Los esfuerzos del gobierno de Martín Vizcarra, de la mano del Grupo México titular de la concesión, por resucitar el proyecto minero de Tía María merecen indagarse más allá del proyecto mismo y de la situación económica del Perú. 

Se trata de un proyecto muerto desde hace cuatro años, que ya tuvo sus pérdidas en vidas humanas en las movilizaciones del 2015 y que, se ha demostrado hasta la saciedad, carece de la licencia ambiental y social para que cualquier proyecto minero se desarrolle. Es más, se propone que lo lleve adelante una empresa con pésimos antecedentes en términos de contaminación ambiental y tratamiento a sus trabajadores, tanto aquí como en México. Por último, se le da una licencia de construcción, antes de conseguir ningún consentimiento, para que comience con una planta de tratamiento, lo que no puede considerarse sino una provocación. En otras palabras, un Frankestein por donde se le mire.

En estas condiciones es obvio que el proyecto no se va a llevar adelante. Salvo que el gobierno decida militarizar el valle de Tambo e imponer Tía María a sangre y fuego, pero ni las condiciones políticas dan para ello ni Vizcarra parece tener los arrestos para ese cometido. Las razones entonces van más allá. Hay que buscar en el pliego de reclamos de la Confiep, presentado semanas atrás, y en la campaña mediática que lo ha acompañado. 

Los grandes empresarios, en defensa de sus ganancias inmediatas, han puesto por delante dos pruebas de amor del gobierno con ellos que son: licencia para Tía María y prorrogar el régimen laboral de privilegio, en contra de los trabajadores, que tienen los agroexportadores, a pesar de las ingentes ganancias tenidas en los últimos años y que este ya cumplió su función. En ambos casos profundizando dos aspectos de un modelo económico que día a día muestra su agotamiento. Ni la gran minería a como de lugar ni la sobrexplotación de los trabajadores van a sacarnos del atraso económico secular. Ni atisbos, por supuesto, de parte de los empresarios de alguna propuesta productiva, que potencie la inversión, pública y privada, en proyectos que generen valor agregado, mercados internos y trabajo con derechos. Lo único que tenemos es la insistencia en el rentismo que ya sabemos qué bolsillos llena, cómo empieza y dónde termina.

El objetivo entonces, más allá del interés corporativo del Grupo México o de la Confiep, es probar las aguas, ver hasta dónde va a soportar el movimiento popular la arremetida, tanto política como empresarial, de los defensores del modelo neoliberal, para descargar sobre sus hombros la solución de la crisis. Esta voluntad de querer resucitar un muerto es entonces un experimento de disciplinamiento social, que pone por delante la teoría de los agitadores —como si los mensajeros fueran los causantes de los problemas— y va a tratar de estirar la pita hasta donde pueda, para ver de qué lado se rompe y actuar en consecuencia.

Este intento de disciplinamiento social no está aislado de la salida que buena parte de la derecha, tanto política como empresarial, vienen tejiendo para la ya indudable crisis de esta democracia de élites que vivimos. Están temerosos de la reforma política y a la vez quieren torcer los resultados a su favor, para ver qué tipo de democradura puede suceder al régimen actual. Pero para ello precisan saber en qué terreno económico se mueven y por eso su interés en Tía María.

Hay que ser entonces solidarios con los agricultores del valle del Tambo y no permitir la prepotencia de la gran empresa. Aquí se juega no sólo un interés sectorial, local o regional, sino el porvenir de este modelo en crisis, que solo merece ser cambiado por uno que favorezca a los peruanos.