El gobierno de Martín Vizcarra intentó posponer el año pasado el proceso relacionado al proyecto minero Tía María en la provincia de Islay en Arequipa, supuestamente mientras se esperaba la licencia social necesaria para iniciar sus funciones. Sin embargo, un trámite administrativo le da luz verde a la minera Southern para iniciar acciones –cuando lo crean conveniente- mientras esperan una licencia social que, con el paro en Islay a cuestas, parece no llegará.

Conversamos sobre el tema con Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente, quien considera que la licencia de construcción se ha convertido en un “parteaguas” en este conflicto socioambiental que lleva diez años sin solución alguna.

La licencia de construcción
Para Giesecke, la licencia anunciada primero por Southern y luego por el gobierno, solo es un trámite administrativo “no es un permiso en sí”, pero “se ha convertido en un parteaguas, porque el gobierno le dice sí a la minera y genera una preocupación mayor en las comunidades del valle del Tambo y de la provincia de Islay”.

“El presidente Vizcarra da a entender que debe darse (el proyecto) con el acuerdo de las comunidades, con una buena relación con los vecinos porque vienen a quedarse unos 30 o 40 años”, señala Giesecke. Sin embargo, considera que esta “buena relación” va a ser imposible.

“(es imposible) porque hoy en la desembocadura del río Tambo se encuentra con los desastres provocados hace tiempo por Southern Perú Cooper Corporation y ha dejado desastres ambientales que aún tienen efectos”, recuerda. 

En la zona de Islay, el valle del Tambo es uno de los pocos valles productivos que hay y la gente que tiene sus viviendas en esa zona, ha convertido el lugar en una fuente de ingresos, basada en la agricultura. Frente a ello Giesecke se pregunta “¿cómo vamos a meter un proyecto de la magnitud de Tía María en esa zona?”

El impacto socioambiental
Giesecke, nos comenta que hay gente que ha comprado terrenos, vendido y luego ha vuelto a comprar hectáreas porque hay todo un negocio agrícola importante. Pero, afirma que hoy “el precio de la hectárea ha bajado en 35 a 40%  ¿Por qué? porque la gente, los compradores de productos tienen mayor cuidado para comprar porque es zona de un "valle minero". Ahí empiezan los problemas”. 

El exministro del Ambiente llama la atención sobre las acciones que realizará la minera en la zona. “La molienda (de mineral) que van a realizar es de 100 mil toneladas por día para luego montarlo y transportarlo en faja transportadora ubicada a unos 8 o 9 kilómetros”. 

Para lograr esa cantidad, la minera tiene que realizar un tajo abierto en el yacimiento de “La Tapada” que es “el yacimiento más importante de Tía María” y que geográficamente está ubicado a 1800 metros aproximadamente cerca del río Tambo. “¿No se va a afectar el río?”, se pregunta escépticamente.

“La minera dice que eso va a estar controlado, con explosiones controladas, pero eso no es probable. Es una operación gigantesca. De ahí pasas a la chancadora y de ahí a Pampa Cachendo donde hay otra chancadora que forma un perfil más pequeñito, entra a una piscina gigante con aguas para lixiviación y desprender el cobre en forma líquida que se llevará a una planta para recuperarlo en su forma sólida.”, explica.

El especialista en temas ambientales agrega que “ese mineral chancado debe reposar un par de meses y no es todo lo que se ha sacado, queda un residuo. Eso forma los relaves y puede tener un riesgo similar al de Tamboraque, en Lima y si hay un sismo o algún movimiento puede haber daño ambiental”. 

Sobre la planta de desalinización del agua, Giesecke dice que la empresa “no ha sido capaz de presentar el estudio de factibilidad de la planta desalinizadora y tampoco tienen el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.

Sobre el traslado del mineral hacia la fundición de Ilo señala que no hay ferrocarril hecho para el traslado y que se hará el transporte de materiales -como el ácido sulfúrico- por carretera “¿y que queremos? ¿Que pase algo como el derrame de mercurio de Yanacocha?”, se pregunta.

El impacto social
Cabe recordar que la protesta social por “Tía María” tiene 10 años presente en la gente de Islay, con muertos por el enfrentamiento con la policía, y como señala Giesecke “bajo amenaza de los "dueños del Perú" que solo les interesa cuantos puntitos del PBI habrá por ahí, pero nada más, no piensan en el riesgo que correrá la gente del Tambo. Se ha generado una suerte de acoso”. 

Lo lógico -considera- era concretar primero el diálogo, la licencia social, en vez de otorgar la licencia de construcción. “Este gobierno no ha querido aprender nada, tiene una mentalidad neoliberal en su adn. Vizcarra quiso conversar, pero no han aprendido nada, hay voces que priorizan el "principio de autoridad".

“Este valle es singular, es agrícola, que produce bien, no es gente de pobreza extrema, con ingresos medios. No es cierto que los manipulen ¿Quién puede manipular a una población así durante 10 años? La gente quiere el diálogo, pero así como se presenta pinta como una mecedora”.

Al cierre de esta nota, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, ha dado al gobierno un plazo de 72 horas para revocar la licencia. Caso contrario, estaremos enfrentando un conflicto mucho más grave y que hace tiempo pudo haberse evitado con un diálogo adecuado.