En el país donde la presidenta lleva más de 60 días sin brindar declaraciones a la población y donde el alcalde de la capital prefiere gastar millones en caballos y calesas en lugar de recoger la basura de las calles; nos quedamos con un aeropuerto internacional que, ante cualquier emergencia, no funcionaría.

El problema con lo ocurrido en la pista de aterrizaje del primer terminal aéreo del país, donde las luces terminaron por no funcionar y afectaron el tránsito de más de 10 mil personas, es la gran negligencia de no contar con un mínimo Plan de Emergencia. Fueron alrededor de 215 vuelos -nacionales e internacionales- los que fueron redirigidos a otros terminales aéreos o cancelados. ¿Cómo llegamos a la situación en la que, por más de 8 horas, nuestro principal aeropuerto quede inoperativo sin que nadie se haga responsable hasta el día de hoy?

No solo agonizamos como democracia, sino que ahora, nuestras propias vidas también están en riesgo en el espacio aéreo. El desgobierno es la agenda diaria en el país en el que no tenemos ministros ni autoridades competentes (raras excepciones) sino meros parlantes humanos, acostumbrados a inaugurar obras inconclusas o que nunca terminan funcionando. El país que de lejos es incapaz de liderar algún proceso de cambio en la región, donde nuestros vecinos de Chile, Brasil y México nos llevan una gran ventaja.

La realidad concreta es que estamos en medio de una crisis estructural (política, económica, social, de derechos y otros) que nos mantiene atrapados en un túnel sin salida en el corto plazo, frente a la simulación y el teatro de la política que aspira a ser parte de la OCDE cuando la realidad más bien es un chiste de mal gusto.

Pero la realidad de nuestra infraestructura nacional no es un hecho fortuito, como ha declarado el desubicado ministro de Transporte y Comunicaciones. Veamos, en el interior del país existen aeropuertos cerrados, medianamente utilizables y otros inutilizables gracias a la incapacidad de gestionar. El programa “La Contra” reveló que Corpac tiene a su cargo varios aeropuertos, como el de Jaén en Cajamarca, quien lleva un año cerrado por la cantidad de huecos sin asfaltar en su pista de aterrizaje. Yurimaguas en Loreto atraviesa la misma situación. Los aeropuertos con capacidad limitada como Jauja en Junín, Juanjuí en San Martín y Tingo María en Huánuco son solo otros ejemplos que se suman a este descalabro que tiene años de desidia.

El desgobierno llegó a su clímax: aquí no hay responsables, cadena de mando, no hay instancias adecuadas para gestionar la crisis ni nadie que asuma ningún reconocimiento de esta negligencia. Aquí todos “sacan el cuerpo”, se deslindan y culpan a otros de los errores, sin asumir su propia responsabilidad. Ante una situación de esta magnitud, en un país medianamente consciente, ruedan cabezas por omisión de funciones.

Somos el mal ejemplo de otros países, somos todo lo que no se debe  hacer en la gestión pública ni con su población. Somos el país que no se inmuta cuando grifos y camiones de combustibles pueden explotar en vías urbanas sin que a ningún alcalde se les erice la piel. Somos el país cuyo Congreso es cómplice de la minería ilegal, las mafias del transporte y los comerciantes de la educación. Somos el país donde los congresistas no solo recortan el sueldo de sus trabajadores, sino que tienen doble sueldo y pensiones a familiares fantasma. Somos el país que condena a sus infantes a la desnutrición crónica y la anemia. Ese es el reflejo de lo que como sociedad somos. Duro, pero cierto.

El desgobierno tiene consecuencias devastadoras para nuestro país, afectando todos los aspectos de la vida cotidiana. La ineficiencia y la corrupción en la administración pública resultan en servicios básicos deficientes, como la recolección de basura y el mantenimiento de infraestructuras críticas. La falta de planificación y gestión adecuada provoca caos en situaciones de emergencia, como se evidenció en la inoperatividad del principal aeropuerto del país. Además, la ausencia de liderazgo y rendición de cuentas fomenta un clima de impunidad y desconfianza, deteriorando aún más la ya frágil estructura social y económica. La población queda desprotegida y desmoralizada, enfrentando un futuro incierto en medio de un colapso institucional que amenaza no solo nuestra democracia, sino también nuestra seguridad y bienestar.

Ante este panorama desolador, es imperativo que la ciudadanía exija cambios reales y estructurales. No podemos seguir siendo espectadores pasivos de la negligencia y corrupción que nos rodea. Demandar transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en la gestión pública es un derecho que por dignidad se debe recuperar. Así como impulsar y apoyar reformas que fortalezcan nuestras instituciones y aseguren que los responsables de estas crisis sean efectivamente sancionados. La creación de comités ciudadanos de vigilancia y la participación activa en procesos democráticos son pasos fundamentales para ello.

Y por supuesto, urge que los sectores empresariales más conscientes de nuestra realidad asuman un liderazgo activo en la lucha contra el desgobierno que nos afecta. Es fundamental que utilicen su influencia y recursos para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión pública. Los empresarios están en la capacidad también de exigir reformas estructurales y apoyar iniciativas que fortalezcan nuestra convivencia. Porque al final del día, ellos también se ven afectados de alguna u otra manera. Quiero creer que estamos en la capacidad y el potencial para transformar esta situación.

[*] Licenciada en Sociología por la UNMSM. Ex secretaria nacional de la Juventud.