La aprobación de una nueva escala salarial para altos funcionarios de Petroperú en setiembre pasado, por el Directorio de la empresa, ha sido fuertemente criticada en diferentes ámbitos. Hace pocos días el Directorio retrocedió y la dejó sin efecto. Ha trascendido que la decisión del aumento de la escala salarial no fue elevada a la Junta General de Accionistas para su opinión ni, tampoco, fue comunicada como un hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Los profesionales de una empresa pública deben tener sueldos semejantes a los de las empresas privadas por una razón simple: a igual trabajo, igual salario. Si los sueldos que se pagan en Petroperú son bajos, sus profesionales migrarán a otras empresas, privando a la estatal de profesionales de alto nivel. Esto fue lo que sucedió –en la administración pública, más no en Petroperú- en el 2006 cuando el ex Presidente Alan García decidió unilateral y “populistamente” poner un tope de S/. 15,600 al Presidente de la República, agregando que nadie podría ganar un sueldo superior.

Dicho esto, las decisiones de aumento de la escala salarial deben enmarcarse dentro de los planes estratégicos de mediano y largo plazo de la empresa y, sobre todo, deben ser transparentes, como lo manda el código de Buen Gobierno Corporativo.

Con respecto a lo primero, la empresa ciertamente ha avanzado, y mucho. Ahora existen dos proyectos de la más alta importancia que permiten afirmar que están dadas las condiciones para su crecimiento y aumento de la rentabilidad en el mediano y largo plazo: la modernización de la Refinería de Talara y la explotación de petróleo del Lote 64. Estos dos proyectos –que vieron la luz bajo la gestión del Directorio que tuve el honor de presidir-  son rentables y pueden ser efectuados por la empresa.

A condición, claro está, que la Junta General de Accionistas, integrada por el MEF y el MINEM apoye la modernización y fortalecimiento de la empresa. No es esto lo que sucede, sin embargo, y puede apreciarse en las sucesivas postergaciones de la firma del contrato para empezar la Refinería de Talara por parte del MEF y, también, por la dación de la Ley 30130 de diciembre del 2013, que, en su Art. 6 pone una serie de trabas para la explotación del Lote 64. No solo eso. Es conocido que las principales decisiones no eran tomadas por el Directorio de la empresa sino por el ministro de Energía y Minas. Se había retornado, así, a la influencia política en las decisiones de la empresa.

Es por eso que tiene gran importancia el Buen Gobierno Corporativo, es decir, el conjunto de reglas para que pueda darse una gestión eficiente e independiente de la empresa. Este BGC, que ya ha comenzado a implementarse en Petroperú, debiera incluir tres elementos clave.

Primero, la elección del Presidente de Petroperú y de sus directores, por la JGA, a partir de una terna de profesionales con amplia experiencia en el ramo.

Segundo, que exista un Comité de Fiscalización con la participación de los inversionistas minoritarios (que deberían poseer hasta el 20% de acciones de la empresa, y no el 49% que establece la Ley 30130) como lo tiene Petrobras (tiene amplio mandato para fiscalizar los actos de los administradores y verificar el cumplimiento de sus deberes legales y reglamentarios; también opina sobre los planes de inversión y los presupuestos de capital, la distribución de dividendos y la fusión o división de la empresa).

Tercero, los miembros del Directorio solo deben ser removidos por falta grave y no como lo manda la Ley de Presupuesto del 2013, que dice que pueden ser cambiados cuando lo quiera la JGA. Dicho de otra manera: cuando lo quiera el poder político.

Dicho esto, es evidente que la decisión del aumento de la escala salarial va a tratar de ser aprovechada por los detractores de Petroperú para impedir su fortalecimiento y modernización. Por eso, hay que afirmar claramente que Petroperú necesita una reingeniería y una reorganización. Y que este es el momento de hacerlo, pues ya tiene bien claro su rumbo –y su rentabilidad- para el mediano y largo plazo.

A esta empresa se le ha mantenido en el corredor de la muerte de la privatización durante años a propósito. Y algunos de los problemas que arrastra son la crónica de esa muerte anunciada. Sin embargo, la empresa no solo sobrevivió sino que ha podido elaborar proyectos de talla mundial que no han recibido crítica alguna de “sobrevalorización” ni de “mal manejo técnico”, como ocurre, lamentablemente en otros sectores de la administración pública. La decisión, ahora revocada, del aumento de sueldos en Petroperú, no puede empañar estos logros.

Para finalizar, queda claro también que el actual Ministro de Energía y Minas, Ing. Eleodoro Mayorga, ha manifestado su apoyo a los planes de fortalecimiento de Petroperú, incluyendo a Talara y el Lote 64. También queremos que estos objetivos se viabilicen. Por eso se debe apoyar la Iniciativa Legislativa presentada por el Sindicato de Trabajadores de Petroperú para derogar los Art. 3 (que eleva del 20 al 49% las acciones a ser vendidas en la BVL) y el Art. 6 (que pone cortapisas a la inversión de Petroperú en el Lote 64), lo que se logrará con la recolección de 65,000 firmas.

Apoyar a Petroperú significa apoyar esta campaña, para evitar que el Ministro Castilla siga demorando la modernización de Talara y el fortalecimiento de Petroperú. Esta política de fortalecimiento la siguen todos –repetimos, todos- los países de la Región. Y significa, también, que se debe cuidar mucho a Petroperú porque es una empresa de todos los peruanos. Tratemos de hacerlo lo mejor posible.

*Ex Presidente de Petroperú