La suspensión del proyecto Tía María por la coalición empresa-Estado que se ha verificado el día viernes 15 de mayo es un triunfo del movimiento popular desarrollado en los últimos meses y años en la provincia de Islay y extendido en los últimos días a la ciudad de Arequipa.

Se ha derrotado el intento de imposición de un proyecto minero contra la voluntad abrumadora de la población. Sin embargo, el movimiento sigue y amenaza con extenderse por todo el sur del Perú. Lo que quiere la población es que estas imposiciones no se vuelvan a repetir, lo que supondría un cambio en la forma de entender la minería y la actividad extractiva en general en el país. Sin embargo, la lección de Conga 2011-2012, no parece haber sido aprendida por el Estado peruano, porque continúan con la cantaleta de “terroristas antimineros” y no asumen que, más allá de los agitadores que pudieran existir, el problema fundamental es pretender una minería sin licencia social ni ambiental.
 
A estas alturas, lo lógico sería desactivar la polarización existente pero en base a una mesa de negociaciones que discuta problemas reales y no agendas (nuevamente) impuestas. El debate debe ser sobre las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental jamás levantadas, el desarrollo de la provincia de Islay y el futuro de la minería en la región y el Perú.
 
Desafortunadamente estamos lejos de un cambio de actitud del Estado peruano. A pesar de la dureza de los hechos no parecen siquiera mostrar un mínimo de flexibilidad producto de las derrotas sufridas. Ello me hace pensar que la fuerza de la ideología y los compromisos asumidos son más fuertes que la realidad. Podríamos estar entonces frente a un conflicto de mayor aliento por el cambio de modelo, es decir, por pasar del privilegio a la exportación de minerales y la democracia limitada que la sustenta, a una economía diversificada y con un régimen político donde la población pudiera hacer oír su voz. Esto que hasta ahora ha sido un buen deseo de unos pocos podría empezar a encarnarse en un movimiento de masas con proyección política nacional.
 
Hace unos meses señalaba que el grave problema de los movimientos populares en el Perú del siglo XXI era que no pasaban de acciones colectivas en un espacio y tiempo determinados a movimientos sociales con continuidad geográfica y temporal tal como fue décadas atrás con movimientos como el obrero o el campesino.
Esto podría estar cambiando en la sucesión que va de Conga a Tía María y la proyección que esta última parece podría tener en el sur del Perú. Más todavía cuando este último movimiento coincide con la huelga de la Federación Minera, en actividad luego de casi un cuarto de siglo de silencio.
 
Si las cosas siguen su curso, entre respuestas mediocres de un Estado incapaz y un movimiento que se proyecta nacionalmente, podemos tener en pocos meses un escenario de polarización ya no regional o macroregional, sino nacional; con la novedad de que esta polarización de político-social se convierta en político-electoral. Esto nos podría llevar a tener elecciones muy distintas el 2016, en las que las contradicciones estructurales propias de un cambio de modelo se encuentren con las alternativas en competencia electoral.
 
Ante la terquedad de un orden político que no reconoce sus graves errores quizás haya que esperar, si lo permiten, a la competencia electoral para dirimir diferencias. Ojalá que esto no signifique mayores costos para un pueblo ya bastante golpeado con tanta represión.