Si algo ha marcado la política energética de este gobierno han sido sus marchas y contramarchas. Pareciera que el futuro de Petroperú no escapará a esta constante gubernamental y más bien seguirá los pasaos del hasta tres veces frustrado proyecto de gasoducto del sur, del cual hasta ahora casi nada se ha avanzando.

El último 31 de julio a través de una resolución ministerial de Energía y Minas se aprobaron los “objetivos anuales y quinquenales (2013-2017)” de la empresa petrolera. Al cabo de 72 horas el documento fue retirado de la web y paso a una revisión o para estar a tono con los tiempos a una “unificación de criterios”. Según diversos medios periodísticos fueron presiones provenientes del todopoderoso Ministerio de Economía y de su aún más poderoso ministro, Miguel Castilla, quienes habrían objetado el plan de la petrolera y presionado por su retiro.

Más allá de objeciones razonables que puedan realizarse al mencionado plan es preocupante la falta de claridad que tiene el gobierno respecto a la empresa más grande del país. Como han señalado tanto el ex ministro de energía Carlos Herrera, como el ex Presidente de Petroperú Humberto Campodónico, los “vaivenes” e “incoherencias” a los que se está sometiendo a Petroperú son preocupantes. Más aún si se toma en cuenta que desde el año 2001 existe un consenso acerca de la necesidad de modernización de la empresa y que desde hace dos años se debió comenzar el proceso de modernización de Talara con el objetivo de finalizar esta en el 2015 y enfrentar exitosamente las nuevas regulaciones ambientales.

Entre los principales objetivos planteados en el desaparecido documento se planteaba el fortalecimiento de la presencia de Petroperú en la producción de petróleo a través de la recuperación de los lotes ubicados en la zona noreste, así como en la selva peruana. Se debe recordar que el periodo de concesión de estos lotes está por vencer en los próximos dos años y que ante este escenario funcionarios del propio gobierno han planteado la participación de la empresa pública en su futura explotación. Es en este sentido que el plan de Petroperú contemplaba la recuperación de estos lotes para la empresa y su explotación directa o de manera asociada.

Otro de los puntos importantes de dicho plan era la ampliación de la red de estaciones de servicio de Petroperú y adquirir 11 hasta el 2017. Se debe recordar que la empresa pública no cuenta con una red propia de grifos, siendo el comercio minorista una parte muy rentable del negocio de combustibles.

Asimismo el plan contempla la modernización de la refinería de Talara, así como el resto de las que posee la empresa pública. La modernización no sólo permitirá aumentar en 50% la capacidad de refinación de dicha refinería, sino que le permitirá cumplir los estándares ambientales que entraran en vigor en el 2015.  Con el recientemente recuperado lote 64 cuyo valor se estima en 5 mil millones de dólares, junto a los recursos que los otros lotes petroleros generen luego de su reversión al Estado, se podrán apalancar los recursos necesarios para la modernización de Talara. Cabe recordar que fue el propio presidente Humala quien anunció durante su mensaje por 28 de julio el inicio de los trabajos de modernización de esta importante refinería. ¿Cómo puede ser entonces que la máxima autoridad del país sea desmentida 6 días después de tan importante anuncio?

Llama la atención también como algunos sectores de la derecha nacional se oponen rotundamente a la modernización de Petroperú, bajo manidos argumentos como la existencia de tareas más urgentes para el Estado o la supuesta inmoralidad de estas medidas. Sin embargo, estos mismos sectores apoyan decididamente el pago de los bonos de la reforma agraria cuyos montos algunos colocan alrededor de los 4500 millones de dólares. ¿Es lo de Petroperú una inmoralidad y el pago de los bonos un acto de justicia?

La derogación de los “Objetivos anuales y quinquenales (2013-2017)” de Petroperú no solo pone de manifiesto la poca claridad del gobierno y del presidente Humala respecto a su política energética; sino que revela también el poder de aquellos sectores que quieren seguir haciendo grandes ganancias a costa de la empresa de todos los peruanos e incluso de quienes quieren terminar una de las “reformas incompletas”, la de la desaparición de la empresa pública más importante del país. El diletante comportamiento presidencial no es más que una invitación a terminar con Petroperú.