud pública, a ellos no les toca cubrir ningún costo. ¡Qué tal coartada!
Momentos de crisis del capital a nivel mundial, que sirva para reencontrarnos como humanidad.

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1 China tiene una enorme industria de delivery de comida, con más de 500 millones de clientes, emplea a 3.000.000 de transportistas y genera USD 36.000 millones. Comenzaron a ampliar el uso de su delivery “sin contacto” el mes pasado a medida que los consumidores quedaban atrapados en sus casas. Más del 30% de los consumidores de los Estados Unidos han dicho que no piensan salir de sus casas para ir a comer a restaurantes con la frecuencia que solían hacerlo, y de ellos el 13% evaluó que va a ordenar más entrega domiciliaria de comida. Lima cuenta con 150 mil repartidores y conductores de Apps.