Nueva movilización social contra medidas neoliberales

El nuevo ciclo de movilizaciones que se vivió en Ecuador, entre el 13 y 30 de junio, fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE); Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) con una plataforma de lucha, claramente contraria al modelo neoliberal que aplica el Presidente Guillermo Lasso; así el primer punto, tenía que ver con el congelamiento de los combustibles y la rebaja en el precio del diésel, en un 20% y de la  gasolina extra (16%), así mismo, se demandaba un programa de subsidios y focalización de combustibles para agricultores, campesinos, transportistas; moratoria de mínimo un año, con renegociación de tasas de interés, de los créditos contraídos con bancos y cooperativas; precios justos para los productos del campo y una política que garantice precios de sustentación de los productos agrícolas; políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y pago de la deuda del Estado con la Seguridad Social; moratoria de la ampliación de la frontera minera y petrolera; respeto a los 21 derechos colectivos reconocidos por la Constitución; no privatización de los sectores estratégicos y del patrimonio estatal; políticas de control de precios; presupuestos urgentes para salud y educación pública, que se encuentran en crisis y políticas de seguridad para frenar la delincuencia y la inseguridad.

La movilización arrancó el 13 de junio y en su primera jornada se presentaron cierres de vías en 12 de las 24 provincias del país, aunque en varios puntos no fueron masivas; sin embargo, el Gobierno apresó de forma ilegal a Leonidas Iza, en la madrugada del martes 14, con lo que se encendió la movilización y aunque se le dejó en libertad se le juzgará por “procedimiento directo”, en una sola audiencia, que ha sido fijada para el 4 de julio. 

El Gobierno emitió cuatro decretos declarando el Estado de Excepción en tres provincias: Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que luego se amplio a seis; en este decreto se prohibía la movilización y se limitaba derechos de reunión y asociación. Con estos decretos se cometieron abusos como el allanamiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, varias universidades y escuelas politécnicas, que por mandato constitucional gozan de autonomía; además permitió el recrudecimiento de la represión y el incremento de la violencia que ha dejado como saldo 6 muertos, más de 500 heridos y personas que perdieron su ojo o sufrieron impactos de bomba lacrimógenas en su rostro.

El viernes 24 de junio, luego de uno de los días de mayor represión, la Bancada de la Revolución Ciudadana, presentó oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional, la solicitud  con 47 firmas, se requería el 1/3, es decir 46, para la destitución del Presidente de la República, por grave crisis política y conmoción interna, con base en lo establecido en el artículo 130.2 de la Constitución de la República; lo que de haber sido aprobado, habría significado también la disolución de la Asamblea Nacional. El debate en la Asamblea Nacional se desarrolló del 25 al martes 28 de junio, en que finalmente se votó, alcanzando la propuesta de destitución 80 votos de los 92 que se requería, por ende, no se aprobó la destitución del presidente de la República. 

¡Qué viva la lucha!

El 28 de junio, el Gobierno Nacional, rompió el diálogo y logró con los votos del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y un grupo de independientes evitar su destitución y la convocatoria a elecciones anticipadas; el escenario parecía conducir al camino del terror; sin embargo, los dirigentes indígenas, profundizaron la convocatoria a la movilización de las bases y la exigencia del reconocimiento de Leonidas Iza, como presidente de la CONAIE, para avanzar en los diálogos y llegar a una solución. 

El viernes 30 de junio, después de seis horas de deliberación, se concretó el acuerdo con el que se levantaba el Paro Nacional y por su parte el Gobierno se comprometía a levantar el Estado de Excepción.

Entre los principales acuerdos logrados constan el Decreto 452, para prevenir y erradicar los procesos especulativos; la declaratoria de emergencia del sector salud; la rebaja 0,15 centavos en los precios tanto del galón de diesel como de la gasolina extra, con lo que se verá beneficiada el conjunto de la sociedad. Adicionalmente, la CONAIE logra la derogatoria del Decreto N. 95 en materia de hidrocarburos y se reforma el decreto 151, que contiene el Plan de Acción Minero, que no solo era demandado por organizaciones indígenas, sino por ambientalistas y un amplio sector de la sociedad, para poner límites a la extracción minera, en áreas consideradas sensibles.

Así con el grito: “Viva la Lucha”, terminaban 18 días de movilización y protestas sociales. En los próximos días, se verá el corolario de esta jornada de movilización; si al igual que sucedió en octubre de 2019, se abre un nuevo momento en la persecución contra luchadores sociales y opositores; entre ellos, Leonidas Iza, que tiene su audiencia de juzgamiento el 4 de julio; o si el régimen asume esta bocanada de oxígeno para rectificaciones que atiendan las necesidades del país en lugar de seguir sacrificando al Ecuador con un programa neoliberal comprometido con el FMI.