El hecho es conocido. Seis congresistas integran el “Grupo de Trabajo de Evaluación de la Política de Derechos Humanos”. El pasado jueves 31 de octubre, con la asistencia de 3 de sus integrantes, Martha Chávez fue elegida coordinadora de este grupo de trabajo. La propuesta la hizo su compañero de bancada, Julio Rosas, quien con su voto, sumado con el de Heriberto Benítez (Solidaridad Nacional) y el de la misma Martha Chávez (Fuerza Popular) se burlaron, por decir lo menos, de los avances que en materia de derechos humanos hemos realizado en el Perú.

Las voces de alarma sobre una supuesta pérdida de competitividad en el sector minero peruano, atribuible a acciones  provenientes del sector ambiental, son recurrentes y reiteradas. Podemos interpretar esas voces en el contexto de la histórica resistencia a las reglas ambientales; analizarlo a la luz del habitual juego político de búsqueda de culpables; o finalmente entenderlo y saber que es un reto más a los que se enfrenta diariamente el Ministerio del Ambiente.

Leyendo los diarios de los últimos días hemos caído en una duda. Tal parece que en algún momento de nuestra historia republicana, uno que no recordamos, tuvimos a un presidente llamado Facundo Chinguel que, haciendo uso de su potestad presidencial concedió indultos a narcotraficantes. No explicamos de otro modo que en la mayoría de medios se señale con particular énfasis que uno de los 16 detenidos con las cuatro toneladas de cocaína decomisadas en el Puerto de Paita fue Edwin Valenzuela, un “indultado por Chinguel en el año 2010”.

En los últimos años el crecimiento económico en el Perú ha sido constante y parejo y por ello su economía es calificada como una de las más dinámicas de la región; además, los pronósticos, a pesar de la actual crisis internacional, no pueden ser mejores. Hace unas semanas la empresa de estudios macroeconómicos Consensus Economics auguró que la economía peruana crecería 6.2% en el 2014.