A menos de un año de las elecciones 2026 el Perú está marcado por la muerte y desgarrado por el crimen.

En el gobierno de Boluarte cada 46 minutos se registran extorciones y 6 asesinatos diarios llegando a una cifra de 6412 denuncias por extorción y 4256 asesinatos al 13 de abril de 2025; todo esto mientras los partidos del Congreso en alianza con el gobierno blindan a Dina Boluarte y se niegan a revisar leyes pro-crimen, desmantelan al sistema de extinción de dominio, buscan coaccionar al Poder Judicial y al Ministerio Publico y se procede desde el Legislativo y e

A casi tres meses de su asunción al gobierno estadounidense, Trump, es claro que entró con la pierna en alto. Ha tenido decisiones erráticas a lo que estábamos acostumbrados esperar de EE.UU. Sabíamos hacia donde iban los norteamericanos. Demócratas o republicanos, siempre a ser el fiel de la balanza. 

El 7 de abril sumaron cinco las lamentables vidas por un error en la producción de suero fisiológico. Este hecho infortunado terminó mostrando las debilidades del órgano regulador DIGEMID, que tomó decisiones que aún no son explicadas como el cierre de toda la planta de MEDIFARMA por defectos en una línea de producción, la suspensión   del registro sanitario por un lote defectuoso, sin prever las consecuencias para el sistema público, además de manifestar las debilidades del sistema de farmacovigilancia y trazabilidad, entre otros.

En nuestro país, la frase “no tengo acceso al banco” no es solo una queja: es una condena. Para cientos de miles de peruanos, conseguir un préstamo formal es inalcanzable. Y en ese vacío, en ese desamparo financiero donde el sistema no llega, florecen los “gota a gota”, una red paralela de crédito que opera como un cáncer, silencioso, pero mortal. No es exageración: la plata de estos préstamos se paga con miedo, con violencia y, muchas veces, con sangre.

En los últimos años se usan términos en el debate político que tienen más que ver con su resonancia mediática que con su precisión analítica y finalmente con la forma de conocer, la sociedad y la propia política que tienen detrás. Esto hace que se diluyan como términos útiles para hacer buenos diagnósticos y terminen como comodines en el argot cotidiano más que como herramientas que nos brinden estrategias acertadas1. 

Tenemos tres ejemplos al respecto: fascismo, golpe de Estado y populismo.

Desde que el miércoles Donald Trump anunciara medidas arancelarias contra casi todo el planeta, el mundo observa estupefacto el desplome en los mercados de valores y de divisas, así como las preocupantes proyecciones económicas e inflacionarias a nivel global. El “Día de la Liberación”, como denominó el acto en el que lanzó su guerra arancelaria mundial con el objetivo de “hacer América rica otra vez”, quedará probablemente grabado en la historia como el punto de inflexión en el que Estados Unidos puso en evidencia su pérdida de hegemonía económica, política y diplomática.

El gobierno en Perú está, hace tiempo, en el piso. No representa al pueblo peruano, sí a una mafiosa coalición gubernamental. No es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; es un gobierno del crimen, por el crimen y para el crimen. Su legitimidad es una ilusión y su legalidad un anacronismo. Perú, un novedoso laboratorio político en las últimas décadas, ha sido convertido, por la criminalidad, en un comprobado estado fallido. El Leviatán de Hobbes ha sido derrotado por la “naturaleza salvaje” y criminal de las mafias gubernamentales.

China, Japón y Corea del Sur acordaron fortalecer la cooperación comercial para enfrentar los aranceles de Donald Trump.

Donald Trump logró lo imposible: sus mayores aliados asiáticos, Japón y Corea del Sur, se unieron a China para enfrentar su controvertida política arancelaria que agita el comercio global.

El domingo 30 de marzo, en su primera reunión ministerial trilateral de Comercio en seis años, las autoridades de dichos países acordaron fortalecer la cooperación comercial.

Una de las medidas anunciadas por el gobierno de Dina Boluarte para luchar contra la criminalidad es la presentación de un proyecto de ley para aprobar el servicio militar y policial obligatorio. Según Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de ministros, ese fue uno de los acuerdos adoptados hoy en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). 

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otras siete personas imputadas por la fiscalía general de la República por formaban parte del “núcleo crucial” de la “organización criminal armada” ahora son imputados.

Este primer grupo de 34 imputados incluye a dos policías federales y seis oficiales de las Fuerzas Armadas: un teniente coronel, un capitán retirado, tres generales del Ejército y un almirante de la Marina. La decisión de la Primera Sala de Primera Instancia del STF representa una respuesta sin precedentes de las instituciones democráticas.