Las últimas acciones de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), han tenido gran cobertura, generalmente muy positiva, en los medios de comunicación pero pocos comentarios analíticos acerca del origen y las consecuencias de estas acciones de control.

Se trata en su mayoría de acciones de regulación  de instituciones de educación universitaria. La regulación consiste en verificar si determinada institución cumple con las condiciones que la ley y su estatuto señalan para el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación y proyección social. Estas acciones se dan en un sector donde reinaba el caos y en muchos extremos la estafa a cientos de miles de estudiantes y padres de familia, que han buscado en los últimos veinticinco años ser profesionales para tener un futuro en la vida. Las acciones de regulación han dispuesto hasta hoy el cierre de 32 universidades y dos escuelas de posgrado, de estas 31 universidades son privadas, en su abrumadora mayoría con fines de lucro y una es pública.

Es importante recordar que la labor de regulación actual busca enfrentar los desatinos de la primera intervención estatal que se produjo en 1996, durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, cuando se aprueba el Decreto Legislativo 882, sobre la promoción de la inversión privada en la educación. Este motiva la creación de más de 92 universidades privadas, la mayoría con fines de lucro, hasta que se prohibió temporalmente la creación de las mismas el año 2012.

La regulación es una función indispensable en cualquier sistema universitario moderno, para que éste tenga, no solo “las condiciones básicas de calidad” como dicen los tecnócratas de turno, sino “la más alta calidad académica” como postulamos los universitarios. No estamos, entonces, en contra de la regulación, sobre todo cuando se trata de enfrentar el caos al que nos llevó la estafa promovida por el fujimorato. Pero sí de la confusión de regulación con intervención, cuando la Sunedu transita de cerrar antros que pasan por universidades a meter mano en instituciones, principalmente públicas, que lideran la producción de conocimientos. 

Es clave entonces señalar que esta es la segunda gran intervención del Estado en la educación universitaria en los últimos años, desarrollada a partir del año 2014 en que se aprueba la ley 30220. Esta ley, cuyo proyecto inicial hacía síntesis de muchas propuestas reformistas de años y décadas anteriores, es asaltada a último momento por un grupo de tecnócratas neoliberales que impone la Sunedu como órgano regulador. Se trata, de una segunda gran intervención hecha para reparar el fracaso de la primera, pero que privilegia el control político del sistema universitario y afirma el carácter externo de las instituciones reguladoras frente a la universidad. 

Al efecto, se ha querido decir que los que criticamos la Sunedu estamos a favor de la antigua Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Nada más falso, el que la ANR haya sido un organismo universitario no es ningún mérito en sí mismo. Además, la ANR no fue creada como ente de regulación sino de coordinación y cuando se le quisieron agregar más funciones, como fue el caso de la Comisión Nacional de Autorización de Funcionamiento Universitario (CONAFU) fracasó estrepitosamente. El problema estaba en su composición, como reunión de todos los rectores del país, que desarrollaban de inmediato intereses personales y a lo sumo corporativos, perdiendo de vista al sistema y al país. Por ello, el proyecto inicial de lo que luego fue la 30220, planteaba un Consejo Nacional de Universidades, como un consejo de expertos surgido del propio mundo universitario. En suma hacer la regulación por una instancia universitaria y por lo tanto legítima para los regulados. 

La característica central de la Sunedu, en cambio, es ser un órgano extra universitario, ajeno a la universidad como tal, a sus tradiciones y a su historia y, lo que es peor, con un proyecto contrario a las mismas. El concepto de fondo que respalda esta exterioridad es la llamada “rectoría del Estado en la educación universitaria” que se le asigna al Ministerio de Educación. Esta rectoría se ha tornado en un concepto peligroso porque los tecnócratas han pasado de concebirlo no solo como la supervisión del cumplimiento de un conjunto de políticas de Estado en el sector, sino como una intromisión en los detalles del quehacer universitario que es donde encuentran su poder. Para ello, la Sunedu tiene una composición decidida por el Ministerio de Educación. Por supuesto que hay de por medio una burla de concurso, en el que el propio ministerio califica a los postulantes y luego estos son evaluados por el Consejo Nacional de Educación, también elegido por el Ministerio de Educación. Es decir, todo queda en casa.

Estas dos intervenciones del Estado están marcadas por la privatización. En el primer caso el impulso a la privatización abierta con la autorización para crear instituciones privadas con fines de lucro. Esta intervención ha tenido como resultado que en la actualidad el 75% de la matrícula universitaria esté en manos privadas, mientras que la pública se ha reducido al 25%. En el segundo, con la privatización encubierta con programas como beca 18, que da más de mil millones de soles al año a un grupo de universidades privadas, aproximadamente el 40% del presupuesto del total que el Estado brinda a las 51 universidades públicas.

Esta situación de intromisión se agrava con la abierta intervención de la Sunedu en las universidades públicas ya licenciadas, en las que pretende aprobar cada modificación de los planes de estudio, potestad que ninguna ley le otorga pero que sus funcionarios, en su abrumadora mayoría tecnócratas de universidades privadas y con singular ignorancia en temas de educación universitaria, se toman como propia.

En esta situación la tríada: autonomía, democracia y gratuidad; que son las tres columnas que le dan sentido a la universidad moderna, como universidad pública, están ausentes en el Perú. La autonomía es la víctima fundamental. La universidad ya no puede tomar sus propias decisiones, ahora depende de una última instancia extra universitaria que es la Sunedu. Esta condición central para la producción de conocimientos es seriamente mellada. El gobierno democrático sin autonomía pierde su razón de ser, ¿sobre qué va a decidir si hay una instancia que puede corregirlo? Por último, el peligro de que desaparezca la gratuidad, al reducirse drásticamente el dinero que da el Tesoro Público y crecer programas como Beca 18, crece también la tentación del autofinanciamiento y finalmente del cobro de pensiones. 

La Sunedu, entonces, en su concepto extra universitario, pone en riesgo a la universidad y podría presagiar su desaparición como productora de conocimientos.