El dilema de la política peruana en estos días, que seguramente toca las tribulaciones del Presidente Martín Vizcarra, no es uno cualquiera. Lo que está por decidir la flamante cabeza del Poder Ejecutivo con el nombramiento de un nuevo gabinete es la continuidad o la ruptura con el actual desorden político. 

La continuidad sería aplicar la teoría de “hacer bien las cosas”, es decir, que las políticas existentes son la correctas pero han sido mal aplicadas, por lo tanto hay que buscar quien las aplique mejor. Esta forma de proceder nos llevaría en poco tiempo a repetir los problemas que hemos vivido en los últimos meses, porque no se trata de hacer bien lo que se hizo mal, sino de cambiar de políticas para que sea posible poner al país en un rumbo distinto. La continuidad, sin embargo, tiene  partidarios muy poderosos, que van de los fracasados tecnócratas de PPK a los conocidos de nuestra política criolla, que son los que dan vueltas por las esferas del poder esperando ser llamados por Vizcarra para hacer lo mismo de siempre.

La ruptura en cambio, sería emprender una nueva transición política sobre la base de un gabinete multipartidario de amplio espectro, que tenga como principal tarea la convocatoria a elecciones generales adelantadas para el 2019 y la apertura de un proceso constituyente.  Se debate mucho sobre el adelanto de elecciones, pero en un escenario tan dañado como el peruano es indispensable volver al pueblo soberano para que este se pronuncie. No por gusto aparece la consigna “que se vayan todos” en la boca, sobre todo de jóvenes, en estos días. Un gabinete multipartidario debería apuntar a saldar el principal problema del presente que es la falta de legitimidad de la actividad política entre la población, es decir, la falta de convencimiento de que los que mandan tienen el derecho a mandar. 

Precisamente en esta dirección es que se debería abrir un proceso constituyente, en el entendido que los problemas que vivimos no son solo de personas y de instituciones sino de la organización misma del Estado, que no responde a los intereses ciudadanos. Abrir un proceso constituyente permitiría impulsar el debate sobre las reformas constitucionales que el país necesita y los mecanismos adecuados para hacerlo. Para ello hay que romper el veto de los grandes intereses económicos que se aferran a la Carta írrita de 1993 porque creen que defiende sus intereses corporativos, aunque estos tengan poco que hacer con el país. 

Pero la primera y fundamental de estas reformas con alcance tanto legal como constitucional debe ser la reforma política y electoral, para impedir que se siga reproduciendo esta clase política en su mayoría incompetente y corrupta que nos ha dado el espectáculo bochornoso de los últimos tiempos. Acordémonos que cada vez que se han querido hacer cambios de esta naturaleza ningún presidente los ha tomado como prioridad y ningún Congreso ha tenido el interés ni menos el coraje de aprobarlos. La coyuntura, sin embargo, invita a otra cosa.

¿Tendrá Martín Vizcarra el coraje para dar un golpe de timón y llevarnos a buen puerto? Es una pregunta difícil de contestar, sobre todo cuando el fujimorismo y los ppkausas dominan la escena política y no parecen interesados en cambios. Peor todavía, porque el orden económico promovido por la gran empresa tampoco parece interesado. Los medios de comunicación por su parte quisieran convertir este humor en opinión general. 

Por ello, hay que desarrollar el ánimo alternativo que ya existe en la sociedad y que tiene las evidencias de la crisis que no terminamos de vivir. Si no se abre un proceso constituyente desde el gobierno, hay que abrirlo desde la sociedad. Hoy son los hechos que suceden día a día los que nos enseñan que debemos encontrarle soluciones de fondo a los graves problemas que vivimos. Porque todos se resumen en uno solo: no tenemos porque soportar a los que llegan al poder para robar.