El fujimorismo siempre ha estado contra la gratuidad de la enseñanza, el mejor ejemplo al respecto fueron sus intentos de limitarla en el Congreso Constituyente Democrático de 1993. Hoy reitera estos criterios a través de una de sus voceras en el terreno educativo, María Isabel León, en artículo de El Comercio, el sábado 14 de octubre de 2017. 

Como siempre ponen las cosas al revés. Se presenta la gratuidad de la enseñanza como una forma de financiar la educación para aquellos que no la necesitan mientras se desprotege a la mayoría. Falso. La gratuidad es el financiamiento de un derecho fundamental —no un subsidio temporal a una situación de carencia— que tiene como fines no solo dar acceso a la educación a los que no tienen para pagarla, sino también financiar a instituciones como la escuela y la universidad públicas que son espacios de forja de la ciudadanía y la nación, para integrarnos como sociedad. Restringir la institución pública educativa a una “escuela de pobres” es negar la forja de una identidad común para adueñarnos de nuestro destino. 

El ejemplo que se pone, continúa con un argumento de cabeza. Opone a las universidades públicas, señalando a San Marcos, con el Pronabec y sus malhadados programas como Beca 18, planteando una supuesta mayor eficiencia de estos últimos sobre las primeras. Nuevamente falso. Las 51 universidades públicas reciben para este año 2017 aproximadamente 2400 millones de soles, mientras que el Pronabec cerca de 900 millones, de los cuales el 90% van a universidades privadas. En lugar de financiar las carencias de las públicas, que son las instituciones emblemáticas del Estado para dar educación universitaria, se usa dinero de todos los peruanos para que un grupo de privados financie sus negocios. Esto no es otra cosa que la privatización de la universidad ¡con dinero del Estado!

Mientras tanto, no se atiende el presupuesto de la universidades públicas y a la vez se les exige “licenciamiento” por parte de la SUNEDU. A San Marcos se le da 240 millones del Tesoro Público para el año 2017 cuando necesita al menos 760 millones para funcionar. Ninguna institución puede cumplir con sus funciones si solo se le da la tercera parte de lo que necesita. Asimismo, se olvida (cuando les conviene) a la Ley Universitaria 30220 que constituye el Programa de Mejoramiento a la Calidad Educativa, en el que están las doce universidades públicas más antiguas encabezadas por San Marcos. A ellas el Estado les debería dar un presupuesto especial para que en su desarrollo lideren al conjunto. Esos son justamente los 900 millones que hoy se dedican al Pronabec y que deberían pasar a las universidades públicas.

La gratuidad es la base de la democracia en la universidad pública. Sin la primera, rápidamente perderemos la segunda y será imposible la búsqueda desinteresada del conocimiento que es el fin supremo de la universidad. Como muchas veces en el último siglo, defendamos la gratuidad que permite la esencia de nuestro quehacer.
Saavedra y Martens ya se fueron  pero parece que algunos quieren continuar su camino privatizador.