Los efectos económicos contractivos de la crisis internacional de 2008-2009, que aún no se revierte totalmente, nos obligan a replantear el contenido de la política económica aplicada en el país en los últimos veinticinco años. La vulnerabilidad externa de la economía peruana no es nueva. En la mayor parte de su historia, los impulsos al crecimiento y los factores de su desaceleración, no fueron internos sino fundamentalmente externos. Tampoco es nuevo que en las etapas de enfriamiento económico, como el actual,  «redescubramos» que se hizo muy poco o casi nada por desarrollar fuentes internas de un crecimiento y desarrollo sostenible. Lo nuevo es que la actual desaceleración económica, al igual que la recesión de los años 1998-2001, ocurre en una economía con una estructura productiva afectada por las políticas neoliberales. Además, este hecho nuevo nos dice que es imposible construir motores de crecimiento internos con las mismas políticas que acompañaron a los episodios de crecimiento de los años 1993-1997 y 2003-2013.

Las lecciones que tenemos que aprender

En primer lugar, no se puede seguir con una economía dependiente de las fluctuaciones de la economía internacional. El carácter abierto de la economía no tiene por qué entrar en contradicción con la necesidad de generar fuentes internas de crecimiento económico, es decir, fuentes de crecimiento que se encuentren dentro del Estado-Nación. Esta endogenización del crecimiento es la alternativa de desarrollo con relativa independencia de los mercados internacionales.

Después del fracaso del proceso sustitutivo de importaciones y de la crisis de la deuda externa, se introdujeron políticas de ajuste estructural, de desmantelamiento de los estándares regulatorios y las privatizaciones, en consonancia con el decálogo del Consenso de Washington, que afectaron notablemente la estructura productiva, la composición del producto, y su capacidad de absorción de empleo. Las políticas de industrialización y de diversificación productiva fueron dejadas de lado porque, según la ideología neoliberal, no eran compatibles con la libertad y auto-regulación de los mercados y con la noción de que las intervenciones del Estado solo generan distorsiones en los mercados.

En segundo lugar, la libre movilidad de capitales es otro factor de vulnerabilidad de la economía ante cambios repentinos en los mercados financieros. Los efectos de estas fluctuaciones son nocivos para el crecimiento y  el empleo. Las entradas de capitales aprecian la moneda minando la competitividad de las actividades transables y sus abruptas salidas generan fuertes presiones inflacionarias. A esta apreciación que genera el influjo de capitales se suma la llamada «enfermedad holandesa» que es la apreciación provocada por el modelo primario exportador.

En tercer lugar, no es verdad lo que dice la «teoría» de la libre movilidad de capitales. Según esta «teoría» las inversiones productivas domésticas son financiadas por los fondos de capital internacionales. Lo que sí es verdad es que las empresas transnacionales aprovechan la libre movilidad de capitales para financiar sus inversiones, en el país o en sus países de origen, mediante la absorción de ahorro doméstico a través de emisiones de títulos financieros en el mercado nacional de capitales.

En relación a los problemas que genera en nuestros países la libre movilidad de capitales, el propio FMI señaló en febrero de 2010 que «la lógica sugiere que los controles a los flujos de capitales diseñados apropiadamente podrían ser útiles complementos a otras políticas». Los controles impedirían la pérdida de competitividad de las actividades transables por la apreciación monetaria que generan los influjos de capitales, y, también reducirían –como bien señala Dani Rodrik— «la vulnerabilidad de la economía a cambios repentinos en el sentimiento de los mercados financieros que causan estragos en el crecimiento y en el empleo».

En cuarto lugar, no hay que olvidar que el problema central en países con escaso desarrollo industrial y agrícola como el nuestro, no está en la magnitud de las inversiones domésticas, sino en la orientación de su asignación. Las inversiones privadas nacionales no se dirigen, por sí solas, a desarrollar agroindustria y manufactura en la sierra y la selva del país. Estas tienen restricciones tanto de mercado como de financiamiento que las inversiones extrajeras no las tienen. Esta es la razón por la cual no se puede prescindir del Estado, de su capacidad para orientar la transformación productiva y su diversificación.

Finalmente, la experiencia enseña que las políticas pro crecimiento y empleo deben estar acompañadas por políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria, cambiaria y de desarrollo del mercado de capitales) que les son funcionales. Estas políticas no pueden operar en sentido contrario ni ser, ni son en la práctica, absolutamente neutrales. Las políticas macroeconómicas son las que determinan la estructura de precios relativos útiles para la orientación de la asignación de las inversiones; y, la política de inversiones públicas, en particular, es fundamental para superar la restricción de mercado de las inversiones privadas nacionales.  

A modo de conclusión

Suena mal decir, «se les dijo; se les advirtió». Pero, en este caso es preciso recordar que los responsables del retraso en el gasto de inversión en las regiones y del enorme riesgo cambiario que enfrentan las empresas privadas endeudadas en dólares son Luis Miguel Castilla y «el mejor banquero central de América Latina», Julio Velarde. El porcentaje de dolarización de los créditos corporativos, de la gran empresa y de la mediana empresa está por encima del 50%, y el de los créditos hipotecarios es de 33.5%.
 
Publicado en el Diario UNO,  sábado 11 de julio.