La actual legislatura del Congreso de la República no ha traído nada bueno para la igualdad.

Primero fue el archivamiento del Proyecto de Ley de Alternancia, que hubiese terminado con la sacada de vuelta, que hacen todos los partidos políticos a la Ley de Cuotas; ahora con la inminente aprobación del Proyecto del Código del Niño y del Adolescente en la Comisión de la Mujer, contraria a los derechos humanos de las mujeres y a las urgencias de la salud pública, particularmente de la mortalidad materna.

Esta Comisión,  muy influenciada por el “anillo católico-evangélico” del Congreso, que atraviesa a la mayor parte de organizaciones políticas, ha decidido proveer derechos especiales y privilegiados al feto, superando todos los mandatos legales internacionales y las evidencias e informes presentados por La Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, las agencias de Naciones Unidas, Colegio Médico y organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres. De aprobarse, las consecuencias absurdas solo lo asumirán las mujeres pobres y sus familias.

Si la propuesta prospera, el Perú se incluirá en la lista minoritaria de países de América Latina que prohíben absolutamente el aborto. Así, cerrará cualquier debate respecto a la ampliación de causales de aborto no punible, explicitando la negativa del derecho a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres y ahondando la discriminación, aún a costa de su propia vida, dado que solo son las mujeres las que se embarazan.

Para quienes promueven este extremo, la vida, la salud de las mujeres y sus planes de vida, poco les importa y están dispuestos a generar cargas desmedidas sobre sus hombros. Ignoran asimismo, al 70% de la opinión pública peruana que señala estar de acuerdo con el aborto cuando el embarazo pone en peligro la salud y la vida de la mujer.

Declarar la protección especial del concebido, tal como se propone en este proyecto, también sugiere que el huevo fertilizado, el embrión y el feto, se encuentran en un estado de amenaza y coloca a las mujeres como sospechosas a las que hay que mantener a raya. Esta visión tan perversa ignora que el desarrollo del embarazo es interdependiente de la mujer, hasta que el feto alcance viabilidad, pero a su vez, también desconoce que cada vez, hay más mujeres que tienen embarazos apreciados y cuidados, porque son planificados y eso hace que las mujeres sean las principales interesadas en los cuidados de un buen control prenatal y una atención del parto de calidad.

Es por ello que resulta irónico que los promotores de este absurdo argumenten su posición en la “defensa de la vida”, cuando es todo lo contrario. Son ellos los que se oponen a los anticonceptivos que podría reducir al menos el 30% de abortos, son ellos a quienes no les inmuta la muerte perinatal, que llena las morgues de los hospitales de recién nacidos muertos y solo les preocupa la continuidad del embarazo, aunque este no tenga ninguna viabilidad o haga daño a la mujer. Tampoco les interesa la protección especial que deberían tener las gestantes, pues si ellas son saludables, sus hijos también lo serán.

Ojalá que en estos días, la sensatez tome su lugar y rompa con el “anillo católico-evangélico” que parece haber dominado la razón, Este no es un tema de mujeres, es un asunto de democracia, derechos humanos y de justicia, que esperamos que este Congreso no le siga dando la espalda.

* Ayer, la Comisión de la Mujer y la Familia aprobó este dictamen que constituye, además de un terrible retroceso, una vergüenza. Ahora será derivado al Pleno del Congreso.