El argumento central del Artículo 6 de la Ley 30130 es que, para garantizar que Petroperú pueda cumplir con pagar los préstamos para el financiamiento de la Refinería de Talara, no debe incurrir en nuevos proyectos que le puedan generar “pasivos firmes” y/o contingentes”. En apariencia, muy bien, pues evitaría que la empresa se “distraiga” e invierta en proyectos que reduzcan el flujo de caja y hagan peligrar el pago de las deudas.

Los “pasivos contingentes” aluden a compromisos de pago que no generan obligación hoy, pero sí podrían generarlos en el futuro.  En apariencia, otra vez, esto daría más tranquilidad a los acreedores de Talara, pues tendrían una mejor garantía para el servicio de su deuda. Pero solo en apariencia. Veamos por qué.

La parte más rentable de la industria es la explotación de petróleo (“upstream“) ya que la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta es muy grande. En los otros segmentos (refinación, transporte y comercialización), los márgenes de ganancia son mucho más pequeños.

Por eso las grandes petroleras están en todos los segmentos (integración vertical): Exxon Mobil, Chevron, Total, Shell. Y  también, las estatales de Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, para mencionar algunas.

Pero Petroperú no produce un solo barril, pues en 1993-1996 se privatizaron todos sus lotes. Y ahora es cuando puede volver al “upstream” porque muchos de esos lotes acaban su contrato y revierten al Estado: los Lotes III y IV, así como el Lote 1AB (hoy Lote 192).

Explotar estos lotes (que están produciendo) no conlleva riesgo, como dicen algunos. El riesgo está en la exploración (con ere), porque no se sabe si se va a encontrar petróleo. Además, se plantea que Petroperú entre asociado con privados (hasta con el 25%, como ya está acordado en los Lotes III y IV) y que el pago de las inversiones se hará con la venta futura del crudo propiedad de Petroperú (para no afectar su flujo de caja).

No solo eso. La Ley 30130, en su Art. 5, establece una garantía del gobierno hasta por US$ 1,000 millones como “respaldo de las obligaciones financieras que se contraten para Talara”. Lo contradictorio es esto: si Petroperú entra al “upstream” su flujo de caja mejorará, con lo que disminuye la posibilidad de usar los US$ 1,000 millones. ¿Acaso eso no es una muy buena noticia? Claro que lo es.

Entonces, ¿cuál es el problema? Que el Art. 6 habla de “pasivos”. Para el MEF, la interpretación es que entrar a explotar (con te) es un pasivo, aunque gane plata. ¿Absurdo, no? Para otros, el Art. 6 no impide la entrada al “upstream” pues no se generan pasivos, ya que los pagos se hacen con las ventas futuras de un petróleo que ya está allí.

En todo caso, como ha dicho Juan Incháustegui, si existiera algún problema con la Ley 30130, eso se soluciona con otro proyecto de ley, como el del exministro Mayorga, que fue apoyado por el Presidente Humala y por la Presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia. Esto sería fácilmente entendido por los acreedores de Talara, ya que garantiza  mejor el pago de la deuda.

No solo eso. Actualmente Petroperú no recupera US$ 100 millones anuales del crédito fiscal por el IGV de los combustibles que vende en la Amazonía, lo que llega a US$ 1,000 millones en los últimos 10 años. La modificación a este otro absurdo se pudo incluir en la Ley 30130, pero el MEF (Castilla) no quiso. Hace poco Daniel Abugattás planteó un proyecto de ley para su recuperación (¿dónde estará?).

El tema, entonces, no es técnico ni económico, sino político. Es claro que se necesita una reingeniería (ya contratada, como lo manda el Art. 4 de la Ley 30130) y mejorar el Buen Gobierno Corporativo (que ya tiene). ¡Qué duda cabe! Pero eso viene de la mano con su fortalecimiento económico, lo que pasa por entrar al “upstream” e incluye el Lote 64 de Petroperú, con 55 millones de barriles de reservas que, al parecer, tampoco podría ser explotado por el candado del Art. 6.

Para terminar, si bien los precios han bajado, la actividad sigue siendo rentable, a lo que se agrega la volatilidad característica de precios debido a razones extramercado (geopolítica del Medio Oriente y OPEP). Pero lo más importante es que el fortalecimiento de Petroperú incide en el modelo de desarrollo, la seguridad energética, el cambio de la matriz energética y la verdadera diversificación productiva, lo que incluye el impulso al Gasoducto Sur Peruano y la industria petroquímica en Arequipa y Moquegua –y no se logrará sin la intervención rectora del Estado–.

Creemos que el gobierno todavía puede impulsar el retorno de Petroperú al “upstream”. Para coadyuvar a ese objetivo, es clave la Iniciativa Legislativa Ciudadana que ha presentado 65,000 firmas para derogar y modificar el Art. 3 y el Art. 6 de la Ley 30130. Es la oportunidad para que los congresistas de Piura y de todo el país apoyen este proyecto de ley que viene de abajo.

Así sucedió en julio del 2006 cuando el Congreso insistió en la Ley 28840, de fortalecimiento de Petroperú, contra el veto de Toledo. Así también puede suceder ahora tomando en cuenta, además, que difícilmente alguien querrá enajenarse los votos del norte grande, empezando por Piura. El gobierno debe fortalecer Petroperú porque es bueno para el país y no debería ir hacia un Pulpín 2.0.

Publicado en diario La República 16 de Marzo.