Según información del diario El Comercio (04/06), el Ministerio de Agricultura (MINAG) habría suspendido 480 procesos de sanción iniciados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) contra empresarios agrícolas, agricultores y usuarios del valle de Ica, debido a la perforación de pozos de agua sin autorización ni licencia. Esta suspensión fue realizada por el jefe del gabinete de asesores del MINAG, argumentando una decisión política del propio ministro del sector.

Desde la Autoridad del Agua en Ica, el argumento esgrimido para tomar estas acciones de sanción se sustentó en la negativa de los usuarios afectados de realizar una adecuación a las normas de protección y uso adecuado del acuífero, en un territorio donde justamente el gran problema es la disminución creciente del recurso hídrico, que está deviniendo en una situación de sequía.

Este hecho particular, que requiere aclaración de parte de las autoridades competentes, lleva a plantear dos grandes problemas.

El primero es el de la fragilidad institucional competente, en este caso de la Autoridad del Agua, cuyas decisiones -que debieran poseer cierto grado de autonomía-, sustentadas en normas técnicas, son sobrepasadas por decisiones políticas que, en el escenario actual, podría llevar a suponer que se trata de mantener la coherencia con las otras medidas del gobierno de evitar todo aquello que pueda “ahuyentar la inversión privada”.

El segundo problema, más complejo y que merece mayor atención, es que Ica vive una creciente sequía originada por la ausencia de políticas agrarias que determinen sistemas de producción más apropiados para la sostenibilidad de estos ecosistemas de costa desértica. Hay diversas percepciones y enfoques sobre la escasez. Los agroexportadores afirman que el problema es el mal manejo de aguas superficiales por los pequeños productores. Para éstos, la responsabilidad es de los agroexportadores por la excesiva extracción de agua en sus cultivos que no permite que el acuífero se cargue, como ocurría antes. Para las entidades públicas se trata de una mala gestión en general. Los datos señalan que Ica se abastece para fines agrícolas de un 50% de agua superficial y otro 50% de agua de pozo, utilizada mayormente para espárragos (39%) y algodón (22%), tomate (5%) y uva (4%). El pallar, producto nativo alimenticio, sólo usa el 1% del agua. El espárrago para exportación utiliza el mayor porcentaje del agua.

Lo que es evidente es que en Ica -como en todo el país- no se ha logrado construir un plan de ordenamiento territorial que oriente la gestión de las actividades agrícolas mediante sistemas productivos y tecnológicos más sostenibles considerando las limitaciones de recurso hídrico, en el marco de políticas agrarias que hagan compatibles los intereses de los sectores agroexportadores con el abastecimiento del mercado interno y la seguridad alimentaria nacional y local.

Cabe resaltar que la concentración del uso del agua subterránea va acompañada de una concentración de tierras, que favorece intereses agroexportadores y deja en desventaja a los pequeños agricultores que conforman la mayoría de usuarios. Igualmente, el manejo de pozos como la instalación de riego tecnificado tienen costos elevados solo cubiertos por grandes inversiones, lo cual deviene también en relaciones de poder bastante inequitativas.

En ese marco se debe decidir sobre diversos temas críticos como el bajísimo costo marginal del agua, la ausencia de un inventario real de los pozos de agua -incluida la existencia de numerosos pozos clandestinos, que llegaría al 80% del total-, las instancias de control de esos pozos, las tarifas sobre la extracción y consumo de agua, entre otros.

La actual crisis hídrica en Ica podría ser una oportunidad para la reconversión de sistemas productivos hacia propuestas compatibles con las estrategias nacionales de seguridad alimentaria, y hacia mecanismos de gestión y una reorientación institucional, en el entendido del agua como un bien público. El mercado por sí mismo no ha resuelto los problemas hídricos.

La creación de una Autoridad de Cuenca establecida por ley puede ser el escenario para que los diversos actores debatan estos temas, como parte de una agenda concertada más amplia, que incorpore el agua –cuya escasez para uso agrícola y urbano se avizora- como un elemento fundamental no sólo para el crecimiento económico sino, sobre todo, para la sostenibilidad del país y el bienestar general. Se requiere una gestión pública del recurso hídrico con autoridad, capacidad, eficiencia, probidad y que garantice los derechos de todos los usuarios. Nada de lo antes dicho se opone a la inversión privada, simplemente la ordena y la hace compatible con los intereses nacionales. Haría bien el gobierno en seguir este camino.