Es preocupante la situación del agua potable y alcantarillado en Lima: todavía 11,5 por ciento de la población de Lima y Callao no tiene conexión de agua potable y 20 por ciento no tiene desagüe.

La contaminación de fuentes de agua por empresas mineras y petroleras es grave en varios ríos del Perú, incluyendo el Rímac. Son indicadores realmente vergonzosos que están a la cola de las capitales latinoamericanas.

El Programa Agua para Todos tan publicitado por Alan García fue desastroso y corrupto. El congresista aprista Julio Herrera, que había sido trabajador de SEDAPAL, utilizaba el seguro de salud y los carros de la empresa pública en su propio provecho, habiendo además audios donde se muestra que arreglaba licitaciones. Quienes pagan los platos rotos, por supuesto, son los pobladores más humildes a quienes las redes de agua potable no llegan.

El derecho al agua no es realidad en el Perú. Ollanta Humala anunció el 28 de julio pasado una reforma constitucional por el derecho al agua que no se ha concretado.

Pero la alternativa de privatizar las empresas de agua no ha dado mejores resultados. El Perú ya tiene experiencia: la empresa privada Aguas de Tumbes administra el agua potable en ese departamento desde el 2005, hace ya 7 años.  Es bastante tiempo como para ver los resultados, y  la información de la SUNASS – la Superintendencia de Agua y Saneamiento - indica que Tumbes tiene la segunda cobertura de acceso al agua más baja de todo el Perú.

La empresa privatizada de agua de Tumbes ha cumplido solamente el 42% de las metas comprometidas. Por ejemplo, se  comprometió a hacer 135 piletas en 5 años y solo hizo 8. Se comprometió a dar agua 23,5 horas al día y no llega ni a 16. Debió instalar 9,967 conexiones de alcantarillado y solo puso el 6% de esa cantidad.

Recientemente, en otros ámbitos de empresas de servicios públicos concesionadas, hemos visto negociaciones poco transparentes. Es el caso del Aeropuerto de Lima – a quien en una sexta (¡) renegociación del contrato le está permitiendo cobrar TUUA a los pasajeros en tránsito lo que elevará sus ingresos en más de 100 millones de dólares anuales.

Pensar que todo se resuelve simplemente privatizando todas las empresas públicas por razones ideológicas no se condice con los aprendizajes que la historia nos brinda. Tener un estado eficiente, ajeno a la corrupción y que ponga por delante derechos básicos como el derecho al agua es fundamental. Para eso queremos un SEDAPAL transparente y gerencial.