Este setiembre de 2013 se cumplen 40 años del sacrificio de Salvador Allende así como de uno de los golpes de Estado más criminales que la historia recuerde.

No es casualidad que en el Perú, a diferencia de otros países de la región, este aniversario haya pasado casi desapercibido. La razón está en el legado de Allende para nosotros, que la derecha quiere ocultar u olvidar y que la izquierda debería poner en el centro de sus reflexiones.

¿Qué lección nos deja Allende cuatro décadas después de su sacrificio?  Sin lugar a dudas su comprensión de la democracia. Para Allende la democracia  no solo era un régimen político en el que se gobierna sobre la base del ejercicio de la voluntad popular a través de la elección periódica de representantes, sino también un mecanismo para satisfacer las demandas económicas y sociales de la población por la vía de la participación ciudadana. Por ello consideró que basándose en la tradición democrático representativa de Chile podría iniciar un proceso de transformaciones que llevara a un sistema más justo, igualitario y finalmente más democrático. La correlación nacional e internacional de fuerzas ­–se vivían las postrimerías de la Guerra Fría–no le permitió lograr su cometido, pero el esfuerzo quedó para la posteridad.

Lo que ha sucedido después en América Latina, el intento de conciliar democracia representativa con neoliberalismo -léase desigualdad e injusticia– es lo que en el conjunto del continente, incluso Chile, no ha funcionado. Por ello, en los últimos quince años por lo menos en una docena de países, incluidos varios de los más grandes de la región, hay intentos de construir una democracia no solo representativa sino también social. La experiencia ha demostrado que una democracia sin derechos sociales es imposible de consolidar, porque los que votan por sus gobernantes quieren soluciones para su bienestar y si no se las dan se movilizan para conseguirlas. Si los gobernantes reprimen estas movilizaciones a la larga, gobernantes y gobernados, terminan desconfiando de la democracia y cayendo en regímenes inestables y/o en diversos tipos de salidas autoritarias. En el propio Chile, donde los ideólogos neoliberales parecían encontrar su paraíso, tenemos hoy a la gente en la calle reclamando lo que Allende y el gobierno de la Unidad Popular buscaron llevar adelante y que 17 años de dictadura pretendió erradicar y 23 de democracia no supo devolver.

La oposición a la democracia con justicia social no es ingenua, tiene su origen en la defensa de intereses sociales y políticos que ven en esta democracia una amenaza. Fue la oposición de las oligarquías contra los emergentes movimientos y regímenes nacionales populares a mediados del siglo XX y es la oposición hoy de la gran burguesía afincada nuevamente en el negocio primario exportador, en todos los casos con respaldos internacionales importantes que toman ventaja de la desunión de nuestra América. El ejemplo de Allende se encuentra entonces vigente. Su legado nos señala por lo que debemos luchar: la democracia con justicia social, como única salida a los problemas del continente.

Hoy, lo único que podríamos agregar es que esa democracia con justicia social además de la necesaria dimensión nacional, tiene también una dimensión regional, que encuentra su realización en el proceso de integración continental. La integración por ello, en la UNASUR y en CELAC, es fundamental para la consolidación de la democracia en cada país y en América Latina.