Tras la disolución del Congreso y el pugilato entre el fujiaprismo y el Ejecutivo, hay un capítulo que no puede quedar de lado y que ha quedado plasmado en diversas puestas en escena que involucra a diversos sectores. Hablamos del capítulo de la lucha anticorrupción que se vincula también con estrategias y leguleyadas propias de quien se sabe perdido en su intención de promover la impunidad.

Revisando las cosas, los escenarios se perfilan de esta forma:

Fueron once días del levantamiento plebeyo en Ecuador y la situación lejos de revertirse cobró nuevos bríos. La toma de edificios públicos se generalizó: masas movilizadas de indígenas, campesinos, capas medias empobrecidas y pobladores urbanos rodean el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano y el edificio de la Asamblea Nacional. Se tomaron la sede de la misión del FMI en Quito, ámbito donde reside “gobierno real” que tiene como su marioneta privilegiada a Moreno. 

El apoyo por parte de la poderosa confederación empresarial CONFIEP al golpe parlamentario orquestado por Pedro Olaechea y Mercedes Aráoz ha generado un saludable debate nacional. La CONFIEP ya no opera en la sombra. Tiene varios reflectores encima. Más importante todavía, cientos de miles de peruanos vienen discutiendo su rol conspirativo.

La quita de subsidios a los combustibles, tras la vuelta de Ecuador al FMI, desató una ola de movilizaciones que recuerda los ciclos de protestas de fines de la década de 1990 y comienzos de la de 2000.

El 3 de octubre de 1968, el Perú tuvo un nuevo golpe de Estado, que hubiera permitido repetir la frase del poeta Martín Adán, pronunciada el 27 de octubre de 1948, cuando el general Odría derrocó al Presidente Bustamante y Rivero: “el Perú ha vuelto a la normalidad”. 

Entrevista

En esta situación política el gremio sindical debería tener algo que decir. Para ello conversamos con Ibis Fernández, dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), feminista y ambientalista.

“Hay una sensación de que estamos en recesión, pero no lo estamos” (La Republica, 28/10/19), ha declarado el presidente del Banco Central (BCR) al  presentar el Reporte de Inflación. La frase revela que se ha quebrado el consenso sobre la satisfactoria marcha de la economía que primaba en la escena política oficial; un daño colateral del conflicto entre parlamento y ejecutivo, entre fujimorismo y antifujimorismo, que ha terminado con la disolución del congreso. 

El 30 de setiembre de 2019 podría ser recordado en el Perú como el día en que se cruzó el rubicón con el cierre del Congreso de la República y la apertura de un proceso que ojalá continúe con la elección de una Asamblea Constituyente y la aprobación de una Nueva Constitución. Se trata de terminar con las consecuencias del golpe del cinco de abril de 1992 que cerró las instituciones de la época e impuso su propia constitución, que continúa hasta el presente, e iniciar un nuevo período para el Perú.

El peor temor de fujimoristas, apristas y otros, se hizo realidad anoche. Y fue gracias a ellos. Su miedo a convertir nuestro país en una nación “chavista” fue finalmente obra y acción del disuelto Parlamento cuyos miembros, liderados por Pedro Olaechea, se han negado a asumir su realidad.

El Perú atraviesa por una profunda crisis política, sin embargo  para sectores del fujimorismo y sus satélites,  ello se reduce simplemente a una crisis presidencial buscando ignorar la grave situación de crisis que aún no se logra cerrarse.