Nuestro país no atraviesa la mejor de las situaciones. El actual escenario político-social-institucional, responde a una crisis de régimen que tras la salida de Kuczynski, ésta solo se ha mantenido en reposo pero que sus consecuencias colaterales son palpables en el bolsillo de las grandes mayorías.

Con la asunción de mando del nuevo Presidente Vizcarra, sólo se refleja la intencionalidad de algunos sectores en salvar el sistema político actual, manteniendo el poder de sectas dominantes quienes empujan y mantienen la continuidad al rol conservador que Perú ha venido desarrollando en la región y en nuestro Estado.

El nuevo gabinete con representantes de la derecha y la gran empresa en Ministerios importantes, dan cuenta de ello. El contexto no es de transición sino de continuismo. El mensaje de los grupos de élites y sus partidos es el de hacernos creer que no existe alternativa a su modelo, el cual se construyó bajo la imagen y semejanza de la dictadura fujimorista y las recetas imperiales emitidas por Estados Unidos y Europa.

El caso Odebrecht y Lavajato, que compromete a autoridades en ejercicio y ex autoridades (entre estos últimos a cuatro expresidentes de la Republica), dio inicio a una ola de hartazgo y rechazo a una casta política por parte de más de la mitad de la población en nuestro país. Durante días, esta ciudadanía, harta de más de lo mismo, levantó una consigna denominada “que se vayan todos”. Que si bien es legítima, no es tan ajustada a la realidad.

La indignación pareció crecer y junto con ella una ola movilizadora que bien pudo fortalecer la agenda ciudadana de cara a colocar en la agenda nacional, temas estructurales. Sin embargo, preocupa el silencio autista de parte de la ciudadanía, ante quien sigue representando los mismos intereses de las sectas de élite. La crisis que salió a flote con la vacancia de PPK, no es solo más que el desenlace de la misma.

Ante ello, corresponde crear las condiciones para un proceso constituyente y cambio de modelo para nuestro país, con miras al Bicentenario. Entendiéndose al proceso, no como un ejercicio legal, sino como un ejercicio de ciudadanía en el que se le otorgue poder soberano a las mayorías y sean estas las llamadas a impulsar el proceso. Si bien, este actor social aún no termina de configurarse, existe, es real, y prueba de ello, son los diversos movimientos sociales –que con sus dificultades y fraccionamiento- ejerce derechos limitados, existen y se organizan. Y junto a ellos, las fuerzas de cambio, sobre todo las que no contradicen su ejercicio y practica con la búsqueda de un Gobierno que no ceda su capacidad de gobernar, al mercado per se.

La articulación y organización de estos movimientos, es clave, para –además- contribuir a los procesos emancipatorios en el resto de nuestra América Latina, que hoy es golpeada por un proceso de restauración conservadora liderada desde la Casa Blanca y la OEA. Se requiere avanzar en estos procesos de integración, el cual ha sido uno de los pedidos más enérgicos en la Cumbre de los Pueblos, desarrollado hace unos días en nuestra capital. 
Algunos estudiosos, con mucho más experiencia, han anunciado que es muy probable que se está volviendo a la polarización clásica latinoamericana del siglo XIX entre grupos conservadores y anti-clericales, que produjo muchísima tensión política inclusive hasta mediados del siglo XX. 

Ojo con esto: el rol de la iglesia, es cada vez más fuerte no sólo en nuestro país, sino en el resto del continente y aprovechan espacios, inclusive, ahí donde la derecha, no está y con ello me refiero a los grupos evangélicos y/o católicos, quienes pueden votar por derecha o izquierda según la ocasión, mientras no vean amenazadas su agenda. Y como sabemos muy bien, financian campañas millonarias y su presencia en las zonas más populares alimenta el desencanto de la gente con la política y los gobiernos, asumiendo el pragmatismo como táctica.

Las fuerzas de cambio tienen más que una responsabilidad, un deber para celebrar un Bicentenario no con las mafias de siempre.