Ya era bastante malo el Congreso de la República elegido para el periodo 2021 – 2026, antes del fallecimiento del congresista Hernando Guerra-García, en septiembre del 2023. Lo que posiblemente no imaginábamos, es que podía ser peor, desde el momento que fue reemplazado por el accesitario Fernando Rospigliosi Capurro. 

Rospigliosi, espécimen muy representativo del parlamento peruano, descolló desde el inicio por su estilo confrontacional, por erigirse como abanderado de todas las causas pro-impunidad, y por su semejanza con Vladimir Cerrón y otros dirigentes políticos mentalmente perezosos, en ese desvarío que atribuye la condición de “caviar” a todo aquello que propugne el respeto del derecho y la institucionalidad democrática. 

Keiko Fujimori, que conocía bien las mañas y antecedentes de su otrora ácido crítico, supo reclutarlo, amaestrarlo y cambiarle el chip, todo con el beneplácito del ex militante de Vanguardia Revolucionaria, que adoptó su nuevo credo con el fervor de los nuevos conversos. 

Premiado con la presidencia de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para el periodo anual 2024-2025, Rospigliosi no se ha cansado de agradecer su elección con iniciativas legislativas que favorecen los intereses de Fuerza Popular y sus aliados -para decirlo en palabras de Keiko- "así se perjudiquen diez mil, cien mil personas”, o se vulnere la misma Constitución. 

Como cruzado del fujimorismo, hoy es un intransigente peón que cumple la misma función de Juan José Muñico Gonzales, alias ‘Maelo’, o Flor de los Milagros Contreras, o Roger Ayachi Soria, conspicuos representantes de ese conjunto de grupúsculos extremistas conocidos como ‘La Pestilencia’, aunque Rospigliosi ostenta más poder, y arremete inescrupulosamente desde el Congreso. 

Habla de ‘mafia caviar’; dice que “tenemos un sistema judicial que está realmente podrido”; ‘terruquea’ al Poder Judicial al decir que está “en contra del orden y a favor de la delincuencia y el terrorismo”; responsabiliza al Ministerio Público de la crisis de seguridad que vive el país, porque “cotidianamente los fiscales liberan delincuentes que han sido capturados por la policía después de trabajosas investigaciones y riesgosos operativos”; insulta a la junta de fiscales supremos, a la que llama ‘pandilla’, por hacer “llamados subversivos a la movilización popular”, imputándole ser “el brazo que la ‘mafia caviar’ utiliza para atacar a los poderes del Estado elegidos por voto popular”;  califica como “jueces prevaricadores” a aquellos que rehúsan aplicar la ley 32107, por contravenir tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados soberanamente por el Estado peruano; denigra, amenaza, pide que se sancione a los magistrados, en fin, se permite exigir que todos se alineen de acuerdo con sus dogmas de hoy, que no son más que prejuicios y manifestaciones de su desprecio a la democracia y los derechos humanos.  

Los tiempos, sin embargo, han cambiado, y la respuesta de las instituciones es distinta a la observada en las dos décadas finales del siglo pasado, y en otros momentos de nuestra historia. Pronunciamientos como los de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del Callao, así como de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, y de las asociaciones de jueces y de juezas, y de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, entre otros, dan cuenta de una mayor conciencia sobre la importancia de defender los principios básicos de la democracia, y de la autonomía institucional, particularmente en un contexto tan grave como el presente. 

Aunque me he referido a Rospigliosi, el asunto es más serio que la obcecación y prepotencia de una persona por muy molesta que resulte, y lo que cabe es reaccionar con firmeza, porque como ha indicado bien la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) "no podemos guardar silencio al pretender sometérsenos y destruir la democracia, así como el Estado Constitucional de Derecho”. 

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