La democracia republicana no puede ser compatible con el totalitarismo. La critica a la democracia y al Estado existentes en nuestro país -que se hace en el plan LGT-, descubre una crisis de efectividad o de legitimidad de esa democracia y de ese Estado; una distancia entre la «teoría y la praxis» que el neoliberalismo acentuó en las últimas décadas. Esta práctica de la impostura fue también la que finalmente provocó el derrumbe de los regímenes totalitarios que se reclamaban «gobierno de la clase obrera». Por lo tanto, la propuesta de una democracia republicana en el plan LGT, apunta no solo a la eliminación del control del gobierno y el Estado de nuestro país por los grupos de poder económico que el neoliberalismo reforzó, sino también a la transformación del Estado para hacerlo más democrático y republicano, es decir, sujeto al control ciudadano.

La crítica al Estado real o actual

En el plan LGT decimos que «la democracia es débil e incompleta porque esta acosada permanentemente por poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales, quienes a través de canales y mecanismos no institucionales ejercen niveles de incidencia pública y política, fijan las agendas políticas, organizan a la opinión publica y alcanzan niveles de participación privilegiada en la toma de decisiones y ejercicio de poder».

«Décadas de militarismo y de gobiernos civiles escasamente reformistas menoscabaron el desarrollo democrático del país y la consolidación de una sociedad igualitaria y de una cultura ciudadana como fundamento de una convivencia pacífica. Este ejercicio antidemocrático del poder impidió el desarrollo de ciudadanos, hombres y mujeres libres, y el surgimiento de un Estado democrático y nacional representativo». Este Estado «fue débil y represor internamente mientras era obsecuente con las potencias extranjeras. Por eso el Perú sigue siendo hasta ahora una nación en formación. Concluir su construcción es la principal tarea de todos los peruanos».

El neoliberalismo ha hecho evidente la carencia de un Estado que represente e incluya a todos los peruanos. Además, su propuesta de reforma del Estado «se ha concentrado casi exclusivamente en los circuitos por los que discurren los intereses de las grandes empresas y de un reducido grupo de individuos que hoy maneja el país». Por esta razón, los poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, siguen en «una profunda crisis que se manifiesta no solo en una creciente pérdida de legitimidad sino también en un mayor desinterés por las condiciones de vida de los pueblos indígenas y nativos, de los más pobres y excluidos del país».

La concepción democrática y republicana del Estado

La solución, por lo tanto, no es menos Estado, como señala el neoliberalismo, sino un Estado que «debe dejar de ser propiedad de unos pocos y pasar a servir a todos los peruanos, debe dejar de estar al servicio de pequeños, aunque poderosos, grupos económicos» para promover el desarrollo del país. Minimizar el Estado es impedir la integración del país y perpetuar el carácter inacabado de la Nación.

El plan LGT propone, en consecuencia, instaurar un Estado con deberes públicos, para alcanzar la libertad, la justicia, la universalización de los derechos sociales, y posibilitar el control de las decisiones políticas por parte de los ciudadanos. En otras palabras, se construye Nación «con un Estado social de derecho, democrático, eficiente y descentralizado, que represente a todos los peruanos, que defienda nuestro patrimonio, promueva la integración cultural, proteja el ambiente y los recursos naturales; a la vez que fomente el desarrollo nacional y la integración latinoamericana».

Por lo tanto, la transformación del Estado incluye la reforma constitucional para evitar que se priorice los intereses privados por encima de los intereses públicos de la Nación. Esto tiene relación con la heteronomía introducida en el capítulo económico de la Constitución del año 1993. Pero, la citada reforma también debe incorporar los mecanismos que aseguren la descentralización de la administración gubernamental del Estado, la desconcentración del poder, la participación ciudadana en las decisiones políticas y la regulación de los mercados, para hacer posible la democracia republicana.

La transformación del Estado también incluye la nacionalización, es decir, poner al servicio del interés nacional los recursos naturales, en especial, los recursos energéticos. Este concepto de nacionalización y la propuesta de culminar la construcción de la Nación le daban significado, en el momento actual, al nacionalismo como alternativa democrática a la modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora. El nacionalismo, dice el plan, es «un programa político de cambio radical de un modelo neoliberal que acentúa la desigualdad social, depreda los recursos naturales, violenta la legalidad y la democracia, y no genera desarrollo. Pero, más específicamente, el «nacionalización» es una forma de impedir el control del Estado por el capital transnacional. Es una ruptura de la «heteronomía» ancestral que ha impedido a nuestro país desarrollarse autónomamente.

A modo de conclusión

Según el republicanismo, «un individuo es libre en la medida en que dispone de los recursos y los medios instrumentales necesarios para realizar o determinar sus propios planes de vida, su autorrealización personal»; de la misma manera, una Nación es libre si tiene los recursos para desarrollarse autónomamente.

(*) Economista Ph.D.- Profesor principal de la PUCP