A más de un año de haber sido promulgada la Ley Universitaria, autoridades de diversas casas de estudios aún se muestran reticentes a acatarla. Ese es el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyas elecciones para representantes a la Asamblea Estatutaria estaban programadas para el día 6 de noviembre. No obstante, hasta la fecha no se ha publicado el cronograma respectivo en un diario de circulación local, que estaba programado para el pasado domingo 18 de octubre. El Comité Electoral, a cargo de esta labor, se ha manifestado a través de un comunicado denunciado las trabas administrativas que le impiden realizar dichas elecciones y han puesto todos sus integrantes sus cargos a disposición del rector.

En primer lugar, el Sistema Único de Matrícula no le ha facilitado el listado de los alumnos matriculados en el ciclo 2015-II para diseñar el padrón electoral. Pero, además, las autoridades que conforman dicho Comité han sido denunciadas, en extraña maniobra,  por abuso de autoridad y mientras no se emita un fallo judicial, el rector Pedro Cotillo ha determinado que no se les asignará el presupuesto destinado a la organización del proceso electoral. En conclusión, una vez más se dificulta la adecuación a la Ley Universitaria.

Al  interior de la universidad es sabida la postura de su rector, quien ha mostrado total rechazo a la promulgada ley y ha entorpecido desde un primer momento su aplicación. A pocos meses de finalizar el año académico, y de cumplirse el plazo para que las universidades se adecúen a la legislación (31 de diciembre), aún no se ha conformado la Asamblea Estatutaria y por ende, carecen de un estatuto. 

Otras universidades a la zaga
Pero San Marcos no es la única universidad que atraviesa por esta situación. En la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna la implementación de la Ley Universitaria también se ha visto afectada por problemas internos. Al igual que en San Marcos hay un grupo que se resiste a cumplir la ley y otro que pugna por aplicarla. Los enfrentamientos entre los docentes Cristóbal Laura y Edilberto Mamani, quienes se proclaman ambos presidentes de la Asamblea Universitaria Estatutaria, han llevado a que se aprueben dos estatutos universitarios en setiembre pasado. Esto ha generado problemas ya que no se sabe a ciencia cierta bajo qué documento deben regirse. 
 
En la Universidad Nacional de Cajamarca (UNAC) la ley no se acata, ya que el actual rector, Roberto Mosqueira Ramírez, al igual que Cotillo, ha mostrado claros indicios de perpetuarse en el poder. Al inicio, Mosqueira apoyó la conformación de una Asamblea Estatutaria. Sin embargo, entró en una disputa personal con el docente Iván León, opositor a este. Hasta la fecha la UNAC no ha podido adecuarse a la ley porque ha visto boicoteadas, parece que por las autoridades en funciones,  las elecciones de nuevas autoridades. 

En la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo de Chiclayo, dos grupos continúan enfrascados en una lucha el control de la casa de estudios. Por un lado se encuentran las autoridades, varias de las cuales han sido denunciadas penalmente por el mal uso de los fondos de la universidad y por otro, los profesores que denuncian los malos manejos y quieren avanzar en el cumplimiento de la ley. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha expresado que no se ha realizado el proceso de adecuación de manera correcta. Por ende, debe conformarse un nuevo Comité Electoral y se debe elegir nuevamente a la Asamblea Estatutaria.

Algunos buenos ejemplos
Sin embargo, tenemos también los ejemplos de las universidades nacionales de: San Antonio Abad del Cusco, San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, Nacional de Trujillo y la Universidad Nacional de Ingeniería, en las que ya se culminó la elaboración del nuevo Estatuto, en muchos casos con innovaciones importantes, y se ha elegido o está en proceso de hacerlo, las nuevas autoridades universitarias.  

Tenemos entonces ejemplos en uno y en otro sentido. Sin embargo, llama la atención que no haya autoridad ninguna que ponga orden y haga cumplir ley. Diera la impresión de que algunos rectores atornillados en su puesto están “ganando tiempo” hasta que llegue el próximo gobierno y con un nuevo Congreso promueva la derogatoria de la ley universitaria.

Una lástima que se desperdicie esta oportunidad de avanzar en la reforma de la universidad peruana por obra de quienes no quieren perder sus privilegios. Ya es hora de que la movilización de la comunidad universitaria haga valer sus derechos y no se deje pisotear por una coalición de intereses particulares.