Crisis del sector encargado de implementar la ley   

La renuncia del Viceministro Iván Lanegra al Viceministerio de Interculturalidad el viernes último, estuvo precedida de la salida de Gustavo Zambrano de la jefatura de INDEPA, el primero de enero de este año. Se pone en evidencia  la segunda crisis del sector, encargado de la reglamentación e implementación de la ley, en 18 meses.

Iván Lanegra no ha podido mantener la docilidad y el precario equilibrio ante la presión de las grandes corporaciones extractivistas que, han logrado incluso, que el propio Ollanta Humala declare que las comunidades campesinas no son indígenas, lo que es un despropósito  jurídico y un grave error político. Este hecho y el pedido de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas constituyen un serio cuestionamiento al actual gobierno y evidencian el fracaso de la Ley Consulta Previa.

Las organizaciones indígenas afirman que la Ley de Consulta Previa y el actual proyecto de reglamento se apartan del espíritu del Convenio 169 de la OIT, vulnera sus derechos y favorece el extractivismo, que es actualmente la mayor amenaza de la seguridad de sus comunidades y del medio ambiente.

Reseña de la consulta previa y su tratamiento por el estado peruano

El 27 de junio de 1989 la Organización Internacional del Trabajo-OIT- adopta el convenio 169 que constituye un instrumento de primer orden para proteger los derechos de los pueblos indígenas.   El Perú es signatario del Convenio desde 1994.

En agosto del 2011, El Congreso Nacional aprueba por unanimidad, la Ley 29785, de Consulta Previa. Una semana después es promulgada en Imasa, Bagua, con una excepcional carga simbólica, pues esta zona fue el escenario de los hechos sangrientos acaecidos el año 2009 (el baguazo).

La amplia expectativa del país y, en particular, de los pueblos indígenas, termina cuando el presidente Humala anuncia, en noviembre del mismo año, que Conga va, ¡si o si!,  haciéndose patente la continuidad neoliberal con la salida del gabinete Lerner un mes después.

Las dos trabas para la consulta previa y los derechos indígenas

Primera, el Estado unicultural y excluyente. El Estado vigente ha sido diseñado y construido para representar los intereses de la etnia criolla hispano hablante, desde su instante fundacional en 1821, y  no ha variado sustantivamente hasta la actualidad. De ahí que todas las políticas públicas y las acciones administrativas se elaboran y ejecutan desde el idioma castellano; las autoridades y funcionarios se desempeñan oficialmente solo en castellano. Los otros  pueblos y etnias están excluidos del Estado unicultural. Este es el hecho histórico y estructural que atraviesa todos los  niveles del estado.

La segunda, tiene que ver con la opción de modelo económico neoliberal adoptado desde Fujimori, que tiene en el extractivismo su principal fuente de acumulación. Este modelo implica, dada la ausencia de responsabilidad ambiental y social y la conducta servil del Estado, consecuencias depredadoras sobre el medio ambiente, y miseria y atraso en las zonas en que se realiza la explotación.

Ambos factores, se dan la mano para dificultar la aplicación de la Ley de Consulta Previa. Uno, porque desde una cultura criolla hegemónica se ha excluido e invisibilizado la presencia de los pueblos indígenas. Se continúa considerando los espacios amazónicos como deshabitados, por eso los concesionan indiscriminadamente. De otro lado, la política extractivista, vigente los últimos 23 años, asume que cualquier dispositivo para proteger los derechos indígenas o ambientales es una amenaza directa contra los proyectos de explotación minera y energética, pues éstos  se encuentran localizados en territorios habitados por pueblos indígenas del ande o la amazonía. De ahí, la directa imbricación entre protección de los derechos indígenas y ambientales.

Un escenario con estas características difícilmente puede permitir la vigencia efectiva de instrumentos legales favorables a los pueblos indígenas.

Las frustrantes experiencias de INDEPA, del Vice Ministerio de Interculturalidad y la no implementación de la Ley de Consulta Previa, son las expresiones más evidentes de la inviabilidad de que el estado actual pueda implementar políticas interculturales.

El pedido de las organizaciones indígenas, en abril último, de creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas es el corolario de este fracaso.

(*)sociólogo, ex Viceministro de Interculturalidad