A casi un año y medio de este gobierno, se podría decir que  los buenos propósitos en materia de descentralización, expresados por el presidente Humala el 28 de julio de 2011, han sido dejados de lado. Inauguró su gestión diciendo que las características de su gobierno se resumen en: reforma, democracia, libertades, inclusión, redistribución, crecimiento, paz con justicia, seguridad, descentralización, transparencia, soberanía y concertación. Precisó que reconocería formalmente a la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales y que establecería un mecanismo de coordinación con los mismos. Para los involucrados de manera directa en la descentralización, esta Reforma no tiene un rumbo claro desde hace más de un año. Hubo direccionalidad y sentido por hacer las cosas hasta diciembre de 2011 y, luego del cambio de gabinete ministerial, el proceso ingresó a un marasmo público que se ha profundizado.

Con el primer gabinete del gobierno de Humala las políticas para la conducción de la descentralización estaban definidas como en este párrafo del discurso de Salomón Lerner en el Congreso de la República, en agosto de 2011: “La descentralización es una política de Estado que fortalece la unidad de la nación al democratizar el poder y potenciar los diversos territorios y sus ámbitos locales y regionales dinamizando los seis grandes espacios territoriales que se configuran en el país. El macro norte, el amazónico, el macro sur, el centro sur, el centro andino y el de Lima y Callao”.

En esa línea se promovió la asociatividad de las Juntas de Coordinación Interregional, incluso la del departamento de Lima, y se avanzó en una propuesta necesaria: el Plan de Regionalización. Esas dos fueron las principales políticas emprendidas, aunque faltó prestarle mayor atención a la coordinación intergubernamental para garantizar la eficacia de la gestión pública descentralizada.

La experiencia española basa el éxito de su proceso de descentralización en la cooperación, la coordinación y la confianza, principios también incorporados en el diseño peruano, a nivel normativo, pero ante la debilidad institucional y la ausencia organizacional de coordinación, alcanzar a hacer realidad estos elementos sólo será posible con una conducción real del proceso de descentralización.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) precisa que una de las funciones del Presidente del Consejo de Ministros es: “Dirigir el proceso de descentralización del Poder Ejecutivo y supervisar sus avances en coordinación con los gobiernos regionales y locales…”. Esto quiere decir que existe un conductor de esta reforma, en lo formal, pero falta que esto se exprese en la realidad.

Sólo un ejemplo. El Decreto Supremo N°103-2011, promulgado el 31 de diciembre de 2011, confirma el estado de las transferencias regionales de los sectores, así como el embalse de estas transferencias a la Municipalidad de Lima, que ejerce funciones regionales según la Constitución por su condición de Régimen Especial. Lima, a la fecha, ha recibido el 9.7% de 180 funciones regionales que se le debe transferir. Habría que precisar que las funciones transferidas se produjeron sobre todo con el primer gabinete del presidente Humala, porque había la voluntad política que hoy en día no se ve. Asimismo, las transferencias a Lima se deben hacer a través de una Comisión Bipartita que se forma entre la PCM y la Municipalidad de Lima. Desde agosto del 2011, cuando hubo el cambio de gobierno, no se reconstituye esta Comisión que la preside la Secretaría de Descentralización.

Todas estas ausencias respecto de Lima Metropolitana, así como los temas pendientes de la agenda descentralista, como la adecuación de los sistemas administrativos a los niveles subnacionales como ordena la LOPE, evidencian que no existe conducción de esta reforma, y se le ha hecho creer al presidente de la República, que basta con realizar los Consejos de Ministros descentralizados o tener reuniones bilaterales con cada uno de los presidentes regionales o convocarlos únicamente en situaciones de emergencia, como el caso Conga.

Se está perdiendo la oportunidad de modernizar el Estado profundizando la descentralización y la gestión pública descentralizada.

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