La desactivación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), convertida en el crisol de todos los dolores de cabeza del sistema universitario, es quizás el mayor logro simbólico de la nueva Ley Universitaria, Ley N°30220. De esta manera, se deja sin piso a las mafias y amigos del negocio rápido que han venido controlando por la fuerza y el dinero decenas de universidades públicas y privadas, que distan de cumplir su papel como productoras de conocimientos. Según el despacho del Congresista Daniel Mora, la ley se viene cumpliendo en un 60%. Pero la ardua tarea continúa.

En primer lugar, cabe notar la lenta conformación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la entidad que pondría fin al desorden generado por la ex ANR. Se dice que para el 3 de diciembre se conocerá el nombre del Superintendente. Esperemos que sea un profesional que conozca la realidad educativa universitaria y encamine el proceso.

De las 32 universidades públicas institucionalizadas, 29 han conformado el Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo (CEUTA), las 3 restantes (Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y Universidad Nacional Micaela Bastidas de Abancay) todavía no cumplen el proceso, al parecer, porque cuentan con pocos profesores en las categorías de principales y asociados. Asimismo, más de la mitad de las universidades (17) tienen Asambleas Estatutarias constituidas.

Preocupa, sin embargo, que las autoridades de algunos centros de estudios (Universidad Nacional de San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman de Tacna y Universidad Nacional de Tumbes) han tratado de torpedear la autonomía del CEUTA, condicionando la aprobación de su reglamento y el cronograma de elecciones de la Asamblea Estatutaria a su perpetuación en el poder. San Marcos y la Universidad de Ingeniería deberían dar el ejemplo, ya que, por ley, ellas se encuentran en el plan de fortalecimiento institucional para la calidad de la Universidad Peruana.

La situación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo es preocupante y se puede replicar. Se despidió a 55 docentes principales mayores de 70 años, quienes actualmente gracias a un Proceso de Amparo fueron repuestos. Pero el Rector se niega a cumplir con dicha resolución, ya que si los repone ellos pasarían a ser los más antiguos y podrían poner fin a su intención de perpetuarse en el poder. Alertamos de esta maniobra a la comunidad universitaria para que no se dejen manipular. 

Por la problemática descrita, consideramos que el Ministro de Educación, Jaime Saavedra, debería tomar cartas en el asunto y señalar orientaciones para evitar el desgobierno en el que se encuentran las mencionadas universidades públicas. Resulta urgente la inmediata aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU y la selección de los integrantes del Primer Consejo Directivo de esta superintendencia. Asimismo, la Contraloría General de la República debe mostrar mano firme respecto a las denuncias de corrupción alcanzadas por los respectivos sindicatos de docentes y grupos de estudiantes.

Esperemos que el Gobierno siga adelante en el compromiso de luchar por un modelo de universidad de calidad, más competitivo, científico y democrático, lejos de cualquier modo de corrupción que ponga en riesgo su institucionalidad.